Un "second best", ¿por ahora o siempre?
Escrito por Enrique González Porras   
Lunes, 14 de Septiembre de 2020 00:00

altLa situación venezolana es dramática, no caeremos en el lugar común de insistir en ello, las cifras son más que elocuentes.

Sin embargo, posiblemente por primera vez en mucho tiempo y cada vez con mayor frecuencia se publican análisis enfocados tanto en el corto como en el largo plazo, tanto en lo táctico como en lo estratégico, que revelan esfuerzos de honestidad por entendernos de dónde venimos, así como en favor de plantear alternativas, si bien no “ideales” (First Best), eventualmente posibles y/o preferibles a la tendencia de devastación sin pausa que atraviesa el país.

Los defensores de la estrategia que denominaran “fin de la usurpación…”, suelen argüir que dicha estrategia constituye un First Best de regreso a la democracia y fin del autoritarismo -según su entender o por la definición que estos hacen de dicha estrategia-, catalogándola como la única postura moralmente robusta. Sin embargo, sus proponentes no parecen representar jugadores estratégicos de fuerza suficiente, y los “aliados” externos que pudieran representar una amenaza creíble que cambie los “pagos” e incentivos en favor de destrabar la situación actual a la fecha han demostrado no ser creíbles (no sólo por su papel tremendamente errático en el discurso, lo que les puede haber generado una reputación de “bloferos” tempranamente, sino porque recientemente han declarado que ellos no constituyen dicho actor ni amenaza creíble pretendida). Aun cuando es cierto que justamente una amenaza efectivamente creíble no tiene por qué terminar presentándose u ocurriendo, tanto el tiempo ocurrido desde el inicio de la estrategia planteada y el apoyo internacional -concretamente por parte de USA-, así como la pérdida de credibilidad por el discurso errático y contradictorio de distintos representantes de USA, y la propia naturaleza de “inmediata” de lo que debería constituir una amenaza creíble, no se asoma evidencia en el terreno real en favor de dicha estrategia. 

Hay quienes podrían haber pensado que no se tendría que haber esperado hasta que llana y directamente representantes de USA, señalaran de absurdo un eventual papel de dicho país para resolver de facto nuestro drama.

Correlativamente con dicho reconocimiento, factores políticos asoman que deben valorarse alternativas distintas, siendo que la primera estrategia no parece depender del todo de nosotros y el eventual actor relevante ha dejado claro que no jugará en los términos que dicha estrategia supone. Así las cosas, dichas alternativas aparecen como un Second Best con asidero moral, en la medida que efectivamente puedan constituir un camino, por largo que resulte, que implique aminorar el sufrimiento de la sociedad venezolana.

En este tipo de discusiones resulta de valor -muy especialmente para el caso venezolano- poder diferenciar lo ideal y lo que uno desea de aquello verdaderamente factible. Lo anterior no tiene por qué suponer un conflicto moral insalvable si podemos identificar objetivos de largo plazo y los de corto plazo, si podemos identificar tácticas -llamémoslas coyunturales- así como las estrategias, y finalmente si podemos -ante el entorno país actual- identificar lo deseable y dentro de esto lo factible.

Eventualmente, enfrascarnos en una discusión sobre lo moral de una estrategia poco o nada probable, enmarcada en la descripción realizada anteriormente -que a estas alturas cuenta con argumentaciones un tanto rocambolescas y Ad Hoc por parte de alguno de sus defensores- puede ser fruto de un sesgo cognitivo de confirmación, que poco ayuda a resolver nuestros problemas.

Adicionalmente, un eventual costo de salida “infinito” no parece haber sido ponderado por los defensores de la primera estrategia, ni mucho menos que muchas acciones de sanciones y “amenazas” podrían por el contrario a lo esperado, entronizar a quienes han capturado el poder (cambiando los “pagos”, fortaleciendo los incentivos para sostener el poder y el estatus quo). Dicha falencia en el análisis puede explicar cómo algunos analistas sostienen que un país en crisis “no le sirve a nadie” y/o que la crisis económica e hiperinflacionaria constituiría elementos de ruptura que forzarían el cambio. Cuando menos ciertos analistas finalmente han dejado a un lado la tesis que la crisis económica y el sufrimiento de la sociedad son variables que inciden sobre quienes detentan el poder como para “cederlo”.

Como sociedad deberíamos poder identificar con claridad y sin reserva alguna, cuáles son los intereses y los representantes que defienden las distintas posturas y estrategias. En Venezuela algunos representantes de la sociedad civil y de gremios podrían estar más interesados en cambiar los personajes que detentan el poder que cambiar el modelo político y económico rentista (adicionalmente podría presentarse un sesgo del “costo hundido” por medio del cual dichos personajes pueden pensar que mucho han esperado su oportunidad de detentar el poder como para sacrificar dicha postura por otra, pudiendo explicar parcialmente el sostenimiento del estatus quo). En este sentido, dicho ejercicio de identificación podría coadyuvar a alcanzar un objetivo que trasciende la coyuntura y que puede subsanar el problema del dilema del prisionero al cual estamos siendo víctima como país; enumerar consensuar un mínimo de institutos jurídicos, instituciones y políticas públicas que satisfagan al criterio y paradigma paretiano como barrera en contra de algún cambio del estatus quo hacia una situación socialmente deseable (Ver el artículo: Enrique González: La Economía del Comportamiento como campo de Aplicación en las Políticas Públicas y Regulatorias). Por ejemplo, existe un margen de acciones públicas y de identificación de barreras legales y políticas que podrían ser levantadas y eliminadas que no ponen en riesgo posiciones estratégicas o de poder pero que sin embargo pueden facilitar las actividades económicas (aunque suene inocente lo anterior, efectivamente existen fallas en negociaciones que imposibilitan avanzar en acuerdos y soluciones aún cuando estás impliquen mejoras paretianas, fundamentalmente porque puede concebirse dicho juego como uno suma cero y no como uno cooperativo).

Profesionales y académicos de reputación han señalado la necesidad de erigir instituciones robustas para apuntar al First Best,advirtiendo que nuestro sistema democrático, así como el actual régimen autoritario -aunado a una eventual conducta oportunista en la oposición-, no permitirían conducirnos a dicha construcción. Sin embargo, dicha posición condena la posibilidad de cuando menos aliviar parcialmente un problema de recursividad que en poco ayuda a superar el estatus quo (sufrimiento creciente de la sociedad venezolana). El riesgo potencial de dicha recursividad implica no permitir asomar como complementarias una táctica que implique aliviar dolor y sufrimiento de la población en el corto plazo sin sacrificar el objetivo y la estrategia de largo plazo -un país moderno, competitivo basado en el imperio de la ley-. Parte de la posición anterior se fundamenta en asumir la existencia de cierta “pobreza” en el mercado político nacional y a la visión corporativista de algunos representantes de la sociedad civil -un problema de Agencia y de oportunismo por parte de dichos representantes- (no es que se niegue la validez de dichas tesis, sino de valorar alternativas teniendo por Benchmark la calidad de vida de los venezolanos, ante las probabilidades de los distintos eventos y la actualización que hacemos de estas a lo largo del tiempo con la información limitada a la que tenemos acceso)

En otro orden de ideas, académicos plantean que el nivel de deterioro nacional es tal, que se presenta un enorme problema de “tragedia de los anticomunes”, entendido como la ausencia de Estado de Derecho y la captura de parcelas de poder por parte de no sólo grupos de interés sino incluso delincuenciales.

Los elementos anteriormente mencionados complican el panorama, y pueden desalentar por hacer creer a algunos que por un lado la solución es de fuerza y exógena -ante la información disponible y el escenario actual- y con probabilidades ínfimas. Asimismo, puede asomar que resultaría preferible un autoritarismo totalitario o centralizado por parte del actual gobierno que un eventual problema de tragedia de los anticomunes y un estado de la naturaleza en el cual pululan numerosos grupos delincuenciales.

Por lo pronto, entendemos que el análisis e identificación de un mínimo de instituciones o políticas dentro del margen de lo posible son tareas que deben desarrollarse profusa y prolijamente -incluso independientemente de todo lo expuesto anteriormente-, las cuales deben trascender, sin excluirlas, a las visiones y posiciones corporativistas legítimas. Crear dichos espacios resulta responsabilidad de los líderes, y llenarlos de contenido propia de los técnicos, expertos y académicos.

 

 


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