Los últimos 20 años del modelo instalado en 1959 fueron de gran deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos.

A muchos les disgusta que se les recuerde esta verdad, pues estuvieron entre sus causantes o sus cómplices, o incluso entre quienes la “disfrutaron”, como hoy son muchos quienes disfrutan de la miseria y necesidades de sus compatriotas. Pero fue así, y aquella situación de descomposición fue la que permitió ocurrieran todos los hechos políticos de finales de siglo, desde el caracazo en 1989 hasta la victoria electoral de Chávez en 1998, pasando por las movilizaciones diarias de calle de 1990 y 1991, el golpe de Estado de 1992, la destitución de Carlos Andrés Pérez en 1993 y la victoria de Caldera contra el bipartidismo en 1994, en una alianza con fuerzas de izquierda.

El gobierno de Chávez, que se inicia en 1999, va logrando paulatinamente el control hegemónico del país, no sin antes tropezar con muchísimos escollos y superar conspiraciones de todo tipo. Recordemos el paro general de 2001, el golpe de estado de 2002 y el “lockout” petrolero de 2003-2004, eventos todos organizados contra un régimen electo democráticamente, con respaldo popular mayoritario y que había actuado dentro de la nueva Constitución aprobada en referéndum en diciembre de 1999. Y hago este preciso señalamiento no para hacer un juicio moral de sus autores y participantes, sino para dejar claro que, en la política, la confrontación tiene como objetivo la lucha por el poder político, por lo que se hace al margen de razones legales, constitucionales o morales y sin limitaciones de otro tipo. 

Las razones legales, constitucionales, éticas y morales se utilizan para tratar de convalidar lo actuado y las decisiones tomadas. Y es así como deberíamos tratar los actuales acontecimientos. Quienes acaban de declarar a Guaidó como Presidente son prácticamente los mismos que dieron el golpe de Estado de abril de 2002. En aquel momento hablaron de vacío de poder, sin importarles que ellos mismos eran los causantes del supuesto vacío, que en realidad no era tal, pues ya se había juramentado ante el órgano competente el Presidente encargado. Era una simple justificación leguleya de la acción política tomada. Hoy, aunque no les guste a muchos, estamos en una situación similar. También se declara un vacío de poder inexistente y se procede a llenarlo en la forma menos legal y constitucional posible, dando una serie de justificaciones que son sólo eso, justificaciones de decisiones políticas tomadas para hacerse con el poder.

De ahí que no tenga mucho sentido la discusión legal ni constitucional del asunto, pues repito no es lo que determina las actuaciones. Estamos en presencia de una lucha por el poder: unos por mantenerlo y otros por tomarlo.

Si fuéramos a los aspectos legales y constitucionales, Maduro era más ilegítimo ayer que hoy, pues hace 6 años fue candidato presidencial violando la norma constitucional, que expresamente prohíbe al Vicepresidente Ejecutivo ser candidato a la Presidencia de la República. Sin embargo, se lo dejó gobernar sin hacer de esta violación mayores problemas. Y se hizo de esta manera, porque la oposición no tenía suficientes fuerzas para asumir esa lucha. O sea, dicho de otra forma para que los fanáticos entiendan, si es que eso es posible, no tenían con qué enfrentarlo. El asunto entonces es de poder y no de quién tiene la razón o cree que la tiene.

Esto no significa que estar asistido, o creer estarlo, por la razón y las leyes no sea importante. Lo es en relación con la unidad de quienes combaten y los apoyos, externos e internos, que puedan obtener. La confrontación actual en Venezuela parece irreversible en su desenlace: Maduro sale, son muy poderosas las fuerzas mundiales que lo adversan, y es rechazado mayoritariamente por una población hambrienta, desesperada y arruinada, por 20 años de desatinos, corrupción y conchupancia. Lo que se discute es cómo sale, si obligado internamente por las mismas fuerzas militares que hoy lo apoyan o a través de una invasión militar extranjera, escenario este último de mayor gravedad para la patria y su existencia futura, por la destrucción material y moral que conlleva.