Quien ejerce el poder tiene que asumir el costo de dar explicaciones por las decisiones que toma. Esa es la regla de oro fundamental de los sistemas democráticos y la que mejor avala las relaciones entre los pueblos.

“No hay hombre sobre la ley”

Parlamento Inglés, 1648

Ninguna corte tiene jurisdicción sobre un monarca. Esa fue la lacónica respuesta con la que Carlos I de Inglaterra respondió una y otra vez a la demanda de la Corte creada por el Parlamento para enjuiciarlo bajo los cargos de alta traición y “otros altos crímenes”. Tres veces pidieron al Rey que elevara una súplica de clemencia, y tres veces se negó, refrendando con eso su decapitación.

Hace 362 años una revolución derrocó la que hasta ese momento había sido una verdad irrefutable. El soberano sentía y proclamaba que su autoridad era unilateral, absoluta e irreversible porque provenía directamente de la voluntad de Dios, y solo ante su divino juicio tenía la obligación de responder. Para aplacar la ira divina el soberano tenía tiempo y recursos, y era costumbre que a su favor la iglesia terrenal concediera indulgencias y celebrase a perpetuidad misas por el eterno descanso de su alma.

Pero arribada la modernidad toda esa potestad de derecho divino comenzó a derrumbarse. A los soberanos les costó mucho más imponer su agenda política, social y religiosa a los parlamentos, a sus pares y al pueblo, quienes eran los que tenían que financiar las extravagancias bélicas y el boato con el que ellos debían vivir. Todos ellos exigían explicaciones y compensaciones, criticaban el despotismo y mantenían con mucha firmeza la necesidad de contar con un marco legal que permitiera a unos y otros saber cuáles eran sus atribuciones, y a todos acordar los fines del Estado. Había pasado el momento de la arbitrariedad regia y comenzaba a amanecer el Estado Racional – Legal, cuya lógica esencial residía precisamente en que todo ejercicio del poder debía ser consistente con una finalidad previamente acordada y suscrita en un pacto constitucional.

El Art. 6 de la Constitución Venezolana proclama que el gobierno venezolano es y será siempre responsable de intentar lograr los fines esenciales del Estado, enumerados en el Art. 3.  y explicados con detalle en el Título III. Es por eso que el desplante absolutista del presidente de la República no tiene ningún asidero legal y tampoco alguna legitimidad. Contrario a esta proclama tan destemplada, todo nuestro ordenamiento jurídico está sustentado en la exigencia inexcusable de responder personalmente por las consecuencias de todas las decisiones, acciones y omisiones realizadas en el ejercicio de un cargo. Y como bien lo sentenció el Parlamento Inglés, de esta exigencia no está exento nadie por más alta que sea su investidura y por más armada que pretenda ser su opción política e ideológica. Tampoco es cierto que el gobierno tenga el atributo de la soberanía que corresponde a la Nación. No la puede usurpar y mucho menos exhibirla como un escudo para eximirse de justificar cuan ética y apropiada ha sido su conducta política en relación con temas tan sensibles como el terrorismo, el tráfico ilegal, o el irrespeto de los derechos humanos.

Quien ejerce el poder tiene que asumir el costo de dar explicaciones por las decisiones que toma. Esa es la regla de oro fundamental de los sistemas democráticos y la que mejor avala las relaciones entre los pueblos. Cualquier otra conducta es anacrónica y peligrosa porque muy fácilmente se degrada en opresión y corrupción. Y la degradación no es sostenible. En una apología sobre San Agustín, pronunciada en 1736, el padre Neuville advertía que la decadencia del gobierno no necesita de la ayuda de Dios. “El cielo puede confiar a la tierra el ejercicio de su venganza. Arrastrado por la locura de la Nación, el Estado se precipitará en un abismo de anarquía, confusión, sopor, inactividad, declive y decrepitud.” Esos son los resultados del ejercicio imprudente del gobierno, que siempre tiene que ver con el talante del gobernante. Étienne François Choiseul, secretario de Estado de Luis XV escribió una semblanza de Luis XVI que vale la pena transcribir para entender cómo el juicio sobre los gobernantes pende de su integridad moral: “Si este príncipe continua siendo como es, es de temer que su imbecilidad y el ridículo y el desprecio que de ella se derivan conduzcan de forma natural a la decadencia de este imperio lo cual podría llevar a que la posteridad de Su Majestad se viera privada del trono”, cosa que ocurrió el 21 de septiembre de 1792. Es sólo cuestión de tiempo, pero el resultado siempre es el mismo. La historia no se repite, pero el hombre si insiste en incurrir en los mismos errores.

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