Aunque la suspensión de la recolección del 20 por ciento de voluntades, para la realización del revocatorio, no es de carácter legal sino político y, por tanto, el principal análisis debe ser en este sentido,

no se puede dejar de lado los razonamientos jurídicos: uno, porque es esta argumentación la que utilizará el Gobierno, para justificar la inconstitucional e ilegal medida y para convencer a la ciudadanía de lo correcto de s proceder. Presentará el caso como un fraude hecho por la MUD, el cual necesariamente invalida el proceso político del revocatorio, y convierte a sus impulsores en supuestos reos de la justicia penal. En segundo lugar, porque la absoluta invalidez de la decisión, que hay que calificar de aberrante, tendrá mucho peso en el análisis internacional que se haga de la conducta del Gobierno y de su respeto al estado de derecho y al sistema democrático del país.

Los tribunales regionales de primera instancia del país no tienen atribuciones para impedir actos, que competen al nivel más alto del Poder Electoral. Éstos sólo pueden ser afectados por el TSJ en sus salas electoral y constitucional. Son por tanto tribunales incompetentes. Además, se trata de juzgados penales, que no pueden afectar actos electorales, ni sancionar con prohibición de salida del país a dirigentes de la MUD, sin haberse demostrado previamente la comisión de un delito, y menos a un gobernador, que sólo puede ser sancionado por el TSJ luego de un antejuicio de mérito. Más aún, no puede sentenciarse responsabilidad individual por la actuación de organizaciones en el ejercicio de un derecho. Las firmas del supuesto fraude habían sido rechazadas por el CNE y no influyeron en la integración del uno por ciento ya validado. Todo esto refuerza la depravación de estas decisiones.

¿Qué llevó al Gobierno a asumir esta enrevesada vía y no la del TSJ? ¿Fue un plan de Maduro y los gobernadores involucrados? ¿O fue una forma de presionar con hechos cumplidos de los sectores radicales del Gobierno? Ya la decisión del TSJ, de que la recolección del 20 por ciento tenía que hacerse en cada uno de los estados, fue un insulto a la Constitución, al derecho ciudadano a revocar sus mandatarios y a la lógica jurídica y común. Pero las sentencias simultáneas e idénticas de cinco tribunales, informadas y celebradas por los gobernadores respectivos, son un desafío al derecho, a la inteligencia y a la democracia, que no convencerán internacionalmente y aumentarán el aislamiento político del Gobierno. Evidencian además el control descarado del Poder Judicial regional por los gobernadores del PSUV.

Si al hecho actual agregamos las más de 30 decisiones del TSJ invalidando a la Asamblea Nacional, se ratifica la inexistencia de la división de poderes, que se suma a la “autodisolución” de la Asamblea decretada por el presidente Maduro, que deja al país sin Poder Legislativo.

Estamos afectados por una grave desintegración institucional, que ante decisiones “autónomas” de gobernadores presagia una disgregación de la nación venezolana. No es sólo la democracia la que desaparece, es Venezuela que se desvanece.