Nicolás Maduro no necesita una Asamblea Constituyente para abrirse paso entre la institucionalidad del país.

Sus pocas e inconsistentes ideas pueden materializarse sin problema alguno, incluso si son renuentes al consenso político y desprovistos de agenda legislativa. De manera análoga, celebrar una Constituyente para recobrar la legitimidad extraviada tampoco tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que, al presente, a la comunidad internacional no deben quedarle dudas acerca de la naturaleza dictatorial del gobierno venezolano. Tampoco se necesita llevar a cabo un proceso semejante con el propósito de retener una militancia que jamás ha tenido fibra ideológica, y la que, además, se disgrega velozmente dejando con pocas, o acaso nulas posibilidades, a una eventual reunificación electoral del post-chavismo. Adicionalmente, una reforma constitucional, cualquiera que fuere su propósito, requiere de tiempo, detallados estudios interdisciplinarios y personal extremadamente calificado para llevarla a cabo, recursos que sencillamente Maduro no tiene, no ha tenido ni tendrá. Conforme a estos elementos de análisis queda claro que la Constituyente de Maduro es un eufemismo para un decreto presidencial de contenido amplio previamente redactado en La Habana.

En un escenario nacional, en donde la confrontación parece inevitable, las hipótesis que señalan a la Constituyente como elemento negociador carecen de sustento. En el supuesto caso de ocurrir un nuevo dialogo, siendo las demandas de ambos frentes sencillamente irreconciliables, Maduro difícilmente estaría inclinado a renunciar al único mecanismo que ofrece prolongar su gobierno sin arriesgarse a recular y mostrarse vulnerable ante el sector militar, que enfrenta un importante dilema. Aun así, y a diferencia de su contraparte, Maduro sí tiene el poder para desmovilizar las fuerzas de seguridad pública y milicias armadas encontrando obediencia en el proceso. La MUD, por otra parte, aunque pudiera ofrecer la desmovilización popular no estaría en posición de dar garantías de ello, pues al interior de la resistencia ciudadana se ha enfatizado el invariable desconocimiento de directrices políticas, distintas a las orientadas a la deposición del Madurismo y el consecuente enjuiciamiento de sus cabecillas. Y eso, hipotéticamente no convendría a ninguna de las partes involucradas.

Los primeros e infructuosos pasos para palpar esta situación se ofrecieron bajo la medida sustitutiva de casa por cárcel a Leopoldo López. Hasta el 8 de Julio del presente año, el régimen mantuvo cautivo a Leopoldo en Ramo Verde como garantía y comodín para ser usado en caso de que la violencia en las calles se volviera incontenible. Pero en vista de los desacuerdos internos respecto a la suerte de López, se tuvo que apresurar la medida desde el extranjero.  Al darse cuenta de que Maduro era más vulnerable con López encerrado en Ramo Verde, Cuba procedió con la primera etapa del plan de contingencia, buscado neutralizar el descontento, orientando su acción hacia una de las consignas más notorias de la MUD, la cual, más allá de la injusticia del presido por razones políticas, pareció desplazar, en numerosas oportunidades, a las razones de mayor peso como lo es la crisis humanitaria en Venezuela, hoy por hoy bandera de la resistencia civil.

Por su parte, la intervención del ex presidente español Rodríguez Zapatero, deja mucho a la imaginación, aunque dos cosas parecen claras. La primera, que la posibilidad de negociación entre el oficialismo y la MUD deja en evidencia una sustantiva correlación de fuerzas, y no precisamente a nivel electoral. La segunda, que las condiciones de la negociación (cuyos detalles se han tratado de ocultar), están sobre la mesa, teniendo como propósito estirar el plazo del gobierno hasta el término del periodo presidencial, buscando ubicar a Maduro en los anales de la historia impunemente. Sin embargo, es bien sabido que, de aceptar la MUD estas condiciones sellaría el derrumbe de su legitimidad como actor político, lo cual en estos momentos es harto contraproducente y hasta cierto punto ingenuo. Por ello, aunque la MUD se impacienta, le apuesta a todo menos a una rebelión armada en su nombre, considerando el riesgo de una ulterior distribución arbitraria del poder, al cual naturalmente la oposición pretende acceder sin mayores limitaciones que las señaladas en la actual Constitución Nacional. La MUD está en capacidad de acelerar este proceso, pero sus líderes han enfatizado su rechazo a la salida armada, y ello mantiene guardados a los rifles disidentes, y con razón, pues es delicado ejecutar una acción semejante sin el respectivo apoyo político de una elite que convenientemente podría terminar “lavándose las manos”.

En este orden de ideas. El madurismo tiene su destino sellado, aunque sin fecha específica. La tensión que esto causa entre las personalidades más notables del régimen se ha visto materializada en la represión a las masas manifestantes. El terror ha pasado a ser la técnica empleada por un gobierno que se resiste a caer, conociendo bien la suerte que lo aguarda.

Fuera de Venezuela, las expectativas en la acción internacional tienen poco que ofrecer. Las sanciones del Congreso estadounidense a funcionarios venezolanos han demostrado su gran potencial y contundencia, pero sin encontrar acciones de respaldo en la MUD, han ido perdiendo efectividad y credibilidad. El simbolismo que esta medida representa para el venezolano común se ha quedado corto en función a lo realmente esperado. El gobierno de los Estados Unidos facilitó las herramientas para combatir a Maduro, y ciertamente debe seguir haciéndolo, en vista de la seria amenaza que representa el gobierno venezolano a su Seguridad Nacional. pero lo que no puede hacer Estados Unidos es sustituir a los venezolanos. Al mismo tiempo, las organizaciones internacionales tales como la ONU y la OEA, y pactos regionales como el MERCOSUR, intentan, con gran dificultad, maniobrar frente al principio de horizontalidad de los Estados, dejando extraviar el propósito fundamental de instituciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, o el mismo Protocolo de Ushuaia, entre complejas sesiones procedimentales que, si bien tienen razón de ser, han producido una incómoda sensación de inoperatividad.

A escala regional, todos son afectados. La crisis humanitaria venezolana ha provocado éxodos masivos, ha incrementado los índices migratorios en países ya agitados ideológicamente, y por las mismas razones, ha polarizado políticamente. Teniendo en cuenta la necesidad de la efectiva correlación entre las esferas pública y privada en países en vías de desarrollo, el chavismo ha logrado desprestigiar a la socialdemocracia en el continente, pudiendo, las consecuencias de ello, alimentar en un futuro a los residuales radicalismos ideológicos en América Latina. Pese a ello, las respuestas en la región se han quedado cortas. Estas razones han intervenido como variables en la decisión del ejecutivo venezolano en llevar a cabo la Asamblea Constituyente contra viento y marea. La MUD, sin tener otro recurso institucional de referencia, se ha anclado a la actual Constitución Nacional.

En contraposición a lo señalado por Maduro, la MUD ha planteado que no se necesita una nueva Constitución, tan sólo el cumplimiento de la actual. Pero esta conjetura, aunque políticamente apropiada, peca de irreverente, pues la Constitución 1999 ha sido, hasta la fecha, el fundamento de todos los proyectos impulsados desde el oficialismo. La Constitución de 1999 es un adefesio jurídico que ha vuelto el país sencillamente ingobernable desde el punto de vista democrático, y a ese respecto, cualquier constitucionalista serio tendría que admitir que una Asamblea Constituyente es imperativa en Venezuela, eso sí, con Maduro fuera del poder y bajo plena autonomía de los poderes públicos. La MUD lo sabe, pero no lo dice. Y las razones son naturalmente comprensibles, un señalamiento semejante confundiría al pueblo y entregaría razones a Maduro para continuar con su sinsentido, pero es necesario reiterar que, con Maduro fuera de la ecuación, una reforma constitucional es sencillamente impostergable. En un eventual cambio en el panorama político nacional, el mayor desafío al que se enfrentaría el nuevo gobierno sería a la madre de todas las crisis en Venezuela. La crisis de representación. Adicionalmente, intentar gobernar sin contar con un consistente plan de recuperación nacional, es razón suficiente para que nuevamente se calienten las calles. La MUD no tiene un proyecto de país, no fue capaz de articular uno durante los 18 años de gobierno chavista. Naturalmente, esa no es razón para mantener a Maduro un día más en el poder, pero debe servir de aviso para todos aquellos que creen en la falacia de la recuperación nacional instantánea y salvadores heroicos. El ejemplo tunecino, posterior a la primavera árabe demostró que cuando se sabe poco o nada sobre un daño sistemáticamente ocasionado, se pueden especular las soluciones, pero las matrices de opinión resultantes producen efectos bumerang sobre la base de las necesidades reales del país. Cualquier político que se encuentre en situación semejante, tendrá que ser mucho más que “gorra y carisma” con los que a diario alimentan políticamente al venezolano. Tendrá que saber negociar y dar la batalla para no tener que ofrecer su renuncia en el corto plazo.

El fin del chavismo, aunque representa un punto de partida importante en la restauración democrática del país, es sólo el principio de una lenta y difícil recuperación. Recuperación que se verá enfrentada a intereses y métodos antagónicos entre sí, bajo diversos propósitos circunstanciales. Las dispersas propuestas al interior de la MUD varían tanto como los colores de las organizaciones políticas que la conforman, y no existe un acuerdo real de propuesta unificada que atienda los principales ejes del interés nacional. El país, a su vez, tendrá que alinearse a un pensamiento más crítico y desmarcarse de la compulsividad electoral que, gracias a la altísima polarización política durante el periodo chavista, hizo de toda elección un plebiscito.

 @filipprl