De una mínima racionalidad (jurídica)
Escrito por Luis Barragán | @luisbarraganj   
Lunes, 14 de Septiembre de 2020 00:00

altDesde sus inicios, todos intuimos el papel que a la tal constituyente le asignaron  para el sostenimiento de un régimen que no haya

una fianza distinta a la delictiva. Y del triste papel de sus integrantes que, ahora, deben pugnar por un cupo en el pretendido parlamento que resulte de unos comicios no menos fraudulentos; sólo la estupidez ilustrada, dirá sorprender algunos reminiscentes del antiguo movimiento de renovación universitaria que hicieron de la burla y la descalificación personal el ethos de su militancia chavista. 

Huelga comentar la palpable  inutilidad del artefacto constituyente para darle el debido soporte a los angustiados elencos del poder, aunque valga reconocer que le concedió un espacio político a la dirigencia oficialista que lo reclamaba, por iluso que fuese. E,  igualmente, que a la postre consiguió neutralizar el significado y alcance de la inédita consulta popular del 16 de julio de 2020, reciente y torpemente tildada de simbólica por el encargado presidencial.

Las limitaciones  del oficio político y parlamentario, nos ha impedido indagar más en la literatura especializada,  respecto a un fenómeno que tensa el arco entre los poderes salvajes de una sociedad iliberal y las posibilidades  que ofrece una sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución. Empero, no hace falta recurrir a Luigi Ferrajoli o a Peter Häberle, autores de referencia personal por estos años, para constatar el extravío de la dictadura socialista que no logra siquiera explicarse a sí misma.

Por impráctica que sea la prolija y visible producción normativa de un régimen, por lo menos, reconozcámoslo, le confiere un mínimo de racionalidad para gestionarlo y suscitar adhesiones.  Incumplido el propósito original del artefacto en cuestión, aunque hubo voces que dijeron lista la carta constitucional alternativa, simulándose como un parlamento ordinario, ha dependido enteramente de las urgencias y arbitrariedades de los capitostes del poder que, a lo sumo, se inventaron un ceremonial más para un Estado vaciado de sentido y de los propios y necesarios símbolos que lo explican, confiscando - por añadidura - la sede legislativa.

El sistema político actual carece de la racionalidad jurídica indispensable aún para zanjar las contradicciones de las camarillas. Impuesto el hecho de fuerza entre sus interacciones. Un ejemplo, devaluado el partido Tupamaros como grupo de choque, a favor de un fenómeno genéricamente conocido como colectivos, sostenido por el erario público, oficialmente ha sido intervenida su directiva y corre la jefatura la suerte de un proceso judicial ordinario antes que la propiamente política, escarmentando a lo aliados del Polo Patriótico, ya una ilusión óptica.

Otro ejemplo, el fiscal usurpador amenaza con una cesación de los indultos concedidos bajo libertad condicionada, ignorando deliberadamente el significado y las consecuencias de sendas y elaboradas instituciones como el indulto y el sobreseimiento, expresa e inequívocamente establecidos en nuestra legislación. Luego, ni siquiera la tal constituyente pudo amainar la radical inseguridad jurídica que afecta a quienes fueron sus propios promotores y, menos, dar con una discursividad del poder que lo hiciera, además de potable, apto para retroalimentar un sistema de falacias que no tardan en facturarlo.

Los escasos seguidores del madurato, deseosos de alcanzar un beneficio adicional de supervivencia, debilitada la estructura clientelar, tratan de obviar la honda perplejidad que les suscita la pronta – eso se ha dicho, casi como una promesa electoral – desaparición o defunción de la tal constituyente que, por cierto, no facilitará tampoco acta alguna que la explique.  Sólo queda apelar al pensamiento mágico-religioso, según el canon, mientras las realidades seguirán asfixiándolos, como a todo el país, huérfanos de una explicación que demanda ante todo un poco de sentido común. 

 

 


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