Ni el 233, ni el 333 ni el 350: el país y el mundo reconocen y proclaman en Juan Guaidó al Soberano de un país llamado Venezuela.

 “ES SOBERANO QUIEN DECIDE el Estado de Excepción”

Carl Schmitt, Teología Política I[1]

Si en alguna ocasión Venezuela llegó al llegadero, digamos: al final de su viaje, al borde del abismo y a un paso del sepulcro, fue en ésta. No se trata de una crisis cualquiera, ni siquiera de las que Antonio Gramsci consideraba ser crisis orgánicas. Una crisis sistémica que pueda ser resuelta mediante retoques cosméticos, concesiones, alianzas, diálogos, acomodos. Incluso constitucionales. Que Monagas tenía absoluta razón cuando decía que con una Constitución se podía hacer “casi” todo. El casi aludía a ese momento de agonía en que sólo la decisión, la fuerza y la voluntad del soberano podía resolver el peligro de la disolución. Carl Schmitt, en mi saber y entender uno de los más sabios teólogos de lo político, lo dijo de una manera taxativa y categórica: “soberano es quien resuelve el Estado de Excepción”. Un hombre al frente de un pueblo dotado de suficiente ambición, lucidez y coraje como para comprender que hay que lanzarse al agua si se quiere salvar a la República que se ahoga. Para entendernos, nombraré a los más destacados soberanos habidos en Venezuela: Simón Bolívar, José Antonio Páez, Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Rómulo Betancourt. No menciono a Hugo Chávez Frías, que bien se lo merece, porque fue quien rompió el dique que mantenía con vida a nuestra soberanía. Fue, en ese sentido, un anti soberano. Todos los otros tuvieron la lucidez, la inteligencia, la voluntad y el coraje como para cortar el nudo gordiano que asfixiaba a la República y le aseguraron un marco de hecho y de derecho que le permitió seguir avanzando. Por cierto: ninguno de ellos se amparó en la Constitución. Se ampararon en las dos variables esenciales de toda acción política en momentos de crisis terminal: la voluntad y la decisión. 

Venezuela agoniza. Y me perdonan los constitucionalistas, los historiadores, los sociólogos y filósofos del derecho: una crisis agónica de esta magnitud no se resuelve con palabras, con letras impresas o con decretos. Por bellamente redactados que se encuentren. Y sabios que aparenten ser. Cuando una sociedad política pierde su anclaje y queda a la deriva, a la desesperada búsqueda de un nuevo territorio donde anclarse, no hay texto ni invocación constitucional que la haga flotar. La constitución, un manual de instrucciones a seguir en momentos de normalidad democrática, señala algunas vías. En medio de la tormenta y las tribulaciones, no las garantiza. Como lo afirmara Thomas Hobbes, nunca más vigente que ahora: “Autoritas, non veritas facit legem”. La ley la hace la autoridad, no la ciencia. Y la autoridad antecede al derecho, y lo funda. Hoy, en Venezuela, es la hora de la acción, de la decisión y la voluntad. Es la hora del Soberano que le abra el portón al futuro. Pues Venezuela se encuentra al borde de la muerte de lo viejo y del parto de lo nuevo, definitorio del Estado de Excepción. Momento crucial en que se asoma una nueva realidad histórica: “en la jurisprudencia, el estado de excepción tiene un significado análogo al del milagro en la teología.” To be or not to be: that is the question.” 

Quien aún no se percate que esta tragedia fue desatada por quien no tenía el menor respeto por la constitución, la usó a su gusto y antojo, pervirtiéndola cuanto quiso, con el concurso de catedráticos de derecho y cultos jurisprudentes – pienso en Herman y Carlos Escarrá, en Ricardo Combellas y en su selecto grupo de golpistas constitucionales – no está en capacidad de entender que la decisión y la voluntad del Soberano son pre constitucionales y anteceden a la legalidad. Para fundar luego toda legitimidad: un parapeto constitucional sin otro fin que disfrazar la violencia y el ultraje con bellos ropajes jurídicos. ¿Podría servirnos esa “bicha” para salir de la tiranía que ella fundara? Sin la decisión y la voluntad de hacerlo, imposible. Quienes aún creen que la fuerza de las armas pertenece al usurpador, se equivocan. Su lealtad está profundamente quebrantada y en esencia les corresponde el principio del poder reconocido en su momento por Luis Herrera: "militar es leal hasta que deja de serlo”. El Poder nacional e internacional está en nuestras manos. Llegó la hora de ejercerlo.

Agradecidos los venezolanos de la decisión del Grupo de Lima y los gobiernos que le niegan toda legitimidad al hampón que recibiera el poder de su agónico predecesor y de los tiranos cubanos, sus verdaderos jefes. Pero no son ellos los que han tirado a la calle el parapeto constitucional del usurpador. Sin resolver el estado de excepción. Que no ha usurpado el Poder desde este 10 de enero, sino desde el momento mismo de la muerte de quien, de manera arbitraria e inconsulta, le legara el trono. Maduro jamás tuvo la legitimidad exigida por el texto constitucional. No es venezolano. Lo que no le impidió adecuar la dictadura de Chávez a la tiranía de sus nuevos sátrapas. De nada sirvió saberlo: a los miembros de la Asamblea Nacional que tenían la obligación de legitimar su acción de desalojo en esa flagrante violencia al texto constitucional – denunciado hasta el cansancio por abogados e históricas figuras de nuestra democracia, como Enrique Aristeguieta Gramcko – tal usurpación les parecía “intranscendente”. 

Y si el petróleo siguiera brindándole los dólares necesarios para conformar a la ciudadanía, su inmensa mayoría soportaría tal usurpación hasta de buen grado. Hasta el día de hoy carecen los sectores opositores de una arrolladora unanimidad de criterios que protagonice y empuje al desalojo del régimen. Que asuma, dado que cuenta con la razón y la fuerza, la soberanía. Y juramente al nuevo soberano – si él asume el rol que la historia le asigna – en la figura del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. En el colmo de una prostituida tautología política, viejos y nuevos politicastros como Claudio Fermín y Henrique Capriles, siempre suficientemente asesorados por tartufos ilustrados,  consideran que Nicolás Maduro ES indubitablemente el presidente de Venezuela, culpando a toda una Asamblea Nacional, al Grupo de Lima, al Departamento de Estado y a la Unión Europea de majaderos. O una versión menos virulenta, pero tanto o más ilegítima: que la propia asamblea pase a usurpar la potestad constitucional del Soberano, como a juzgar por sus últimas acciones pareciera querer imponerse. 

Ni el 233, ni el 333 ni el 350: el país y el mundo reconocen en Juan Guaidó al Soberano de un país llamado Venezuela. Sólo falta que se reconozca él a si mismo como el nuevo Soberano de la República. Tendrá que dar el paso: la historia se lo exige.