Nicolás Maduro instó a que la tele-educación sea el epicentro de una política renovadora e innovadora en el campo de la educación,

utilizando todos los mecanismos disponibles.

Para alcanzar esta meta, encargó al ministro Ñáñez para que se amplíe el ancho de banda del internet para la disposición de los estudiantes, por lo que ha conversado con las compañías de telefonía privada como Movistar, Digitel y Movilnet.

La revolución en Internet se ve cuesta arriba si se miran las cifras más recientes reportadas por Conatel, las cuales revelan un uso de internet residencial de apenas 28 usuarios por cada 100 habitantes al cierre de 2019, y en caída constante desde el primer trimestre de 2018.

Aunque las inversiones aumentan en bolívares, lo cierto es que, en términos reales, la caída ha sido superior a 50%. Las compañías privadas del sector operan con rentabilidades muy bajas, debido a que las tarifas son controladas por el regulador y todos los servicios se ofrecen a costos fuertemente subsidiados.”

Lamentablemente por un lado va el discurso oficial y por el otro, muy distinto, sus actos y las políticas públicas.

“No existe almuerzo gratis”, constituye una frase y una máxima en economía. En materia de provisión de bienes y servicios deben utilizarse recursos, insumos, inversiones y factores productivos que resultan escasos y en consecuencia costosos, y su financiamiento debe provenir de alguna parte. Precios bajos y gratuidad no implica costos nulos, y esto explica otra máxima en economía: “el bien más caro es aquel que no se tiene”.

Ahora que la pandemia Covid-19 ha dejado manifiesto el bajo desarrollo, calidad, capacidad y penetración de la infraestructura para proveer servicios TICs en Venezuela, específicamente servicio de Internet, el Ejecutivo Nacional le “solicita” a los operadores mayores inversiones en Ancho de Banda. La pandemia no sólo ha exigido circunstancialmente soluciones que aceleran lo que ha sido una tendencia a nivel mundial, la digitalización; sino que ha constituido una especie de “experimento natural” por medio del cual la sociedad ha aprendido y entendido que numerosas actividades, trabajos y servicios pueden migrarse y desarrollarse perfecta y eficientemente en un mundo digital a distancia. Adicionalmente, muchas plataformas, incluso algunas que previo a la pandemia resultaban mayoritariamente desconocidas, dado el confinamiento, se les creó una situación a favor que les facilitó crear y obtener las masas críticas de miembros así como generar los efectos de red  que dichos modelos de negocio suelen requerir para posicionarse en sus mercados.

En los países desarrollados desde hace más de un lustro existe una verdadera preocupación por estudiar, analizar y diseñar un marco institucional y de políticas públicas que les permita incentivar y fomentar el despliegue de infraestructura y el desarrollo de servicios de Internet, así como servicios TICs. De hecho, la “obsesión”, como en el caso europeo no se circunscribe únicamente al desarrollo de redes de nueva generación (NGN) para facilitar la prestación de servicios de Internet así como otros servicios en convergencia, sino que se habla de una “Soberanía Digital” referida al enorme desarrollo de las plataformas, de los servicios de valor agregado y la acumulación de datos valiosos bajo protocolo IP.

La desconexión de los venezolanos de los servicios públicos y de red de toda naturaleza no es nueva. Las empresas, así como expertos han denunciado que dicha tragedia no responde únicamente a la depauperación de la demanda producto de políticas macroeconómicas erradas y distorsionantes, sino incluso producto de políticas públicas sectoriales y regulatorias erradas o ante la ausencia de políticas de fomento como las que se aplican en el resto del mundo.

Como de costumbre el Ejecutivo Nacional llega tarde y lo hace en el plano de lo discursivo. CONATEL ha impuesto un régimen de ralentización de los ajustes de tarifas por parte de operadores nacionales propietarios de infraestructura que compromete no sólo el despliegue de mayores y nuevas redes, sino la continuidad de los servicios hasta ahora prestados.

La corresponsabilidad tarifaria de los usuarios, un régimen de competencia en convergencia, así como un marco normativo que fomente el despliegue de NGN, su compartición y co-inversión -basados en criterios de “Acceso Abierto” u “Open Access”-, resultan principios e institutos jurídicos estándares o “commodities”, que complementados con una política de competencia técnica y activa pueden balancear incentivos ex ante y ex post en favor del funcionamiento eficiente del sector TICs.

El desarrollo del sector TICs presenta nuevos y enormes retos para los gobiernos verdaderamente preocupados por dar acceso a este universo de servicios a sus ciudadanos en favor de su calidad de vida. 

Por ejemplo, la transformación de la organización industrial en dicho sector ha supuesto un unbundling o una separación entre infraestructura y servicios en capas que pueden ser desarrolladas por distintos agentes económicos difiriendo del colapso en un mismo operador como lo suponía en el pasado. Esta nueva realidad complica crear y alinear perfectamente incentivos entre el despliegue de infraestructura y el desarrollo de servicios OTT (Over-The-Top) para referirnos puntualmente al Internet.

En Venezuela lo anterior resulta más que dramático cuando el regulador sectorial se politiza y la ralentización de los ajustes de las tarifas por los servicios prestados por los licenciatarios operadores constituye una política redistributiva y clientelar en detrimento de la eficiencia de dichos sectores y de los incentivos a desplegar nueva infraestructura. Lo verdaderamente lamentable e increíble es que muchos usuarios en Venezuela demandan y pagan a precios internacionales servicios OTT mientras a sus proveedores de infraestructura domésticos CONATEL le mantiene las tarifas congeladas o peor aún en disminución en términos reales.