El gobierno venezolano habría ordenado revisar si ha habido el despliegue de supuestas o eventuales “Prácticas Abusivas”

por parte de ciertas empresas, enmarcadas en la tesis oficialista Ad Hoc de la “Guerra Económica”.

Según informó el portal Web de Unión Radio el miércoles 03/01/2018 el ministro de planificación Ricardo Menéndez habría dicho: “El presidente de la República solicitó a la ANC una investigación sobre quienes se han enriquecido de la guerra económica. Esta es una investigación sumamente importante desde el punto de vista de nuestro país ¿Cómo es posible que algunos sectores hayan vivido de la guerra económica? ¿Cómo es posible que algunos sectores hayan incrementado su capital?”.

Partiendo de que eventualmente esta investigación se lleve a cabo despolitizadamente, con la intención de tutelar el Bienestar Social y proteger al consumidor final y a la eficiencia económica, surgen las siguientes preguntas -con respuestas directas para los entendidos en la materia y partiendo de una visión normativa-:

1.- ¿cuál marco normativo será aplicado como referente para llevar adelante esta investigación? ¿La Ley Antimonopolio, la Ley Orgánica de Precios Justos, algúna otra norma?

2.- En este sentido, ¿cuál será el ente administrativo que llevará adelante dicha investigación? ¿La Superintendencia Antimonopolio, la SUNDDE, la vicepresidencia de la República?

3.- ¿cuál será o serán las instancias administrativas o judiciales que continuarían con un debido proceso donde se respete el derecho a la defensa de encontrarse supuestos indicios sobre el despliegue de alguna tipicidad de ilícito, según lo establecido por el ordenamiento legal venezolano? ¿La Superintendencia Antimonopolio, la SUNDDE, la Fiscalía?

Esta peculiar y nada común investigación “masiva” sin discriminación específica de un caso particular sobre el despliegue de supuestas prácticas abusivas, ¿se circunscribirá a prácticas unilaterales abusivas del tipo directas explotativas o más bien monopólicas relativas? ¿Se considerará objetiva y robustamente la teoría económica de la competencia y la jurisprudencia en materia regulatoria antimonopolio? ¿Se conocen y se aplicarán los test económicos-jurídicos para constatar si efectivamente se está desplegando una práctica abusiva y evitar falsos positivos? ¿Existe interés en análizar eventuales prácticas de predación; acuerdos exclusionarios; empaquetamientos y ventas atadas; descuentos y remates; o simplemente Precios Excesivos? ¿Existirá el coraje para identificar y reconocer en dicha investigación la existencia de barreras legales y regulatorias contra la actividad económica, la competencia y la eficiencia económica?

Honestamente no creemos que el Ejecutivo Nacional cuente con los recursos institucionales y cognitivos para llevar adelante tamaño “proyecto” de investigación de forma objetiva.

Pero lo que es tanto o más preocupante es que los gremios empresariales y las empresas individualmente tampoco cuentan con los recursos especializados para defenderse de tamaño riesgo regulatorio y eventual “cacería de brujas” de orientación política. De hecho la escasa o nula atención que gremios empresariales y muchas empresas han dedicado al tema regulatorio en general, por ejemplo al de control de precios en particular, constituye evidencia de lo anterior. En un país que lidera los ranking sobre falta de libertad económica y exceso regulatorio, que no existan espacios específicos de análisis de la materia regulatoria en el sector gremial y privado, da cuenta de ello igualmente.

Venezuela carece de Think Tanks, organizaciones independientes, ONGs y/o asociacionismo de consumidores especializados y con la capacidad técnica para participar en dicha investigación y realizar cierto contrapeso.

Así las cosas, como sociedad nos estaríamos enfrentando a un enorme riesgo de fallas de gobierno que podrían complicar más la situación económica nacional e individual de las empresas, con repercusiones negativas sobre el consumidor final.