Ciudadanía: ¿deber o derecho?
Escrito por Antonio José Monagas | TW: @ajmonagas   
Domingo, 04 de Noviembre de 2018 07:54

altNo siempre se atina a destacar la diferencia entre deber y derecho. Ni a nivel de lo que sus implicaciones comprometen.

Menos, lo que conceptualmente refiere cada término. Esta confusión, aunque pareciera somera, en el fondo es bastante seria. Sobre todo, en cuanto a lo que su desarrollo tiende a plantear.

No obstante, tan específica mezcolanza, es la razón para que muchas declaraciones gubernamentales, proyectos o propuestas populares o institucionales, queden más para apuntes académicos, que para lo que en principio de ello pudiera colegirse. Su ambigüedad incita acciones tan imprecisas, que no terminan de encauzar procesos cuyos objetivos pudieran establecer consideraciones de importante valía que apuntaran a asentir el ejercicio de la ciudadanía. Entendido, como una actitud que va más allá de condicionar al habitante a actuar según conveniencias que puedan acercarlo a un ámbito de necesaria convivencia en todos los sentidos.

Cuando se habla desde la perspectiva del deber, podrá entenderse que refiere todo aquello que lleva a la persona a obrar en función de lo que establece la moral, la justicia o su propia conciencia. Y que puede cumplir a instancia de alguna obligación normativa, costumbre o alguna práctica cultural. Su incumplimiento, conduce a una sanción. O acaso sea un problema de conciencia en el que medie el remordimiento, el arrepentimiento o el abatimiento.

Por otro lado, el término “derecho”, refiere la condición que disfruta toda persona sujeta a ciertos códigos de civilidad y civismo para así actuar en virtud de necesidades que le son inherentes a su vida política, económica, cultural y social. De esta forma, el ejercicio de los derechos, permite resultados en el comportamiento individual y colectivo asociado a las libertades ante las cuales es posible formalizar y consolidar la democracia. Entendida ésta, como sistema político bajo el cual puede regirse una nación cónsona con el desarrollo de las capacidades y potencialidades de su gente e instituciones.

Precisamente, en medio de lo que estos conceptos determinan, cabe aludir lo que significa ciudadanía, su construcción y ejercitación. Sin embargo, he ahí el meollo del problema que es objeto de la presente disertación.

Vale comenzar por lo que dispone la actual Constitución Nacional. El artículo 39, contemplado en la Sección Segunda del Capítulo II, del Título III “De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías”. Escasamente enuncia que quienes no estén sujetos a inhabilitación política ni a interdicción civil, ejercen la ciudadanía. “En consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo a esta Constitución”.

Justamente, bajo esta consideración, emerge una primera insipiencia que luce tanto como insuficiencia del constituyentista de 1999, que como traspié cometido a conciencia. No sólo, la misma tiene que ver con lo precariedad del concepto así manejado por el legislador quien con desvergonzado infundio pone de manifiesto su parquedad a tan importante respecto. Del mismo modo, incita un concepto de ciudadanía sólo relacionado con los deberes políticos. Como si el ámbito de movilización de la ciudadanía, alcanzara solamente el terreno de lo político en desconocimiento de otros deberes tan importante como los deberes sociales, culturales, educativos, económicos y ambientales, entre otros igualmente trascendentes.

Pero no conforme con tan obtusa visión, la Constitución de 1999 limita el ejercicio de la ciudadanía al contexto jurídico-legal y al terreno político-administrativo. Así deja una serie de vacíos conceptuales y operativos cuyo relleno se convierte en causa de complicadas tergiversaciones que animan vaguedades que comienzan a fungir como caldo de cultivo de graves problemas relacionados con materia de institucionalidad política, económica y social.

Quizás, tales vacíos, abiertos a ex profeso, se convirtieron en fuente de la crisis política y social que hizo sucumbir a Venezuela. Un alto gobierno que no ha tenido pudor para evitar que la estructura social del país sea hoy la resultante de carencias avivadas por un remedo de ciudadanía. Por consiguiente, debilitándose así las posibilidades de desarrollo nacional. 

Encima de esto, el país cayó fulminado por una crisis tan cruda como la política y la económica. Es la crisis de identidad que devino en la confusión que se apoderó de las expresiones que encumbran una nación. Con ello, se mediatizó la conciencia histórica que articulaba la nacionalidad con los sueños de todo aquel venezolano que aspiraba a ver realizado su proyecto de vida. Entonces, ¿cómo explicar tanto caos y desaliento? Será por la vía de la ciudadanía: ¿deber o derecho?


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