En Venezuela la justicia tiene que ser intervenida para darle contenido ético. Ella tiene que ser operada, como indicaría algún oftalmólogo, para que pueda ver a la hora de aplicar sus decisiones, sin llegar a la injusticia, al imputar o sentenciar a personas que han dedicado sus vidas al trabajo y generar bienestar a sus trabajadores y relacionados comerciales, como ha quedado demostrado en el caso de los hermanos Makled en la ciudad de Valencia. Ellos hoy son victimas de una justicia que no escucha, sino que se ha dejado influenciar por políticos aventureros y hasta por militares con ansias de poder.

Ella siempre requiere de un “culpable” porque es la única manera de justificar a jueces y fiscales militantes del proceso, los cuales se olvidan que todas sus actuaciones pueden ser revisadas en el futuro. Con ella todos corremos el riesgo de ir a parar a una cárcel, sobre todo si el ciudadano se atreve a disentir de los funcionarios del gobierno, por lo que cualquier alegato puede ser rechazados en el tribunal que tenga el caso, sin que el fiscal del Ministerio Público encargado de actuar en nombre de la vindicta pública haga el uso correcto de las normas.

Esto quedó demostrado en las pasadas elecciones regionales, cuando el empresario Abdalá Makled tomó la decisión de presentar como candidato a la alcaldía de Valencia, donde, de acuerdo a los entendidos, las encuestas lo favorecían ante el representante del PSUV, por lo que era necesario impedirle su triunfo, lo que obligó a sectores del chavismo, pasando por encima del propio Presidente Hugo Chávez, recurrir al mecanismo de la presión, el chantaje que ha servido para haberlo incriminado por presunta posesión de drogas. ¿Por qué se recurre a los militares para ejecutar acciones que no son de su competencia?

En tal sentido, es así como el país fue sorprendido el 13 de noviembre, el mismo mes de las elecciones regionales, con el decomiso de 388 kilos de una presunta cocaína en el fundo “El Rosario”, atribuida al candidato Abdalá Makled y sus hermanos. ¿No fue una manera de sacarlo del juego político? Es decir, allí se realizó un montaje político ejecutado por la justicia militar que fue la que actúo en el lugar, donde detuvieron a un grupo de trabajadores que aún hoy están en prisión, sin ser escuchado como lo indica las leyes de la República. ¿Es que el mando militar de Valencia, encabezado por el General Cléber Alcalá Cordones es la pieza del rompecabeza?

Es lo que se escucha por las calles de Carabobo. Por lo que los comentarios son muchos, en donde no dejan de estar algunos político, sobre todo muchos que se dicen revolucionarios y que, por lo demás, sienten mucha alegría de saber que los Makled están presos. Donde también están Saraid Márquez Arango, Norbelis Aracelis Carmona Mendoza, José Fernando Soto, José Antonio Figueredo Mendoza, Néstor Santos Acosta, Luis José González, Miguel Antonio Castro y José Ramón Canelones. De este último se conoce que ha tenido algo que ver con el oscuro caso de la “siembra” de la presunta cocaína, lo que no quiere decir que sea parte del complot.

Sin embargo, para todos ellos la justicia tiene una decisión a favor de ellos pendiente, ya que su real delito ha sido el de ser trabajadores que se encontraban en el lugar y que han sido utilizados por los responsables del burdo montaje para criminalizarlos en un hecho de drogas que no tiene ninguna claridad y que no deja de generar todo tipo de comentarios en los medios tribunalicios, en donde se sostiene que tanto la DEA como el FBI, se han sorprendido por este caso. ¿Quién o quiénes son los responsable de todo este parapeto jurídico con el que se ha buscado sacar de circulación a una familia entera para decomisarle sus bienes?

Los militares entraron en el juego

Es bien sabido que para sacar a cualquier del camino, si es un factor de perturbación, lo más rápido es sembrarlo en alguna parte o sembrarle armas o drogas para luego imputarlo o encarcelarlos y que sea el tiempo el que decida por ellos, tal como se ha demostrado en el caso de los hermanos Makled, quienes hoy esperan hasta por un milagros y volver a la libertad al lado de sus familiares y amigos, una vez que la justicia recobre la sensibilidad.

Por ordenes del Juzgado Militar Quinto de Control de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en investigación que se lleva por ante por ante la Fiscalía Militar Primera, con el objeto de conseguir en la hacienda elementos de interés criminalístico relacionado con los delitos de naturaleza militar. ¿Fueron comprobados cuales fueron los elementos de carácter militar que motivó la investigación? Eso ya no cuenta porque fue la justicia civil la que se encargó posteriormente del procedimiento.

¿De quién fue la decisión de utilizar a los militares para criminalizar en nombre de la nueva justicia socialista? Se hacen las actuaciones y luego nadie tiene responsabilidad, por lo que los militares quedan al margen de todo. El colmo de todo esto es que la Fiscalía Militar, tal como sucede en la Cuba comunista, ordenan a todos los funcionarios a que no den ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación donde tengan que referirse a actuaciones como la que hicieron el 13 de noviembre del 2008 en el fundo El Rosario.

Todo esto, por supuesto, despertó cualquier tipo de sospecha en los medios políticos de Carabobo y el resto del país, ya que todo estuvo realizado dentro de un libreto de película. En él hay unos militares buenos que entregan el caso, luego del hallazgo a sus otros “colegas” para demostrar que existe independencia y respeto entre las instituciones civiles y militares.

La justicia vengadora

Los Makled son conocidos en la ciudad de Valencia como unos prosperos empresarios, quienes supieron diversificar sus negocios, los cuales tienen periódico, controlan una línea aérea como Aeropostal, que sigue volando pero bajo el control de quienes han actuado para confiscar sus bienes en nombre de la justicia. Nada de esto es al azar. La sospecha de una acción con la finalidad de vengarse de esa familia por su vinculación personal con factores políticos, en donde está el ex gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles, ha dejado todo en evidencia. ¿Cómo se puede considerar la simpatía de los Makled a favor del Presidente Hugo Chávez? Algo está fuera de control en Carabobo.

Los jueces tienen que mostrar probidad y ética a la hora de impartir justicia por imperio de la ley. Pero en este caso no se han atrevido a tomar la decisión de ponerlos en libertad, sino que siguen dilatando el proceso, ya en estos tiempos no es posible aceptar como lógico que los detenido deben seguir bajo las rajas porque realmente cometieron los delitos que han sido señalados, como el caso de decomiso de más de trescientos quilos de presunta cocaína, cuando uno de los detenidos, Luís José González, quien sigue procesado por la misma causa, confesó de manera voluntaria ante el Tribunal de Control correspondiente, al momento de la celebración de la audiencia preliminar, como realmente ocurrieron los hechos.

Esa declaración que el tribunal desechó en su totalidad. Él expresó, de acuerdo a los testigos, que un día antes del allanamiento un ciudadano que presuntamente era funcionario policial, se dirigió a la referida hacienda donde él se desempeñaba como capataz, y le pidió que le guardara una caja sólo por tres días, para lo cual le ofreció una importante cantidad de dinero. ¿Por qué el tribunal no tomó en cuenta las declaraciones del citado ciudadano?

Allí está trancado el juego, por lo que hay que señalar que los fiscales y jueces que han actuado en el caso de los Makled, cumplen ordenas de sus “superiores”, quienes quieren que no haya ninguna decisión a favor de los detenidos, incluso Alex Makled, quien padece de una hemiplejía se encuentra encarcelado. ¿Se puede tener confianza en una justicia que actúa por encargo político? La revolución de Hugo Chávez no puede ser para aplicar retaliación a los hombres y mujeres que comparten el mismo pensamiento con el mandatario nacional, quien, con seguridad, no conoce la verdadera historia del caso Makled.

En tal sentido, los familiares han sostenido que siguen confiando en el Presidente Hugo Chávez, aún cuando han tenido que enfrentar una justicia que no ha sido justa, donde incluso a los militares han entrado en el juego político, por lo que nada de extraño tiene que ahora sean otro brazo del Poder Judicial para silenciar a los que llegan a considerar como adversarios. Por lo que ratifican que siguen dando su respaldo al mandatario nacional, como lo sabe toda la ciudad de Valencia.

Los militares no pueden entrar en el juego político, ni ser parte de grupos que pretenden silenciar a adversarios y aliado, como el caso de los hermanos Makled en Carabobo y la presunta droga decomisada en el fundo El Rosarios, para lo que han utilizado al Poder Judicial, donde la presunción de inocencia no ha existido para los detenidos.