Venezuela 15-O: elecciones de gobernadores y cambio democrático
Escrito por Miguel González M. | @migonzalezm   
Miércoles, 11 de Octubre de 2017 06:11

altMás allá del nuevo mapa que pueda surgir del 15-O y, de las cifras nacionales de votos y de abstención que se conozcan ese mismo día,

las elecciones de gobernadores constituyen un evento mucho más complejo de lo que se avizora en las redes sociales y en la opinión pública. Sus resultados pueden significar la apertura o no, hacia el cambio democrático que reclama Venezuela; en medio una profunda crisis económica e institucional sin precedentes.

En efecto, este 15 de octubre de 2017 se realizarán elecciones en los 23 estados de Venezuela para elegir en cada uno de ellos sus respectivos gobernadores. Los gobernadores son electos mediante votaciones directas, universales y secretas. Los gobernadores son la autoridad ejecutiva de cada estado y, junto con el Consejo Legislativo, la Contraloría del estado y el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, conforman la institucionalidad del Poder Público Estadal.

En esta oportunidad no se elegirán como correspondería y (de manera inexplicable), a los diputados a los Consejos Legislativos; con lo cual los gobernadores (electos o reelectos) contarían con el mismo poder deliberante  escogido en las pasadas elecciones del año 2012. En el presente, tan sólo tres entidades federales poseen gobernadores electos por la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD); mientras que las veinte restantes se encuentran bajo el control del oficialista Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV).

En realidad, desde las elecciones del año 2000 y hasta el presente, el PSUV ha mantenido siempre el control político y de la gestión sobre la amplia mayoría de gobiernos estadales de la República; lo que le ha permitido una red institucional de poder e influencia política y económica que ahora dependiendo de los resultados electorales del 15-O, pudiera quebrarse. Esta hegemonía sobre la institucionalidad pública estadal en detrimento de la alternancia, ha propiciado el posicionamiento del centralismo, el clientelismo y la poca transparencia en la gestión de los asuntos públicos regionales.

Tener mayoría en los gobiernos estadales supondría el control del Consejo Federal de Gobierno y en consecuencia, del Fondo Compensación Interterritorial que constituyen órganos constitucionales; cuyo objeto es impulsar la descentralización político-territorial y reducir los desequilibrios de desarrollo entre las regiones del país. En tal sentido, una victoria del bloque democrático que garantice una nueva mayoría en los gobiernos estadales frente al PSUV, tendría además del impacto electoral, otro institucional de amplio alcance que pudiera afectar el modelo de gestión que ha impulsado -desde hace 18 años-, el chavismo en Venezuela.

El impacto institucional de una victoria del bloque democrático supondría una apertura hacia la alternabilidad, la descentralización, el desarrollo de la Hacienda Pública Estadal y de la verdadera participación ciudadana, con el apoyo de la Asamblea Nacional. También cabría la renovación de los Consejos Estadales de Planificación con participación de los representantes de la misma Asamblea Nacional; bajo criterios democráticos, transparentes y participativos.

Por supuesto, y resulta fácil suponerlo, el bloque oficialista no aceptará fácilmente una correlación político-electoral adversa. El gobierno central cuenta con la una batería de instancias burocráticas que sin duda alguna impulsaría, para tratar de reducir su pérdida en las entidades federales. Nos referimos a figuras administrativas como los distritos motores de desarrollo, las áreas estratégicas, las regiones estratégicas o las corporaciones regionales; entre otras. Sin embargo, la estrechez económica-financiera que atraviesa el Estado pareciera dificultar la implementación de medidas como éstas.

La utilización de la vía jurisdiccional; mediante el desconocimiento de algunos resultados desfavorables sería otra opción oficialista que sólo agudizaría aún más la percepción de la naturaleza autoritaria que tiene el gobierno de Maduro; tanto a nivel nacional como internacional. En síntesis, un resultado adverso afectaría en forma severa la difícil gobernabilidad de la actual administración gubernamental del PSUV.

Una propuesta política dirigida a promocionar la abstención en estas elecciones regionales surgió de grupos opuestos a la MUD. La abstención electoral ha sido propuesta con anterioridad; aunque no siempre con éxito. Los primeros en proponer la abstención fueron las organizaciones de ultraizquierda como el PRV y la FALN, en los años sesenta. Luego fue Chávez quien la propuso, ante las elecciones presidenciales de 1993. En el año 2005 correspondió impulsarla al propio bloque democrático en elecciones parlamentarias de ese año. Como punto de partida, cabe señalar que la abstención en las elecciones estadales de 2012 alcanzó un 46%.

La elección de gobernadores supone un inmenso reto para los actores políticos involucrados y para una ciudadanía que quizás acuda al proceso comicial con expectativas de cambio sobrestimadas. Es necesario recordar que, las elecciones del 15-O no están diseñadas para “sacar a Maduro”; pero abstenerse de participar en ellas, contribuirá por el contrario, a su fortalecimiento. En todo caso, el 16-O amanecerá Venezuela con una nueva realidad institucional estadal, mucha más compleja y con una gobernabilidad condicionada. 

@migonzalezm


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