De la institucionalidad opositora
Escrito por Luis Barragán | @luisbarraganj   
Lunes, 09 de Diciembre de 2019 00:00

altPlural y compleja, como la ciudadanía que clama por su reconocimiento, la oposición ha requerido de instancias de estructuración, organización y conducción política y social

que satisfagan tan elemental característica. Vale decir, una institucionalidad mínima que diga de actores, medios y procedimientos, como de debates y decisiones convincentes que generen la confianza y la eficacia necesarias ante una dictadura inédita.

En una inicial etapa del presente siglo, siendo el conducto natural, la sola e independiente dinámica de los partidos políticos fue insuficiente ante la desplegada por la sociedad civil organizada que apostó por complementarlos y, a veces, superarlos con arrogancia. La experiencia de la Coordinadora Democrática (CD) que confederó a cualesquiera entidades  y aspiraciones, incluso, sobrevenidas, cedió posteriormente el espacio a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), actuando – en la siguiente etapa – como un frente electoral resistido a una obligada ampliación con las victorias que alcanzó.

En  todo caso, la conquista de contadas alcaldías y gobernaciones, privativas de sus titulares y partidos, craso error de un sectarismo novedoso y fulanizado, jamás tuvo la significación, la oportunidad y el alcance adquirido con el triunfo parlamentario de 2015. Acotemos, triunfo que expresó y materializó la inolvidable jornada de protestas de 2014, en un despertar ciudadano, paradójicamente aprovechado por los partidos que corrieron a dialogar en Miraflores para desactivarla, pues, confiados y sobreseguros, contaban con el know-how y los cuadros especializados para imponerse.

Esta vez, la conducción opositora no dependía sólo del acuerdo voluntario de  la instancias partidistas asociadas, sino de una toda una instancia del Poder Público que forzaba al cumplimiento de las formalidades que la explican, asegurando la trascendencia de sus actos. Y, tanto, que esta vez podía hablarse de una política pública de la oposición. No  obstante,  repetidas veces planteado, el problema radicó y radica en una desparlamentarizacion del parlamento, confiscado por la dirección de los partidos que lo dominan.

Sobran los ejemplos de una confusión entre la institución, con una naturaleza y rasgos propios, y esa conducción enteramente partidista. Uno de ellos, la falta al procedimiento asambleario, pues, finalmente, sin debate alguno, después de varios meses de confusión en la opinión pública  (nuestra convicción: deliberada confusión), fue aprobada la reinserción en el TIAR y cuando la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio, en la debida oportunidad, salvó el votó respecto a los bonos 2020, aprobado en mayo del presente año, rasgaron todas sus vestiduras para reconocer en octubre la ilegalidad absoluta de la operación que lesionó el patrimonio público, aún en espera del correspondiente informe de la Comisión Permanente de Finanzas.

Después de avalada la consulta popular del 16 de julio de 2017, olímpicamente fue desconocida y, tras la experiencia del advertido fracaso del revocatorio y el no menos advertido diálogo en República Dominicana, abrieron  la senda confidencial de Oslo y sus derivados, a espaldas del cuerpo parlamentario. Nadie responde a la absurda derrota de una mayoría ciudadana, irrefutable mayoría, que tiene a la Asamblea Nacional como un dispositivo para el consenso y la transición que, faltando a la misma Ley del Estatuto de la Transición, apuesta ahora arbitrariamente a la cohabitación.

Quedará para los estudiosos, la particularidad de un parlamento que, a  la vez, es gobierno interino colegiado de los factores que lo dominan, por cierto, desleales entre sí, ya que hasta el acuerdo suscrito en 2016 para la llamada “correa”, tocándole a un representante de la minoría ejercer la presidencia en 2020, a todas luces será irrespetado.  Añadidos los escándalos de corrupción, se ha perdido una inmensa y predecible  oportunidad para el ejercicio institucional de un liderazgo alternativo, reafirmando una convicción: la “clase” política dominante, ya superada, ha de dar pasó a la emergente,  comprometida con un cambio estructural como el deseado por una Venezuela con real y distinta vocación de futuro.


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