En momentos en que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adelanta el V examen del Estado venezolano

en su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y cuando está por anunciarse un acuerdo electoral en el marco de la negociación formal facilitada por el Reino de Noruega, la celebración del proceso de primarias de organizaciones políticas democráticas venezolanas pone a prueba la disposición del gobierno en su obligación de acatar los estándares internacionales para el ejercicio de la participación política de los ciudadanos, establecidos en dicho tratado, así como, el derecho de la población venezolana a vivir en democracia.

El gobierno nacional ha venido obstaculizando sistemáticamente el proceso acordado por la Plataforma Unitaria para elegir al candidato que representará a fuerzas opositoras venezolanas en las elecciones presidenciales de 2024. Una primera maniobra lo constituyó la disolución arbitraria e inconstitucional   del Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrado en 2021, para un periodo de 7 años, acción que impactó la decisión de la Comisión de Primarias de rechazar el apoyo técnico del ente electoral.

Organizaciones de la sociedad civil han documentado agresiones y acciones de intimidación y violencia política en contra de candidatos/as, incluidas detenciones arbitrarias, así como, acciones de censura y desinformación, tanto en los medios tradicionales como en los digitales. Diversas organizaciones también han denunciado incluso el bloqueo selectivo de las plataformas digitales creadas por la Comisión de Primarias para facilitar la participación de la ciudadanía en los comicios.

A estas acciones se han sumado amenazas de “investigación” a miembros de la Comisión de Primaria por “malas gestiones”, lo que ha llevado a la renuncia de varios voluntarios en diversos estados del interior del país, hecho que podría afectar la logística y ejecución de las Primarias.

Las acciones de intimidación, persecución y criminalización se producen junto a una práctica recurrente del gobierno venezolano de inhabilitación de dirigentes políticos opositores o disidentes por vías administrativas a quienes identifica como una amenaza para su continuidad en el poder. La inhabilitación de algunos de los principales candidatos/as que participan en las Primarias por parte de la Contraloría General de la República constituye un cercenamiento inaceptable del derecho de las personas a postularse y ser elegidas. La inhabilitación de candidatos/as opositores o disidentes ha sido reiteradamente denunciada por instancias del sistema interamericano y del sistema de las Naciones Unidas y por organismos internacionales, como la Unión Europea.

La elección del candidato/a en las Primarias constituye un factor clave para la integridad democrática de los procesos electorales para 2024 y 2025. En el actual contexto autoritario, donde cualquier consulta ciudadana se interpreta como una amenaza para el ejercicio de poder, las Primarias se han convertido en un proceso fundamental para garantizar el derecho a la participación y la asociación política de la ciudadanía, que marcará las pautas de la gobernabilidad en el país durante los próximos años.

En ese sentido, es absolutamente crítico que las elecciones Primarias se realicen en una atmósfera de convivencia democrática, respeto de los derechos de la ciudadanía a participar plenamente en los asuntos públicos del país y en un marco de libertad, cumplimiento del Estado de derecho y observancia de las condiciones y los resultados del proceso a celebrarse el próximo domingo 22 de octubre. Es por ello que las organizaciones abajo firmantes exhortan a los actores nacionales e internacionales a:

• Defender el derecho a la participación política de los venezolanos en la elección de las Primarias de fuerzas democráticas de oposición, así como el reconocimiento de los resultados como un ejercicio de consulta abierta y democrática a la ciudadanía.

• Exigir al Estado el cumplimiento de los pactos y estándares para la celebración de elecciones democráticas y vigilar y proteger el derecho de las personas que decidan participar en el proceso como expresión del ejercicio de los derechos políticos.

• Cumplir las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para realizar procesos electorales con garantías democráticas, que incluyen revertir y suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos/as de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna.


En Caracas a los 16  días del mes de octubre de 2023

• Acceso a la Justicia
• Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
• Civilis Derechos Humanos
• Laboratorio de Paz
• Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD)
• Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
• Voto Joven