El problema laboral y la disgregación del Estado
Escrito por William Anseume | @WilliamAnseumeB   
Lunes, 05 de Agosto de 2019 06:08

altPor estos días se profundiza la desesperación por el costo de los bienes y servicios en comparación con lo depauperado de los sueldos y salarios.

La angustia nos lleva a la exigencia de acciones comunes para revertir la situación: reuniones, diálogo, con el "gobierno" (régimen,despotismo, dictadura, tiranía), asambleas, tiradas a las calles con carteles y pancartas, paros por sectores, clamores a la Organización Internacional del Trabajo y cuánta "acción" combativa, legal y democrática pueda ocurrírsenos en función de buscar restablecer siquiera alguno de los derechos laborales suprimidos (todos). Nada de eso ha resultado efectivo ni resultará. Y no resultará porque parte de premisas democráticas que no existen en este momento en Venezuela; parten de una incomprensión de la intencionalidad básica de quienes están al frente de esta molleja (dirían los amigos zulianos), manejando el Estado a su arbitrio, sin contención ni moderación alguna. 

No existe alguien a quién reclamar, que escuche y corrija. ¿Quién recuerda siquiera el nombre del ministro del trabajo? ¿Tiene esa figura alguna potestad para torcer el rumbo de algo de lo que nos ocurre? No. Si existiera, es un muchacho de mandando (dirían las abuelas). El asunto, concebido hace mucho, la raíz del problema está en la ejecución de un plan perverso, llevado a cabo con filigrana maquiavélica, separadora. Se ha tratado y logrado la disgregación del Estado. No es un Estado fallido, que pudiera resultar como tal ante la inviabilidad del proyecto país que se establecieron forjar, es la desarticulación del Estado en procura de mantener el poder. 

Un Estado donde la constitución es un adorno de biblioteca o de repisa de sala, o sea que carece de fundamento alguno. Un Estado donde su Fuerza Armada llega a incorporar milicianos enclenques, envejecidos y que funciona alelimón con grupos armados "alternos", a los que no combate sino que los hace funcionar consigo: colectivos, pranes, guerrilleros. Un Estado que se transformó en improductivo para generar ingresos derivados de la compra- venta de bienes, anclado en el narcotráfico para la subsistencia, obviando incluso la producción petrolera como fuente de vitalidad. Un Estado que trata de vulnerar permanentemente el único boquete de democracia que le abrimos: la Asamblea Nacional, llegando a crear un parapeto paralelo para legislar a sus "anchas" (creían ellos). En fin, un Estado desmantelado, saqueado, deliberadamente para imponer criterios y voluntades sin cortapisas. Un Estado disgregado. 

Ante ese panorama, cualquier reclamo laboral o no es inválido. Se trata de la implantación a juro de la miseria, para la doblegación ciudadana, para la prosternación que lleva a suplicar agua, o gas, o una bolsita de comida, o un bono salvavidas que permita la sobrevivencia. Es mandar sobre la carestía más acérrima, sobre arrastrados, sobre la extremísima pobreza, para la cual estorban empresarios y trabajadores. Por todo ello, no hay interés en la preservación de Derecho Humano alguno, en protección en salud, en vivienda, en educación. El ciudadano es un útil inútil para esta concepción. No importa la diáspora, importa conservar el poder, no importa la muerte de los otros sino seguir poseso del ansia de tener y dominar. 

Según la constitución, el trabajo y la educación son los procesos fundamentales para alcanzar los fines esenciales del Estado. Ambos procesos han sido preteridos por innecesarios para los perversos fines reales de preservación de lo que creen haber conquistado para sí. 

Al trabajador, a educadores y educandos, al país, no le funcionará otra medida para su posible salvación en aras de una recomposición política democrática, sino sustituir a estos sátrapas, a todos. Y el diálogo, el acuerdo de cohabitación reparadora no luce viable con esta panorámica. El escape de esta prisión pasa por la liberación absoluta, por la supresión del opresor. 


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