El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes 25/08/2017, una orden presidencial ejecutiva,

cuyo contenido prohíbe y limita operaciones financieras relacionadas con la emisión de deuda pública nueva y obtención de capital fresco por parte del estado venezolano y Petróleos de Venezuela.  El alcance de dicha medida se puede resaltar en los siguientes puntos:

1. PDVSA no puede emitir nuevas deudas con vencimiento superior a 90 días

2. Venezuela no puede  emitir nueva deuda soberana con vencimiento superior a 30 días.

3. Se prohíbe los pagos de dividendos u otros beneficios, al gobierno venezolano o cualquier institución controlada directa o indirectamente por éste.

4. Se prohíbe la negociación dentro del territorio de los Estados Unidos, la compra directa o indirecta por parte de personas naturales o jurídicas de valores que califiquen como deuda del estado venezolano con un vencimiento menor o igual a 90 o 30 días.

5. Se requiere autorización del Departamento del Tesoro cualquier transacción con la exportación o reexportación de productos agrícolas, medicinas, instrumentos médicos, repuestos, para lo cual es necesario la autorización del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Consecuencias para Venezuela

Los límites de días fijados en cada una de las limitaciones, son para permitir   finiquitar todas aquellas transacciones que están en curso.

Los puntos 1 y 2 no tienen mayor consecuencia para el país, ya que Venezuela tiene años que no acude al mercado internacional para la colocación de deuda externa primaria, salvo aquellos préstamos directos (pagarés) garantizados con activos de la república, no porque no quiera, sino porque la cotización de los papeles venezolanos es muy baja y el riesgo país es muy alto.

El punto 3 si afecta al gobierno venezolano, ya que esta medida va dirigida directamente a CITGO, quien no podrá repatriar dividendos a sus dueños legítimos, léase Venezuela. Estos dividendos para este año, en el mejor de los casos podían representar entre US$ 300 y 400 millones, ya que para los últimos años la ganancia de esa empresa ha venido disminuyendo, con motivo de la baja del precio del combustible y el alto endeudamiento financiero, el cual ha apalancado en parte a PDVSA.   

El punto 4 limita ostensiblemente cualquier operación que realice cualquier ciudadano dentro del territorio de los Estados Unidos que signifique directa o indirectamente una deuda del estado venezolano o PDVSA. Esta limitación, salvo que se obtenga por parte de  las partes la “licencia” que otorgará el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, limitará transacciones entre el gobierno de Venezuela o PDVSA con terceros en especial todo lo relacionado con las concesiones otorgadas, empresas mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco, el arco minero de Guayana o cualquier asociación estratégica de las ya firmadas.

Evidentemente, limita cualquier operación de “canje de deuda” presente o futura,  como la realizada en el año 2016 con los papeles de deuda externa con vencimiento 2017. Cualquier “canje” implica emisión de nueva deuda.

Igualmente limita cualquier operación de restructuración de vencimientos  de  deuda externa, ya que eso necesariamente requiere una emisión de deuda nueva.

Los mercados secundarios de deuda externa, es decir todos aquellos que poseen Bonos de la Deuda Externa venezolanos o de PDVSA, emitidos y transados con anterioridad a la orden presidencial del gobierno americano, no deberían tener problemas para su negociación en el mercado de valores.

Como consecuencia de la medida acordada, es evidente que los precios de los bonos soberanos de Venezuela y de PDVSA, deben sufrir una pérdida en su cotización  en el mercado de valores, reflejado en los que se negocian en el mercado secundario.

El punto 5, afecta al gobierno venezolano y PDVSA, pero debe traer consecuencias para todo aquel que importe algo desde los Estados Unidos, ya que será objeto de análisis y supervisión de las autoridades, en especial para evitar la triangulación de bienes y servicios. 

Conclusión

Aunque las medidas no tienen todo el efecto que la gente comenta, aun así,  se las verá limitado y afectará su liquidez en divisas.

Sus transacciones comerciales vinculadas con la industria petrolera, tendrán que cumplir requisitos y necesidad de licencias para poderlas transar en el mercado financiero.

Todas aquellas empresas aliadas y asociadas a PDVSA en la exploración, explotación y comercialización de petróleo tendrán que cumplir con los mismos requisitos.

Los bancos comerciales a nivel internacional van a adoptar mayores  medidas de seguridad en prevención de verse involucrados en cualquier transacción financiera con empresas venezolanas que califiquen en la prohibición.  

Venezuela solo tendrá un resquicio de negociación con los chinos y rusos entregando activos estratégicos como precio de riesgo a cambio de cierta ayuda financiera limitada.