De hecho no existe Estado de Derecho ni estructura institucional formalmente establecida en Venezuela.

Son estos los días previos al desencadenamiento de una anarquía generalizada donde será la población civil la que sea proclive, por estar en total desamparo, a ser devastada por un grupo de exterminio constituido por pandilleros, instalados en Miraflores donde se encuentra el poder real.      

En 20 años se fue sometiendo a períodos medianamente prolongados de restricciones a la población venezolana. Unas veces se les controlaban sus derechos políticos, luego los económicos. Más tarde su documentación. Otras veces su acceso a la adquisición de bienes privados.

Progresivamente se hizo más difícil el acceso a los derechos básicos. Comenzando por los alimentos y medicinas. Estos pasaron a ser directamente controlados desde el régimen. Posteriormente los medios de comunicación fueron puestos en observación a través de un centro, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que en la práctica debe ser equiparada con cualquier organismo de represión, solo que éste se encarga del control (censura) de la información.

Año tras año se han ido acentuando los mecanismos de control a la ciudadanía, ensayando manera de intimidación y sumisión de toda la sociedad venezolana. De las restricciones políticas –a la fecha varios partidos políticos siguen “legalmente” sin reconocimiento oficial- y persecución a sus dirigentes, muchos de ellos presos arbitrariamente, torturados, desaparecidos y asesinados, se pasa ahora a otra fase de aplastamiento colectivo: el control del acceso a los servicios públicos, electricidad y agua.

Bienes públicos esenciales para la vida de toda sociedad. Sea por acción u omisión, quienes detentan de hecho el poder en Venezuela, los denominados pandilleros con Maduro a la cabeza, han sometido a la población al más absoluto control social, y con ello su derecho a la vida. 

Son estos, en verdad, actos de guerra de un régimen totalitario agrupado en pandillas para delinquir y asesinar a la población civil. No hay bombardeos ni asaltos militares en masa. Pero los resultados son exactamente iguales a lo que sucede después de una confrontación bélica: devastación y caos generalizado. Una completa y absoluta catástrofe humanitaria.

Es que no existe otra manera de entender semejante acoso a la población venezolana que la de haber sido lanzada a una abierta y declarada violencia de Estado, ejecutada siguiendo un patrón de comportamiento, rigurosa y absolutamente planificado. Por una parte, la migración desesperada de millones de personas, cientos de ellas transitando miles de kilómetros a pie y sin mayor rumbo, salvo salvar sus vidas. Mientras por otra parte, millones de ciudadanos que se niegan a dejar su país pero se arriesgan a enfrentar períodos prolongados con mayores restricciones, para adquirir alimentos y medicinas.

Ahora se agrega a esta situación catastrófica los períodos largos, entre 4-6 días, sin electricidad y, obviamente, sin acceso al agua potable. La lógica nos indica que de esto resultará un evidente y muy probable riesgo de contaminación por la ingesta de aguas no tratadas. La probabilidad de muerte hospitalaria aumenta hora a hora, sobre todo en pacientes pediátricos de alto riesgo, así como enfermos crónicos y aquellos en unidades de cuidados intensivos.

Esta situación evidente de catástrofe humanitaria, producto tanto de una sigilosa ocupación extranjera, por fuerzas militares cubano-castristas disfrazados de asesores de todo tipo, así como paramilitares, tanto los llamados colectivos, miembros del Ejército de Liberación Nacional colombiano, Hamas y Hezbolah islámicos, presos reincidentes asesinos natos (pranes), que han sido detectados y son de evidente y notoria corroboración por quien tenga dudas, conforman todo un ejército de ocupación en todo el espacio geográfico nacional. 

Ante semejante poderío de hombres y pertrechos de armas y equipos militares la población civil está en total desventaja. Aún y declarando su derecho a la legítima defensa para la protección de la vida y sus bienes, es imposible enfrentarse a un ejército de ocupación superior en equipamiento y logística. Además, la `población venezolana tiene otras desventajas: la nula preparación militar, la evidente incapacidad física producto de la pérdida –en promedio- de entre 15-18 kilos de masa muscular, y su sometimiento a estados depresivos en los últimos años.

Similares situaciones ocurrieron en la conflagración europea de la Segunda Guerra Mundial. En Francia, por ejemplo, lo mismo que en Italia, la población inicialmente juntó aquellos hombres y mujeres aptos aún para enfrentarse al nacional socialismo (nazis), mientras esperaban que las fuerzas militares aliadas pudieran liberarlos.

Esto es lo que debería ocurrir en Venezuela. Con el agregado que aún existe una institución, la Asamblea Nacional, que puede invocar en auxilio el artículo 187 numeral 11, que permite la entrada de fuerzas militares extranjeras con fines de protección a la población civil cuando ocurran hechos como este que mencionamos. 

No estamos indicando en modo alguno la solicitud de invasión para iniciar una guerra contra un bando de la población civil, puesto que ello de hecho no existe. Es para neutralizar la fuerza de ocupación ya antes descrita y proteger a toda la población venezolana, indistintamente de su pensamiento político-partidista.

La matriz según la cual existen dos bandos enfrentados es total y absolutamente falsa. Tampoco que se iniciará una guerra civil ni mucho menos. Lo que sí ocurrirá es que de entrar esa fuerza militar de coalición internacional dirigirá sus armas contra la pandilla instalada en el poder del Estado, sea contra Maduro y sus secuaces y contra el alto mando militar, que encabeza Padrino López. Ellos sí tienen sus días contados, tanto por el peligro de una poblada que solo respondería a sus instintos, o con su captura, juicio y sentencia –probablemente a muerte o condena perpetua- de algún país aliado.

Estos días finales del régimen de Maduro serán tristemente de dolor, sangre y devastación. No asumir el deber que la Constitución le exige al presidente Guaidó para proteger a los ciudadanos, invocando el artículo 187 numeral 11, justificando un derramamiento de sangre, es dejar que el tiempo ceda a favor de los pandilleros del chavizmo socialismo con lo cual, resultará en más pérdida de vidas inocentes y que se perpetúe el régimen.

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