Caso gasolineras: son los derechos de propiedad, no los dólares
Escrito por Enrique González Porras   
Miércoles, 01 de Julio de 2020 00:00

altPara realizar un análisis económico, un análisis estratégico o incluso para realizar un análisis económico del derecho o de las políticas públicas

no se requiere necesaria y exclusivamente ser un académico altamente entrenado en materia económica y específicamente en materia microeconómica.

Sin embargo, se requiere un poco de conocimiento respecto a ciertas herramientas y conceptos de análisis así como una forma de pensar lógica y coherente susceptible a contraste , que en resumidas cuentas exige aplicar el sentido común.

Se ha asegurado en titulares y en editoriales de medios de comunicación de alta penetración y difusión, secundado por eventuales expertos en la materia, que la toma por parte de PDVSA de las estaciones de expendio de combustible que se encontrarían en manos privadas tiene por único interés hacerse con las divisas que se cobrarían al vender al consumidor final dicho producto en dólares.

El hecho cierto es que entre  los eventuales motivos -probablemente puedan esgrimirse más de uno- “los dólares de la gasolina” no parece ser el objetivo principal, sino otro mucho más perverso.

¿Por qué aseguramos lo anterior? Lo primero que habría que considerar es el entorno a partir del cual se ha dado a conocer dicha “política” de toma de expendios privados de combustible.

Nos encontramos en un país donde se requiere importar combustible y/o aditivos -total o parcialmente- donde la refinación y producción de combustible se ha paralizado total o parcialmente, y donde una dolarización de la economía ya ha llegado a la comercialización final del combustible.

Sin embargo, lo anterior no resulta suficiente para asegurar que el motivo de la toma de los expandíos privados de combustibles en Venezuela se debe a “los dólares de la gasolina”.

¿Por qué lo decimos? Ante el escenario descrito anteriormente, incluso partiendo de la realidad actual que consistiría en un combustible dispensado de origen foráneo , siendo que se habría asomado la posibilidad de continuar bajo dicha modalidad -la cual implicaría que no se espera autosuficiencia en el corto o mediano plazo-, nos estamos refiriendo a la comercialización en dólares de un producto importado no a la generación de dólares por la exportación de productos.

En este sentido, independientemente si el importador es público o privado, de no generarse la reposición de dólares para adquirir nuevamente combustible de origen importado, por ejemplo producto de la toma del expendio aguas abajo para hacerse de ”los dólares de la gasolina”, los importadores anticiparían dicho hecho y ante la inexistencia de un mercado eficiente y estructurado de divisas, desaparecería la provisión de combustible.

Pero es que tampoco en el caso que el combustible sea de origen doméstico se requeriría tomar los expendios privados de combustible para tener acceso a las divisas generadas por su comercialización. Por un lado existiría la posibilidad de exportarlo (por más que exista déficit o insuficiencia en la producción respecto al consumo a los precios que hasta ahora han estado vigentes, esta posibilidad habría que nombrarla). Y por el otro lado, una vez la economía se ha venido dolarizando, específicamente la comercialización final del combustible, un simple contrato, o por la simple naturaleza del origen del combustible justificaría que a lo largo de la “cadena de valor” el medio de pago resulte ser la divisa americana.

En este sentido, como asomáramos en un artículo anterior referido al tema, siendo que existen y/o existían contratos entre PDVSA y los expendedores privados (o que podrían existir contratos entre los eventuales nuevos importadores de combustible de origen privado y los expendedores tradicionales) que hacían o harían de estos últimos concesionarios e incluso agencias de la estatal petrolera (o alternativamente de los importadores privados), siendo que la reposición de divisas resultaría condición sine qua non para continuar importando y comercializando combustible -ceteris paribus-, no hacía falta tomar la propiedad de los expendedores para cobrar en dólares o reponerlos para continuar con el negocio.

Más allá, supongamos que producto de una situación particular, hipotéticamente el Estado venezolano requiera acceso a divisas (teniendo dificultades de financiamiento externo), por un tema de interés público, por ejemplo importar vacunas ante una situación de emergencia sanitaria ante una pandemia, o para estructurar un mercado cambiario centralizado de pool más eficiente, a priori no podríamos negar un eventual y legítimo interés por parte del Estado en dichos temas. Pero es que este no es el caso siendo que se trata de una importación cuya continuidad requiere reposición y dado que los contratos conseguirían el mismo objetivo sin hacerse con la propiedad de los expendios.

En este orden de ideas, el objetivo parece ser hacerse con los activos, los terrenos, los puntos y/o espacios de venta y expendio, así como el fondo de comercio, sin justificación atribuible al tutelaje del interés económico general ni al interés público.

En una interesante entrevista que concediera el francés, Jean Tirole, una vez le fue concedido el premio Nobel de Economía del año 2014, asomaba que probablemente una de las políticas públicas más importantes que debía ser desarrollada por los Estados en el futuro era enseñar a los ciudadanos, a los estudiantes y a las personas a pensar. En una conversación académica que tuvimos el honor de sostener ayer lunes 29 de junio de 2020 con Thomas Ulen, profesor de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y coautor del archiconocido texto “Law and Economics”, nos  insistía en la importancia de un análisis simple sin abuso de la “technicality”, por medio del cual puede llegarse a conclusiones robustas. En ocasiones, sin mucha sofisticación, es posible llegar a una hipótesis única y/o plausible (o cuando menos bastante más probable que sus alternativas aun cuando ciertamente no unívoca), que tiende a explicar sin mayor controversia lo que la evidencia muestra. Valga decir que Venezuela muestra un lamentable y alarmante déficit de espacios, think tanks e iniciativas referidas al análisis económico de las políticas públicas y regulatorias.

Lo anteriormente expuesto en el presente artículo no es un tema para nada menor, ni mucho menos una curiosidad intelectual, porque podríamos estar comprobando, por medio del tema que nos ocupó, que en Venezuela no existe un Gobierno sino un grupo expoliador del ciudadano, de los derechos de propiedad, conculcador del futuro y del bienestar de la sociedad.

 


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