Recientemente, se ha anunciado el sustancial aporte de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) a la  encargaduría presidencial de la República

que le hemos confiado al diputado Juan Guaidó de conformidad con el artículo 233 constitucional,  por cierto,  en el que algunos sectores políticos y de opinión no creían.  Es de suponer que las autoridades estadounidenses ejercerán el debido control del gasto, ideada una  programación para alcanzar eficazmente los objetivos de la donación.

Las fuentes noticiosas coinciden en una cifra significativa,  irrisoria frente a  la descomunal debacle del país, aunque muy útil para afrontar la coyuntura: $ 214 millones cubrirán  varias etapas en la reconstrucción del país, de los cuales, se dice, $ 98 millones – de un lado – serán para el fortalecimiento de la situación interna respecto a los DD.HH., la libertad de medios y el desarrollo, destinados – por el otro – a fundaciones sin fines de lucro de carácter independiente. 

Convengamos, tratándose de un asunto de Estado, los integrantes de la Asamblea Nacional esperamos la debida y exacta notificación del convenio suscrito por el representante o embajador que votara para Washington.  Luce obvio que, después de la recepción y notificación del convenio, éste sea remitido a la Comisión Permanente de Finanzas para el informe correspondiente que debe someter a la consideración de la plenaria, oída la opinión de las comisiones Permanente de Política Exterior y la Especial para la Ayuda Humanitaria de la cual – acotemos - no sabemos de sus formales y deseables sesiones.

La Fracción Parlamentaria del 16 de Julio propuso, a propósito de la generosa contribución o de cualesquiera otras que inmediatamente adquieren un irrefutable carácter público, el  pronto nombramiento del Contralor General de la República y, además, del Tesorero de la Nación, con el ánimo de institucionalizar la gestión interinaria.  Valga añadir, hemos sugerido canalizarlo a través de un proyecto de Ley de Presupuesto u otro mecanismo o dispositivo apropiado que permita cumplir con caros principios, como el de la universalidad, publicidad, estabilidad, equilibrio, entre otros, también de comprensibles limitaciones.

El caso nos remite a una necesaria y urgida distinción, entre la opacidad y la transparencia.  Significa evitar toda torcedura, porque luego será muy tarde para   enderezar las ramas.