Contra Óscar Pérez el régimen cometió un asesinato. Violó el derecho humano fundamental: el derecho a la vida.

La responsabilidad básica del crimen la asumió Nicolás Maduro, con el fin de quitarles el protagonismo de la operación a Diosdado Cabello y a Freddy Bernal, quienes al comenzar a circular las primeras informaciones de lo que ocurría en El Junquito, se mostraron como los artífices del ataque. De nuevo Maduro pone a Cabello en el lugar subordinado donde quiere mantenerlo.

La reacción del gobierno fue confusa al comienzo y cínica luego. Al principio parecía que no se hubiese enterado de la existencia  de internet, de los teléfonos inteligentes y de las distintas redes que han convertido a los usuarios en reporteros y protagonistas de la noticia. Pérez fue describiendo a lo largo del asedio cómo la policía los atacaba, sin tomar en cuenta los llamados del grupo para deponer las armas y entregarse.  Las primeras versiones del gobierno apuntaron a señalar que Pérez se había negado a negociar abriendo fuego contra los agentes que le habían propuesto rendirse. Cuando la patraña se hizo insostenible debido a la amplia difusión alcanzada por los videos grabados por Pérez, optaron por adoptar una estrategia más agresiva. Los voceros del régimen pasaron a hablar de la “célula terrorista” descubierta y desmantelada por la revolución en defensa de las legítimas instituciones de la República. Más tarde, como había que implicar a la MUD de cualquier manera, Néstor Reverol señaló que la ubicación del grupo había salido de una delación del equipo negociador que asiste a Dominicana. Calumniador y desvergonzado, el hombre. Ni siquiera tuvo el gesto de darles los créditos a los cuerpos de inteligencia del Estado.

Maduro, repito, asumió la responsabilidad de haber ordenado la matanza. El heredero de Hugo  Chávez decidió aplicar la pena de muerte aunque la aventura de Óscar Pérez se encontraba a años luz del delito perpetrado por los conjurados del 4-F, cuyo jefe más visible fue el mentor del actual Presidente. La democracia se comportó frente a los conjurados de aquella fecha con una benevolencia que hoy luce ingenua. A los alzados se les respetaron todos sus derechos y se le agregaron otros no contemplados en ningún código, a pesar de haber provocado la muerte varias centenas de jóvenes soldados, quienes siguieron las órdenes de sus irresponsables comandantes. En cambio a Pérez y sus acompañantes se les masacró sin contemplaciones de ningún género. La Constitución, tan maltratada por sus redactores, fue de nuevo violada, esta vez acompañada de sangre.  Maduro, el responsable, pretende enjuiciar a los obispos de Barquisimeto y San Felipe, quienes con sus homilías del fin de semana pasado no hirieron a nadie, solo lastimaron la sensible piel del gobernante. ¡Qué desproporción!

Al sitio donde estaba ejecutándose la labor de exterminio no dejaron entrar ningún periodista, ni se encontraba presente ningún fiscal del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, pero sí se hallaban grupos civiles paramilitares. Al parecer el Fiscal y el Defensor tenían algo más importante que hacer ese día, por eso se desentendieron de resguardar la vida de unos venezolanos sitiados y condenados a muerte por los organismos de seguridad. Tarek William, por cierto, se ufana de ser uno de los redactores del extenso capítulo de la Carta Magna dedicado a la protección de los derechos humanos. Parece que su sometimiento total a los designios de Maduro le hizo perder la memoria, y la lengua, porque hasta ahora no ha dicho ni pío sobre el acribillamiento. El colectivo “Tres raíces”, cuyo jefe era Henker Vásquez, actuó en coordinación con los cuerpos policiales. Esta acción se encuentra totalmente fuera de la ley. El uso de la violencia y las armas está exclusivamente reservado a los órganos competentes del Estado. El operativo mostró la asociación entre grupos irregulares civiles y policías. Ya no se saben dónde están las fronteras entre unos y otros. Esta es una de las características  de los Estados forajidos. El silencio cómplice de la FAN es escandaloso.

El crimen de El Junquito forma una pieza más del expediente que se le levanta a Maduro. Su costo político puede ser elevado. En el plano internacional, la condena ha sido unánime. Hasta los defensores del régimen han tenido la decencia de guardar un discreto silencio. Human Right Watch y la Unión Europea lo repudiaron de forma terminante. Ahora, cuando el régimen busca auxilio financiero internacional y se desarrolla el ciclo de negociaciones en República Dominicana, esa operación de exterminio alertó de nuevo a una comunidad que proscribe cada vez más a Maduro.

El mandatario con su decisión le envió un mensaje claro a toda la oposición: será aplastada si se opone a la hegemonía madurista. En contrapartida, sin proponérselo, sentó las bases de un mito. Óscar Pérez, a pesar de haberse equivocado en sus métodos, se convertirá en un símbolo de valentía y resistencia. Y a los valientes, con un programa y una estrategia, resulta duro vencer.