Diálogo serio fue el que tuvo lugar en Venezuela entre noviembre de 2002 y mayo de 2003 con la facilitación de la Organización

de los Estados Americanos y el Centro Carter. 

En la Mesa de Negociación y Acuerdos constituida al efecto, representaciones del oficialismo y de la oposición estuvieron debatiendo las vías para salir de la crisis política que afrontaba el país. El principal acuerdo dio paso al ejercicio de la vía electoral. Con todas las trabas y ventajismos gubernamentales, en agosto de 2004 se celebró un referendo revocatorio que, voto mío en contra, ratificó a Hugo Chávez en la Presidencia de la República.

Si esa coyuntura nacional hizo necesaria una negociación, aún más ha de serlo ahora cuando la crisis política, institucional, económica, social y moral que vive la república ha alcanzado extremos infinitamente más graves.

Pero tras aquella experiencia, los intentos posteriores han carecido de la suficiente seriedad, voluntad política y rigurosidad técnica indispensables para asegurar su eficacia.

Si bien algunos actores políticos oficialistas y opositores han tenido claridad sobre la conveniencia de una salida negociada al complejo conflicto nacional, lo cierto es que los factores predominantes de uno y otro lado han obstruido, y en algunos casos hasta saboteado, las posibilidades de un acuerdo.

En el oficialismo –primer responsable de lo que ocurra en esta materia- no se ha visto seriedad ni voluntad política de avanzar hacia ese entendimiento. De haberlas tenido, el presidente Nicolás Maduro no se la pasaría insultando, amenazando y burlándose de sus potenciales interlocutores, como tampoco habría designado entre sus representantes en esos diálogos a ciertos personajes cuya palabra y acción están permanentemente encarriladas a sabotear cualquier posibilidad de acuerdo. Por algo será que jerarcas oficialistas muy importantes dragonean a través de Venezolana de Televisión y demás medios de propaganda gubernamental que con la oposición no hay nada qué dialogar ni qué negociar. Son los mismos que han denigrado de la mediación vaticana y hasta del Papa Francisco.

Tampoco la oposición ha tomado con la seriedad y voluntad política indispensables la opción de construir un arreglo negociado para superar la crisis. Al final han prevalecido los factores que propugnan atajos y salidas cortoplacistas que, finalmente, han terminado por ahogar los esfuerzos de quienes, desde la misma oposición, recogen el clamor nacional en favor de un entendimiento. Después de decir que el único diálogo posible era para negociar la renuncia de Maduro, no ha de resultarle nada fácil a ciertos sectores ultrarradicales justificar su sorpresiva participación en las actuales conversaciones con el gobierno.

Ciertamente, iniciar un diálogo en vísperas de las elecciones de gobernadores no luce propicio para la oposición. Pero es mejor que no hacerlo nunca.

El objetivo de conquistar un cronograma electoral completo, desde los comicios legislativos regionales, los municipales y la presidencia de la República; la independencia y respeto de los poderes públicos, la liberación de los presos políticos y soluciones urgentes a la crisis alimentaria y en salud, solo será posible en la medida en que la oposición, unida en su diversidad, acepte la invitación de la comunidad internacional a transitar sin complejos el camino de una salida negociada. Demostrado está que vías distintas a la pacífica, constitucional y electoral no solo no cuentan con el aval del mundo democrático sino que han sido ineficaces y a un elevado costo en sangre y dolor para el pueblo que quiere cambio.

Incluso la lucha pacífica de calle, que es completamente legítima, no tiene por sí sola la posibilidad de éxito si no está asociada a una estrategia que amarre en la mesa de negociaciones lo que la presión popular y el apoyo internacional hayan podido impulsar. Sin ser especialista en negociaciones políticas, quien haya tenido, por ejemplo, amplia experiencia en negociaciones laborales, como es el caso de quien escribe, sabe que las acciones sindicales, vale decir las movilizaciones, la agitación, las asambleas permanentes, los pliegos conciliatorios o conflictivos, la “operación morrocoy”, los paros parciales e incluso las huelgas generales no concluyen en resultados exitosos sino se refrenda en la mesa de negociaciones con los patronos el producto de esas luchas de los trabajadores.

El gobierno no quiere más elecciones. Pero con el apoyo y supervisión de la comunidad internacional, una negociación política seria, productiva y verificable desembocará inexorablemente en un cronograma de elecciones, incluidas las presidenciales. Solo que ahora, a diferencia del 2004, el gobierno no tendrá un Chávez, ni un Maduro, ni un Cabello, ni nadie que detenga el previsible tsunami electoral del cambio democrático.

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