Que Venezuela sea refugio de narcoterroristas es un hecho, como se ha dicho, público y notorio, ahora oficializado por la formal aunque discreta acusación del presidente Álvaro Uribe. Lo que además se ha hecho público en este encuentro de UNASUR es todavía más grave

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Artículo 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. Constitución de la República de Colombia

Artículo 69.- La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Si el gravísimo señalamiento del presidente de Colombia Álvaro Uribe, según el cual dos miembros de la cúpula de las narcoguerrillas colombianas están establecidos permanentemente en Venezuela – asunto sólo posible mediante el beneplácito del gobierno del presidente Hugo Chávez que contraria con ello su obligación de contribuir a la lucha del gobierno vecino contra las FARC – pasó por debajo de la mesa y nadie volvió a referirse al tema planteado con tal acusación, muchísimo más grave fue el reconocimiento del rechazo expreso y por acuerdo bilateral de negar el asilo “a muchos venezolanos que lo han solicitado”.

Con lo cual hace explícito el presidente Álvaro Uribe su expreso y confeso desconocimiento al artículo 36 de la Constitución de Colombia, que reconoce y hace imperativo dicho derecho. Y su acuerdo con un presidente que a su vez viola el artículo 69 de la suya, que además de reconocer y garantizar el derecho de asilo y refugio, prohíbe la extradición de sus ciudadanos. ¿Cómo explicar entonces los asilos de connotadas figuras políticas venezolanas de la mayor relevancia, como el alcalde de Maracaibo Manuel Rosales, por sólo mencionar un caso emblemático?

¿A qué acuerdo se refería Álvaro Uribe cuando señalaba haberle sido fiel no concediendo un solo asilo de los tantos que le han sido solicitados? ¿No infringían la ley ambos presidentes acordando el colombiano negarles el asilo a los perseguidos políticos del régimen de Hugo Chávez y éste persiguiendo por razones políticas a ciudadanos empujados de facto a la extradición forzosa? ¿No cometían una grave falta de apreciación al intercambiar narcoterroristas con perseguidos políticos reconocidamente democráticos? Da que pensar imaginar a Uribe aceptando no concederle asilo a los perseguidos por Chávez a cambio de que Chávez no acepte narcoterroristas en su territorio. Imposible un cambalache más siniestro. 

Si el primer hecho entró en saco roto y no despertó aparentemente el menor interés en presidentes democráticos, o por lo menos electos democráticamente, que por ese solo hecho de hacen cómplices de la protección que el gobierno venezolano le acuerda a terroristas y narcotraficantes públicos y notorios, aún más grave es que no hayan querido tomar en consideración la confesión de una aún más grave confesión delictiva. Si el himno de la república de Chile culmina con la más famosa de sus estrofas, según la cual los chilenos se comprometen solemnemente y conminan a que su república sea “la tumba de los libres o el asilo contra la opresión”. 

Que Venezuela sea refugio de narcoterroristas es un hecho, como se ha dicho, público y notorio, ahora oficializado por la formal aunque discreta acusación del presidente Álvaro Uribe. Lo que además se ha hecho público en este encuentro de UNASUR es todavía más grave porque acucioso: Venezuela vive una situación de grave anormalidad política que obliga a que sus ciudadanos recurran al asilo. Y más grave aún: que esa obligación constitucional, sagrada en el derecho internacional de la región y reconocido como un derecho inalienable en la mayoría de nuestras naciones, sea escamoteado, desconocido y violado por algunas naciones por acuerdos bilaterales tácitos o explícitos, públicos o secretos.

Impresiona el silencio de todos los presidentes latinoamericanos ante este hecho verdaderamente aberrante. Impresiona que de todas las naciones latinoamericanas, sólo el Perú haya asumido su obligación constitucional y moral frente a los perseguidos políticos venezolanos. Impresiona aún más que el país que mayor disfrute ha tenido en el pasado del derecho de asilo otorgados por los gobiernos democráticos de Venezuela, el Chile de la dictadura de Augusto Pinochet, no haya aceptado un solo asilado en estos diez años de autocracia chavista. Como tampoco Argentina y Uruguay, que también contaron con la hospitalidad venezolana. Pero más impresiona que ningún gobierno de la región tome nota de que Venezuela es la única nación del continente, con la dolorosa excepción de Cuba,  que exhibe entre sus lacras más aberrantes varias decenas de asilados, varios cientos de miles de desterrados, y a partir de estas últimas declaraciones de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz de millones y millones de eventuales perseguidos políticos. Pues en Venezuela se ha decretado la prohibición de la protesta, susceptible de condenas que van de los 12 a los 24 años. 

¿Seguirán el Secretario General y el Consejo Permanente de la OEA, los miembros de UNASUR, del Parlatino, del MERCOSUR y de todos los gobiernos de la región, con la honrosísima excepción de uno o dos casos dignos de mención,  dándole la espalda a estos hechos terribles? Tiene razón el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma cuando exige la presencia de una comisión de la OEA para verificar in situ tan siniestros hechos. No la tiene Chávez cuando reitera, tras seis años de rechazos sucesivos, la prohibición a que tal comisión nos visite. Una vergüenza para Venezuela. Una vergüenza para América Latina.