En el tapete universitario y educativo nacional se encuentra el tema, antiguo ya, de la creación de una nueva Ley de universidades.

Curiosamente, la propuesta surge y se reaviva con mucho ánimo cada cierto tiempo desde el poder político nacional establecido. Vale decir: no parte de una verdadera necesidad del sector universitario. 

¿Cuáles son los intereses elementales e inmediatos de las universidades y los universitarios? El retorno a la normalidad académica. Esto es: clases, investigación, extensión y manejo burocrático de las instituciones. Para ello se requiere cumplir con esas necesidades básicas, elementales: sueldos acordes a los derechos humanos y la Constitución, protección social ajustada a derecho también; presupuesto adecuado para el funcionamiento y no estás migajas presupuestarias que nadie sabe siquiera de donde surge su decisión ni cómo se implementa el presupuesto universitario anual. Además de esto, mínimo, las elecciones universitarias que garanticen unas instituciones apegadas a sus reglamentos y las leyes, sin imposiciones o controles que vulneren más la Autonomía Universitaria socavada. Cualquier otro aspecto político-ideológico se aleja en demasía de los intereses educativos.

Ahora bien, ¿para qué el régimen de Nicolás Maduro insiste en una nueva Ley? Para mí tiene dos intenciones fundamentales, la segunda derivada de la primera: controlar definitivamente instituciones que hasta ahora se les han hecho incontrolables por cualquier vía. Y, resolver a su favor el tema electoral. O sea, "democratizar", según ellos las elecciones universitarias, dando el voto en igualdad de condiciones a todos los sectores, incluyendo a empleados y obreros. Con el fin de que en un tiempo próximo sean ellos quienes dirijan las instituciones de la educación superior en Venezuela y, así, según su criterio, acercar más el control de ellas al régimen. 

No cabe duda de que es indispensable renovar los fundamentos legales. La Ley en vigencia data de 1970. Seguramente habrá ajustes indispensables. Pero que sentido tiene darle una revisión ahora para reajustarla de nuevo cuando retornemos a la democracia y a la libertad. Discutir el proyecto de Ley en este momento es caracterizar la soga con la que ahorcarán a las universidades, decir si es larga o bermeja. La Ley, así, busca doblegarnos y debemos oponérnosle ciegamente, como al régimen del terror. Jamás contribuir a su gestación. 

Si la Ley nos estorbara como está, hubiera surgido de la necesidad socio-educativa de quitarle límites al funcionamiento institucional. Pero este proyecto no contribuirá en mejorar las condiciones presupuestarias, ni de sueldos, ni de protección social. Tampoco servirá para hacer más libres a las universidades. Todo lo contrario, busca limitarlas, contenerlas, terminar de doblegarlas. 

En fin, a nosotros no nos conviene para nada modificar esa Ley. Le conviene al régimen. Y lo que resulta conveniente a sus intereses político-ideológicos de toma y más control, nos resulta altamente repulsivo a quienes queremos una universidad autónoma, libre, con libertad educativa en general. Si queremos una nueva Ley, apoyemos la que presentó Aula Abierta a la Asamblea Nacional, a la verdadera, a la respaldada por el mundo y por la cual sí votamos. Discutamos esa, avalemos esa. No este adefesio controlador y antiuniversitario que se construye.