Al grano, Bolivia y Uruguay han dado cátedra democrática, sobre todo nos han dicho a los venezolanos “¡No voten!”

porque la clave es y será siempre la institucionalidad, más aún cuando el castrismo es el enemigo, es lo que necesitamos comprender. A pesar la historia ha dado ejemplos de tiranías desplazadas con procesos electorales, el castrismo se ha especializado en utilizar herramientas democráticas a su favor ¿Cómo? desinstitucionalizando primero, atando a la población a las dádivas gubernamentales y oprimiendo atrozmente.

Fíjense, en Bolivia una vez demostrado el fraude perpetrado por Evo Morales, las fuerzas armadas del altiplano exigieron su renuncia, de esa manera detener el maremágnum popular en su contra y, como debe ser, para que su delito no quede impune (aunque creemos no bastó su renuncia, debió ir preso). En Uruguay, una diferencia aproximada de 30 mil votos, sirvió para que el régimen de turno asumiera su derrota, sin revueltas ni ridículos llamados de fraude cuando la transparencia del voto ha sido comprobada.

Moraleja: En Venezuela desde 2016 el saldo electoral ha sido un revocatorio evadido ilegal e ilegítimamente, además de una constituyente, regionales, presidenciales, municipales y concejales realizadas al margen más absoluto de la constitución y todo precepto democrático. En 2002, 2014, 2017 y en la actualidad, las protestas contra el régimen han sido punta de lanza en la petición desesperada del pueblo por un urgido cambio de gobierno, de proyecto país… las instituciones públicas han dado la espalda los venezolanos.

No debemos olvidar, Chávez según nuestra constitución es solo un expresidente, una figura partidista, es decir, el que (por ejemplo) altos jerarcas castrenses aseguren “la fuerza armada es profundamente chavista” es algo muy grave, asumen una posición partidista. Misma gravedad ocurre cuando afirman son incondicionales con Maduro, su incondicionalidad debe ser a la constitución, al pueblo.

El lenguaje y deambular de las demás instituciones es calcado; un Defensor del Pueblo que solo se activa cuando el régimen lo solicita, siempre contra la oposición. Un CNE que permite el uso y abuso de los recursos públicos en campañas electorales. Un TSJ que destituye, inhabilita y encarcela a los dirigentes/partidos de oposición con mayor aceptación popular, que es capaz de inventar un inexistente desacato al órgano del poder público más votado de nuestra historia, la Asamblea Nacional. Un contralor general o contralores que han brillado por su ausencia, haciendo caso omiso a los cientos de actos impuros contra los bienes y riquezas del país, que han hecho del chavismo la corrupción más pavorosa del planeta luego de la segunda guerra mundial... paremos de contar.

Así ¿Cuántos delitos electorales más hay que demostrar para enterarnos las instituciones públicas actuales solo velarán por sus propios intereses? Maduro (el régimen entero) es desconocido por la comunidad internacional determinante e influyente por retener el poder a través de procesos electorales desprovistos de transparencia, equidad y justicia. Al igual que los supuestos diálogos, la (des)institucionalidad vigente, como buenos alumnos castristas, se usufructúan de las herramientas democráticas, haciendo de éstas trampas cazabobos o, como es lógico pensar, shows perpetrados con socios momentáneos, como la “oposición timoteana”.

Finalmente, Bolivia y Uruguay nos enseñaron que los procesos electorales nunca ¡NUNCA! deben ser desarrollados en “condiciones mínimas” porque así se mata la república, fuera de “lo mínimo” se genera la trampa, los intocables, las tiranías. Los procesos electorales deben ser siempre ¡SIEMPRE! concebidos en institucionalidad, porque solo así la voluntad del pueblo se respeta.