Veo  con mucha preocupación el desinterés en desarrollar  el sistema de protección en muchos municipios. Parece que hay otras prioridades o su implementación es delegada en funcionarios  con poca  formación e interés

en esta materia.

Tal vez sea  el clima electoral que distrae a los funcionarios responsables;  es una justificación más,  para diferir el trabajo importante que requieren  nuestros niños, niñas y adolescentes.

Parece que siempre hay una evasiva, un motivo por  considerar que el sistema de protección debe esperar. Que otros hechos o circunstancias puedan servir para continuar difiriendo la implementación completa y  articulada de todo sistema de protección  a nivel nacional, regional y municipal.

Tal vez,  me van a decir, fastidioso o desfasado, pero insisto por el sistema  hasta verlo completamente desarrollado  y cumpliendo sus fines supremos, como es  la protección integral de todos los niños, niñas y adolescente que habiten o transiten  en nuestra patria. 

Me dirijo a las máximas autoridades de los municipios, por ser ellos los llamados  o interesados a impulsar su desarrollo. Cada alcalde o alcaldesa, deben dirigir su gestión para lograr el bienestar colectivo, dentro del ámbito territorial, de todos  sus habitantes y entre los beneficiarios se encuentran los  NNA. Prioridad absoluta,  en un principio constitucional  de obligatorio cumplimiento para todas las personas, léase  articulo 84 CRBV. Insisto, hay que trabajar para fortalecer los Consejos de protección y los Consejos Municipales,  dotarlos  de las herramientas y recursos necesarios para que pueda prestar un cabal servicio a los usuarios que lo requieran. Recordemos que los primeros son una  primera instancia administrativa  mayoritariamente  recurrida.

Hay que constituir las Defensorias Publicas municipales y especializadas, no limitarse a  crear una sola por municipio, tenemos que constituirla en  cada sector del municipio, en cada caserío o parroquia, que los usuarios cuentes con un  defensor publico y gratuito especializado para poder acceder al sistema de administración  de justicia. Deben reorientar  los recursos para el personal e invertirlos en esta área.

Deben    desarrollar e implementar  las   políticas y programas de protección  de niños, niñas y adolescentes, dictadas por el órgano rector nacional. Promover   la participación activa y protagónica de la sociedad en la ejecución y control  de las políticas, directrices u orientaciones   de protección.

La creación de programas,  en materia de orientación, educación sexual,  fortalecimiento de lazos  familiares y otros. Hay mucho que hacer por el sistema de protección, hay que trabajar, los invito.