Por una sociedad desarmada!
Escrito por Vladimir Villegas   
Martes, 06 de Octubre de 2009 08:14

altHabría que crear una unidad especial, si es que no existe, para realizar operativos intrapoliciales con el fin de detectar las armas ilegales que son portadas o "encaletadas" por funcionarios que en sus ratos libres se dedican al "hobby" de asaltar, secuestrar y matar


Entre los temas que la multisápida agenda informativa venezolana nos presenta, se destaca uno que tal vez no tiene la espectacularidad de unas nalgas al aire, como ocurrió el fin de semana durante la protesta estudiantil opositora, pero que reclama la atención urgente y necesaria de toda la sociedad. Me refiero al proyecto de ley de armas y explosivos, el cual será fusionado con el proyecto de ley de desarme.

De acuerdo con lo que se ha anunciado, se prevé una pena de doce años de cárcel para quien porte un arma ilegal y el establecimiento de restricciones en la cantidad de portes y municiones para la defensa personal.

Los fines de semana, e incluso también de lunes a viernes, se producen numerosos homicidios, y tiene suerte aquel ciudadano víctima del hampa que resulta ileso o incluso que resulta con una herida de bala, pero no pierde la vida. Hay demasiado armamento en la calle, y en las manos menos adecuada. Somos una sociedad demasiado permisiva con este asunto. Y, segurito que sí, la gran cantidad de pistolas, revólveres, rifles, subametralladoras y otras armas en manos de choros, malandros, o incluso de particulares que no están autorizados a portarlas, son derivadas de hechos de corrupción en los cuales están involucrados los funcionarios del Estado encargados de los permisos, de la custodia de las fronteras y de los centros penitenciarios, que se han convertido en verdaderos automercados donde el que menos carga tiene su 38 "por si las moscas".

De acuerdo con las cifras que maneja la Asamblea Nacional, en Venezuela circulan aproximadamente entre nueve y quince millones de armas, quién sabe cuántas de ellas serán ilegales, robadas, traídas de contrabando y cuántas de ellas han sido utilizadas en la comisión de homicidios u otros delitos.

El Estado, tal y como lo está haciendo la Asamblea Nacional, tiene que regular estrictamente esta materia, pero el énfasis no sólo debería colocarse en el establecimiento de requisitos para que las personas decentes, probas y que realmente estén psicológicamente capacitadas para portar un armamento lo obtengan legalmente.

Más importante que eso es articular todos los medios legales, constitucionales, sociológicos, científicos y de otra naturaleza destinados a convocar e involucrar a los ciudadanos en la tarea de desarmarnos. Si bien es necesario que el Estado adopte decisiones drásticas nuestra sociedad no puede resolver a tiros el problema de la inseguridad.

Algunas medidas están de anteojito. Por ejemplo, habría que crear una unidad especial, si es que no existe, para realizar operativos intrapoliciales con el fin de detectar las armas ilegales que son portadas o "encaletadas" por funcionarios que en sus ratos libres se dedican al "hobby" de asaltar, secuestrar y matar. Igualmente, es necesario detener y destituir a los funcionarios civiles y militares que facilitan o promueven el tráfico de armas en las cárceles. No creo que una madre o una esposa pueda introducir en la cárcel una granada en sus partes íntimas o en un arroz con pollo. La corrupción, como dije antes, es uno de los ingredientes principales de este drama. Lo otro es entender que mejor es una política de desarme de la delincuencia que de entrega de armas a los ciudadanos honestos para que se defiendan. Eso en el ámbito urbano. En cuanto a las fronteras, si se concreta la creación de milicias campesinas, como respuesta al asesinato de más de doscientos dirigentes de los trabajadores del campo, entonces el problema que se presentará será mayor.

El rol del Estado es reducir a los grupos armados, sean guerrilla, paramilitares colombianos o venezolanos, ganaderos o campesinos. El asunto no es sencillo, pero a simple vista luce que tiende a complicarse, mientras que el país necesita menos gente armada y no todo lo contrario.

Fuente: El Nacional


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