Los  últimos atropellos del régimen ponen de manifiesto su creciente debilidad y nerviosismo. Es el recurso a la vieja táctica del derrotado, todavía con poder y recursos. Pero se equivocan quienes trazan esta estrategia y creen que aterrorizar a estas alturas va a doblegar a los venezolanos que creen en la democracia y someterlos, como los hermanos Castro y los Valdez al pueblo cubano por más de cincuenta años. 

La detención de Oswaldo Álvarez Paz, un dirigente político de conducta intachable, le convierte de la noche a la mañana, por la torpeza usual del régimen, en el político de la unidad. Además de un grave error político la detención de Álvarez Paz es una aberración jurídica, tan grave como lo han sido también la detención y el traslado a un tribunal, para una declaración, de Guillermo Zuloaga; y el despojo de su inmunidad, acordada expresamente por la Constitución de la República, al diputado Wilmer Azuaje. Las acusaciones y solicitudes de asambleistas del oficialismo parecen constituir pruebas irrefutables que fiscales y jueces aceptan, sin ninguna otra apreciación. 

Criminalizar la opinión es una barbaridad propia de los regímenes totalitarios. La criminalización de la opinión viola flagrantemente las normas internacionales relacionadas con la protección de los derechos humanos que obligan a todos los Estados, independientemente de que sean o no partes en los tratados de derechos humanos, por cuanto estas normas forman parte del derecho internacional general que tienen, además, el valor de normas imperativas de derecho internacional o del jus cogens, es decir, que los Estados no pueden violar. Esto no lo ignoran lo bolivarianos, asesorados por los cubanos que conocen las normas, los mecanismos y más sus violaciones. 

Simplemente desprecian las reglas y los procedimientos. 

La detención arbitraria de dirigentes políticos, por el "delito político" de disentir o rechazar las barbaridades del régimen, causa alarma en el mundo. El régimen bolivariano se alejó descaradamente, con el apoyo de los dictadores del mundo y la complacencia de los Lula, del espacio democrático. En Estados Unidos y en Europa las manifestaciones han sido claras. El anuncio de la visita de funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para América del Sur, para "conversar" con el régimen sobre el respeto de los derechos humanos, es un síntoma claro del nivel y el alcance de esa preocupación. Pero nada de eso parece importarle, por ahora, a los arrogantes e ignorantes dirigentes bolivarianos. 

La persecución política, la violación de los derechos humanos, genera responsabilidades. El Estado tendrá que reparar en algún momento el daño físico y moral que se causa. Y no solamente el Estado deberá responder en su oportunidad por tales actos, sino los funcionarios que actuaron ignorando las normas o que no lo hicieron cuando tenían que hacerlo. Los defensores del pueblo han mantenido silencio, cuando han debido actuar de acuerdo con las obligaciones inherentes a su cargo, según la Constitución de la República. La defensora representa al régimen y no al pueblo. Ante las declaraciones de la alta dirigencia política del régimen y de animadores de televisión, contentivas de insultos, ofensas, agravios, la designada para defender nuestro derechos desaparece y se oculta en las políticas oficiales del régimen. 

El miedo se acabó. Los venezolanos no estamos dispuestos a permitir que se nos imponga un sistema político que desprecia los valores principales de la vida en libertad y en dignidad. 

Hacia las elecciones de setiembre vamos, con la seguridad de ser una inmensa mayoría, aunque con las dudas que generan las maniobras fraudulentas puestas en práctica desde hace tiempo por quienes deben garantizar un proceso transparente y honesto.

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El Nacional