La reconciliación política y social se presenta como un requisito fundamental para la reconstrucción de un país roto y fragmentado, como el nuestro.

La reconciliación puede significar un reencuentro positivo de adversarios y, aún mucho más allá, puede ser el inicio de una paz corresponsable que signifique la rearticulación de la sociedad en su conjunto; bajo un paradigma de desarrollo que combine la acción del Estado, la función del mercado y el papel de las organizaciones sociales y comunitarias.

Venezuela a lo largo de su historia registra varias experiencias en materia de reconciliación; tanto de naturaleza política-institucional como por iniciativa ciudadana. Esas experiencias estuvieron destinadas a facilitar el acercamiento de las partes en conflicto. Ya en el año 1819, la Constitución de la Gran Colombia incluía a la Justicia de Paz como un medio alternativo para la resolución de conflictos menores; en 1820 -y en medio de la guerra de independencia-, Bolívar y Morillo firmaron en la ciudad de Trujillo, el Tratado de Regularización de la Guerra, que luego se constituiría en el principal antecedente del actual Derecho Internacional Humanitario. Otro gesto conciliatorio ocurrió en 1827, cuando el Congreso de la Gran Colombia aprobó la Ley Declarando un Olvido Perpetuo a los sucesos del año anterior (1826); dichos eventos estuvieron relacionados con la desobediencia del general José Antonio Páez al Congreso de Colombia. En el año 1830, ya como República de Venezuela, la Constitución rescató la Justicia de Paz Parroquial como un medio de conciliación. En 1863, se firma y se ratifica el Tratado de Coche que puso fin a la Guerra Federal, conflicto que deja tras de sí miles de muertos. El Tratado de Coche fue ratificado por los generales José Antonio Páez y Juan Crisóstomo Falcón.

En el siglo pasado también hubo importantes eventos de reconciliación política y social. El Pacto de Punto Fijo acordado por Rómulo Betancourt (AD), Jóvito Villalba (URD) y Rafael Caldera (COPEI) y firmado en 1958, fue uno de ellos. Dicho pacto político sentó las bases del sistema democrático en el país. En 1968 se implementó la Pacificación como una estrategia política que permitió la reincorporación a la vida política a aquellos sectores que habían optado por la lucha armada en el país. Un acto trascendente en el ámbito social ocurrió en el barrio caraqueño Catuche en el año 1990, cuando un grupo madres se constituyeron en asamblea y lograron imponer unas normas de convivencia que detuvieron la violencia entre la bandas armadas de esa comunidad. El reconocimiento de la Justicia de Paz en el marco de la Constitución de 1999 representó otro aspecto importante para el asentamiento de una cultura de paz y de reconciliación en Venezuela. 

También en nuestro siglo XXI hemos tenido algunos intentos de diálogo y reconciliación; aunque sin mucha fortuna. Durante 2003, y luego del golpe del año anterior se instaló una mesa de diálogo que reunía representantes del gobierno nacional, el empresariado, sindicatos, partidos políticos y sociedad civil; bajo la facilitación de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el transcurrir de estas dos últimas décadas varias organizaciones internacionales han intervenido durante este período en procesos de intercambio tendentes a lograr una reconciliación en el país; tales como: el Centro Carter, el PNUD, la Unión Europea. También y con el mismo propósito han intervenido otras naciones del propio hemisferio y del viejo continente. Sin embargo, y a diferencia de otros antecedentes históricos los resultados han sido de poca eficacia política.  

¿Puede entonces constituir la reconciliación una alternativa viable para rescatar la democracia, como modelo de vida frente a un gobierno autoritario? Al respecto hay que considerar que la reconciliación ni se compra ni se vende; sino que constituye una oportunidad que surge cuando las partes en conflicto comprenden que la paz es mucho más razonable y constructiva que mantener un conflicto que les va a generar más pérdidas que beneficios. Quizás en nuestro país factores en conflicto no se hayan convencido aún de ello. Además, la polarización social puede resultar beneficiosa para mantener el “status quo”. Así que, mientras la población siga dividida y ajena al ejercicio de sus derechos ciudadanos, los factores que detentan el poder salen favorecidos y mantienen sus privilegios.

Soy de aquellos que valoran como ideal el desarrollo de las sociedades basado en la participación libre y responsable de los distintos factores que la conforman  y, eso no está ocurriendo en Venezuela. La severa crisis político-institucional que atraviesa nuestra nación requiere de la articulación de esfuerzos de las organizaciones sociales y comunitarias y, también de los partidos políticos dedicados a reconstruir el tejido asociativo como medio de reconciliación en cada espacio y en cada rincón de Venezuela. 

Cientos de organizaciones sociales y comunitarias emprenden cada día acciones dirigidas a edificar lazos de reencuentro ciudadano en su entorno respectivo. Es cuestión de unir esfuerzos, de intercambiar experiencias, de consolidar espacios de cohesión y de avanzar sin temor hacia el futuro que merecemos todos, sin exclusión alguna.