Si alguien tenía dudas de cómo funciona la justicia en el país de la “revolución del amor”, el Ministerio Público nos dio una clase magistral. Consolidada como una política de Estado, la represión pretende acallar la voz de protesta de quienes exigen la restitución de la democracia o reclaman sus derechos constitucionales. Es la expresión del odio y el resentimiento de un régimen incapaz de dar respuestas coherentes y transparentes a las exigencias de un pueblo cansado de tanta indolencia y manirrotismo; de corruptelas y la dictadura de la “mayoría”; de las argucias de los poderes Judicial y Ciudadano para privar de la libertad a los disidentes; de la sevicia de la fuerza pública.

El régimen, encerrado en su propio laberinto y ante el fracaso de sus políticas internas y del ámbito internacional -la reciente reunión de la Unasur mostró al “caudillo” como un disminuido Llanero Solitario, sin balas de plata- ha tenido que despojarse de cualquier rasgo de humanidad -de la cual hace alarde- y utilizar los poderes del Estado para tratar de desmovilizar a quienes, vencido el miedo, desafían su autoritarismo.

Esa carrera suicida del Gobierno nacional -el todo o nada antes que la búsqueda de acuerdos- tal vez convencido de la drástica disminución de su capital político y la creciente disidencia en los sectores sociales que antes le eran afectos, tiene su cenit en la declaración de la fiscal general de abrir procesos penales a quienes protesten en defensa de sus derechos y contra la arbitrariedad de una justicia teñida de rojo.

Es la doble moral de un régimen que protesta por la represión en Honduras pero arremete con saña contra venezolanos que, de manera pacífica y legítima, buscan nuevos horizontes para esta patria herida de muerte. Lo cierto es que, de hecho, están suspendidas las garantías constitucionales. No cabe otra interpretación. “El Zulia entre la noche relampaguea”, ¿quién dijo miedo?

(*): Académico. Ex rector de LUZ