Independientemente de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno-PSUV y la MUD, que han garantizado la realización de los comicios

de gobernadores y la libertad con inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, a través de sus funcionarias del CNE ha desplegado una actividad electoral claramente ventajista, que ha ido mucho más allá del uso delictivo del dinero público, de la utilización arbitraria de la Ley RESORTE para hacer propaganda electoral y gubernamental, del peculado de uso de instalaciones y equipos y del secuestro de las televisoras y radios del Estado, colocados insolentemente al servicio del PSUV y sus candidatos a gobernadores.

Así, retardó 10 meses la celebración de las elecciones actuales, no convocó a la vez la elección de los consejos legislativos regionales, destituyó y apresó alcaldes opositores, inhabilitó electoralmente a connotados líderes de la Mesa, mantuvo a los partidos ilegalizados hasta después de iniciada la inscripción de candidatos, prohibió la tarjeta de la MUD en 7 estados del país, no permitió las substituciones de ley, cambió a un número importante de votantes en muchos estados de sus centros habituales y trasladó votantes  de Caracas por el PSUV al interior del país, todos mecanismos tramposos que unas “rectoras” sin dignidad ejecutaron sin chistar, para generar confusión, desesperanza y abstención de los votantes opositores.

El CNE, organismo encargado de organizar elecciones transparentes, con una elevada participación de votantes, ha sido transformado en un organismo encargado de dificultar al máximo el voto de los electores. No informa conveniente ni oportunamente sus decisiones arbitrarias e ilegales sobre los comicios; su campaña promocional de estos es prácticamente inexistente si la comparamos con campañas publicitarias del pasado. Las rectoras no rigen, sólo obedecen las órdenes recibidas de Maduro. Pero la desesperación por saberse perdidos y la decisión de disminuir a como dé lugar la magnitud de la derrota, ha llevado al Gobierno incluso a que varios de sus altos funcionarios hagan una campaña expresa por la abstención.

Dirigentes del alto gobierno, en discursos y declaraciones públicas, señalan que quienes voten estarían reconociendo a la ANC; es una forma de inducir abstención en quienes han enfrentado al espurio organismo. El propio Fiscal General dijo que quienes enfrentan a la ANC no deberían votar, un claro llamado a la abstención electoral, algo inapropiado en boca del jefe de uno de los poderes públicos venezolanos. Le oí decir al Vicepresidente Ejecutivo, que la votación de la oposición dejaría claro ante el mundo el carácter democrático del gobierno de Maduro, por lo que le daba las gracias a la MUD ya que sus votos eran antiimperialistas y enfrentaban las sanciones de Trump. No sé cómo se compatibiliza esta apreciación con las acusaciones de Maduro a la Mesa de ser lacayos del imperio y traidores a la patria.