Hace poco El Universal reseñó lo que vive El Sol, periódico editado en Maturín. Ejercer la crítica pública, e incluso hacerse eco de denuncias de terceros, le significó una sanción que se extiende desde hace un año. El gobernador de Monagas, "El Gato" Briceño, le retiró la publicidad oficial, acción seguida por otras dependencias oficiales. Otro medio de Maturín, El Diario Mayor, debió cerrar sus puertas. Según su director, Javier Varela, el gobernador le exigió una carta pública de disculpa por unos comentarios que hizo un periodista en Facebook, "cosa que no hice, entonces asumió represalias y no tuve más pautas publicitarias de la gobernación, ni de las alcaldías ni de Pdvsa. Tuve que cerrar en febrero de 2009". Varela resume su drama de manera muy sencilla: El Sol tiene músculo financiero para resistir, yo no.

No es un caso aislado en Venezuela. En enero pasado el gobernador de Barinas, Adán Chávez, entre sus primeras decisiones tomó represalias contra los diarios La Prensa de Barinas y La Noticia de Barinas, usando el mismo mecanismo: les retiró la publicidad oficial. En el estado Bolívar, El Correo del Caroní no recibe publicidad oficial, pese a que tiene un importante nivel de lectoría en la región. En un estudio que realizamos en 2006 detectamos una situación paradójica. Una campaña publicitaria del Estado, para promover una obra de magnitud, como fue la construcción de un segundo puente sobre el río Orinoco, no le asignó ningún aviso a este periódico, pero sí al resto de diarios de la zona. Al mismo tiempo, hubo asignación de publicidad para otro diario regional, pero ubicado a más de 1.500 kilómetros de distancia. Otro caso del uso discriminatorio de la asignación de publicidad oficial también lo vivió este diario; durante años tuvo la publicidad de CANTV, pero eso quedó sin efecto inmediatamente después de la estatización de la empresa a inicios de 2007.

La asignación de la publicidad oficial es un asunto central en el derecho a estar informado. En la práctica, cuando un gobierno no coloca avisos en aquellos medios por su postura crítica, lo que en realidad persiguen es acallar puntos de vista incómodos para el gobierno, con lo cual se desvirtúa la posibilidad de que los fondos públicos -y debe recordarse que los avisos se pagan con dinero de todos- contribuyan a fomentar el pluralismo, la diversidad de voces en el espacio de debate.

"La asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial& con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley". Así lo establece la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la CIDH y es tarea pendiente en el país.

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Fuente: El Universal