Suponemos que no hubo devaluación de la moneda venezolana, en todo el siglo XX, sin algún estremecimiento de la opinión pública.

Recordamos, por ejemplo, sus dos últimas décadas en las que nos hicimos expertos en política monetaria, como antes lo fuimos en hipismo, con el triunfo de Cañonero II y, así, sucesivamente. 

La bondad del debate político, libre y plural, está en la socialización de una inquietud y de un conocimiento específicos que requiere de la orientación de los especialistas, en todo lo que sea posible o, agreguemos, políticamente posible y hasta permisible.  Inevitable, las distintas corrientes en pugna, por entonces, empujaban sus planteamientos, permitiéndonos descubrir la existencia de la política cambiaria y asimilar expresiones tan ministeriales como  “crawling peg”, en cualquier tertulia cotidiana.

La experiencia actual es radicalmente distinta, bajo una siniestra censura que goza de la comprensión de un sector de la oposición vinculado a los tenedores de bonos. Ocurre que sus expertos, frecuentemente pontifican a favor de la llamada ley anti-bloqueo, publicitando medidas que tampoco se explican en esa suerte de aula popular que tiempo atrás ventilaba los asuntos (macro/micro) económicos, incluyendo los bursátiles.

Desmintiendo todo el aprendizaje que una lejana vez ostentamos, recientemente, por segunda o tercera vez, escuchamos una solución a nuestros problemas en la voz de un expendedor callejero de cigarrillos, como también sucedió con una activista comunal de superiores estudios formales. Toda una sentencia irrevocable y hasta irrefutable, afloró de la extrema ingenuidad de los opinantes que raras veces encuentran textos de orientación en sus aplicaciones telefónicas: “!Debemos emitir nuestros propios dólares!”.

Quedamos paralizados y mudos ante la sorpresiva exigencia, o – mejor – consternados. Y, aunque no hubo un pasado perfecto (o pluscuamperfecto), el presente se hace cada vez más difícil de conjugar bajo los rigores del régimen.