Terrorismo parlamentario
Escrito por Juan José Molina   
Domingo, 06 de Septiembre de 2009 21:13

altEn Venezuela, sin temor a equivocarnos, la institucionalidad del Estado se encuentra secuestrada, la separación de los poderes fue usurpada por el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno se rebeló contra el Estado y sus instituciones, las invadió, las arrodilló y las violentó para que éstas, en contravención a sus fines y competencias, le dieran la espalda a un pueblo que mayoritariamente esperanzado creyó que con la aprobación de la Constitución en 1999, se le daría respuesta a las muchas necesidades que por años le fueron negadas a un inmenso sector de venezolanos y venezolanas. 


El poder Legislativo, fuente de legitimación del resto de los poderes de la Republica, no escapó a esa rebeldía, a ese secuestro. Más aun, 156 Diputados de los 167 que la componen, todos miembros del partido de gobierno, han legitimado internacionalmente e internamente una suerte de terrorismo parlamentario que desconociendo el proyecto político que está en la constitución y avalando la imposición de leyes que de forma violatoria a los procedimientos de su reglamento interno y arbitrarias por provenir de la rechazada reforma constitucional propuesta por el gobierno Nacional en diciembre de 2007, han incluido en nuestro marco jurídico leyes que contienen un modelo de desarrollo económico y una propuesta de justicia social distinto al modelo constitucional, que además anula el Estado de Derecho.


En el marco de ese terrorismo, de ese secuestro parlamentario, se desconocen principios  constitucionales como el de la descentralización, lucha democrática que logro consolidarse, pero que con la reforma parcial a la Ley de descentralización cercena el derecho de las regiones a auto gestionarse, pues con la habilitante Ley de reforma de la ley de Reordenación del Territorio,  fueron declaradas de utilidad pública las tierras y bienes públicos y privados, con lo cual se recorta los procedimientos de expropiación por causa de utilidad pública, con lo cual se ponen límites y controles a la propiedad privada.


Por otra parte, se impuso un conjunto de leyes que incautan y decomisan a empresas privadas de bienes y servicios de transporte y otros servicios petroleros todo tipo de bienes, los cuales después de la expropiación no son pagados, convirtiéndose en asalto a mano armada las acciones de los seguidores del gobierno. El orden constitucional del gobierno a dos niveles del Distrito Metropolitano de Caracas, que se mantuvo durante 8 años en manos del gobierno, luego de la victoria popular de factores distintos a éste, el 23 de noviembre de 2008, fue desmontado con una legislación que además de inconstitucional, acaba con ese Distrito Metropolitano.
La controversial Ley Orgánica de Educación recientemente aprobada, le da al Ejecutivo nacional una ley habilitante educativa permanente, que impone sin consulta a la sociedad venezolana un modelo educativo distinto al señalado en la constitución,  limita la autonomía Universitaria, la posibilidad de acabar con la escolaridad privada, e impone un régimen sancionatorio que convierte en punitivo y criminaliza la docencia, limita la libertad de culto y el financiamiento a programas educativos sociales promovidos por la iniciativa privada.


Estas y otras leyes impuestas a la sociedad venezolana, aunado a las pretensiones de imponer leyes como la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo que impone y coarta entre otras limitaciones el derecho a sindicalizarse de los trabajadores, la Ley de Propiedad Social que establecerá una nueva forma de propiedad, busca limitar al mínimo e imponer nuevos controles a la propiedad privada, la ley de cooperación Internacional que prohibirá las donaciones o aportes internacionales a las ONG´s que realicen capacitaciones para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia venezolana.


Los ciudadanos y ciudadanas exigen el restablecimiento de sus derechos y garantías y que el equilibrio y separación de los poderes restablezca el proyecto social, económico y político base del contrato social que escogimos voluntaria y soberanamente y que las leyes que del Poder Legislativo emanen se correspondan con el ideal Bolivariano de proporcionar la mayor suma de felicidad posible.

(*): Diputado de la Asamblea Nacional por el partido PODEMOS


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