Nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es noticias por otra nueva e ilógica sentencia. Ahora el bufete de abogados  de la Presidencia de la República les cercena

a los venezolanos el derecho a protestar en las inmediaciones de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué motivó esta absurda e ilegal decisión? Tal vez el miedo o la certeza que cada vez serán más contundentes las demostraciones de rechazo contra el Gobierno y sus asesores electorales.

No obstante, si nos cierran la puerta entramos por la ventana. Ahora la convocatoria será a la sede de los tribunales para expresar cívica, pacífica y democráticamente ante las decisiones inconstitucionales de un TSJ que está de espalda a la Carta Magna y a la voluntad del pueblo.

No se extrañen que próximamente los verdugos con toga publiquen una sentencia donde digan que es delito protestar en las sedes de los tribunales de justicia.

Y es que, como bien lo afirmó nuestro presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, están cocinando en este momento una Ley que evite las protestas en contra de Nicolás Maduro.

Es cuestión de tiempo para que los esbirros de toga expresen su decisión de encarcelar a todo aquel venezolano que manifieste su inconformidad hacia el sistema económico actual.

Los niveles de trastornos psicológicos en el gobierno son tales que es predecible que sancionen una normativa estableciendo como infracción el decir que se tiene hambre.

Para los magistrados del TSJ, para las rectoras del CNE y en resumidas para todo el status quo del gobierno, la expresión abierta y democrática de civilismo es inconstitucional. Para los señores que hoy nos gobiernan los derechos de los ciudadanos no son importantes y peor aún los ven como insignificantes.

En la maraña de decisiones ilegales y alocadas de los Magistrados venezolanos con toda seguridad saldrá que una ment…, mencionar la progenitora del señor presidente de la república, será un delito de lesa patria o, peor aún, lo normarán como un “pecado” ante la revolución.  

Si esto lo llegasen hacer, con mucha seguridad el 80% de los vendedores y consumidores del mercado de Puerto La Cruz, el de Tronconal III, el Campesinos en Barcelona, y en de todos los rincones del país irán presos, porque justamente esto es lo que se escucha en todos los rincones de expendios de alimentos de toda la geografía nacional.

Solo la unidad de los factores de la MUD podrá evitar que los desmanes del modelo político y económico de Nicolás Maduro sigan destruyendo los últimos vestigios de legalidad y democracia dentro de nuestra nación.

Para frenar y ponerle un coto definitivo a esta decisión los venezolanos debemos seguir pujando para la celebración este año del Referendo Revocatorio, donde con toda seguridad obtendremos el 80% del apoyo de los venezolanos.

Y cuando esto ocurra, las sentencias del TSJ se resumirán en un “sálvese quien pueda”, porque los sin vergüenzas del gobierno saldrán corriendo huyéndole a la mano, esta vez justa y sobria, de una verdadera justicia Constitucional, democrática y civilista.