Acuerdo de Ginebra: ¿apropiado a nuestro fin reivindicatorio?
Escrito por Dr. Abraham Gómez | @fabrahamgr   
Domingo, 24 de Febrero de 2019 16:25

altEl consenso que se requiere para llevar adelante con éxito nuestra reclamación de la Guayana Esequiba, debe ser el producto de la suma de voluntades

de una mayoría nacional de venezolanos, suficientemente informados.

La divulgación permanente de los antecedentes del problema para conocimiento de las nuevas generaciones de compatriotas, y la constante información del proceso de recuperación que debemos adelantar con decisión y constancia, constituye la base sólida que nos permitirá demostrar los elementos éticos, políticos, geográficos, históricos y jurídicos que respaldan la posición venezolana.

Hay una aseveración indiscutible, que se ha propalado en los distinguibles escenarios donde irrumpe el caso de nuestra Zona de Reclamación; tal argumentación consiste en señalar en que debió hacerse el máximo esfuerzo venezolano para la recuperación de nuestra Guayana Esequiba antes de conferirle reconocimiento como Estado a la excolonia británica, cuando estaba gestionando para alcanzar su   independencia.

Si miramos el problema en la condición actual, cuando gravita sobre nosotros una demanda por parte de Guyana en la Corte Internacional de Justicia, son bastantes considerables las opiniones en el sentido de que, pese a las limitaciones y defectos del Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966, al país, sospechadamente,   no le queda otra vía que continuar buscando la salida que ofrece este instrumento jurídico.

Si se agotaran las posibilidades, sin que hayamos alcanzado una satisfactoria solución, habría que pensar, entonces, en otras alternativas; por cuanto el pueblo venezolano no se conformará con el vil despojo del cual fuimos objeto; maniobra artera que contraría toda norma de justicia y a los Principios fundamentales del Derecho Internacional.

Una densa corriente de esequibistas se ha atrevido a calificar de muchas maneras el instrumento trilateral suscrito: Acuerdo de Ginebra. 

Así entonces, al único documento a la mano, que cuestiona el arrebato que nos hicieron, lo tildan de confuso, contradictorio, impreciso, inconsistente e incompleto. Y añadan, en conferencias, en la Red y medios de comunicación, casi que como sustrato transversalizado que este Tratado es equívoco y de difícil aplicación.

Estudiadas tales contradicciones, hemos llegado a conocer que la base esencial del referido antagonismo discursivo hacia el Acuerdo de Ginebra se asienta en lo siguiente: no se hizo, oportunamente, lo que se pudo haber hecho para mejorar el considerando, el reconociendo, el convencido y los artículos del citado documento; y que pudo haberse redactado con mayor idoneidad jurídica, a los fines específicos de la reivindicación que hemos estado persiguiendo.

Otro protuberante elemento esgrimido apunta a que debió recomponerse su contenido antes de su ratificación por los correspondientes órganos jurisdiccionales internos de las Partes suscribientes.

Prestemos atención a lo siguiente: en lo que a nosotros respecta, Venezuela sanciona y promulga el Acuerdo de Ginebra, para darle la condición de una ley de la República, el 13 de abril de 1966, sin cambiarle un ápice del texto original: “ Se aprueba en todas y cada una de sus partes, a los fines legales consiguientes…” Expresamente dicho, en una especie de Artículo Único, en la introducción de la precitada ley.

Sin embargo, no todo deriva hacia críticas acendradas. Hay plenas coincidencias, al menos en lo   que atañe a los intereses venezolanos; porque, determinantemente, el Acuerdo de Ginebra acabó con la intangibilidad del Laudo Arbitral de París de 1899. La famosa y siempre blandida “res judicata”, cosa juzgada, por parte de los guyaneses. 

El Acuerdo de Ginebra liquidó la pretendida invulnerabilidad jurídica de la señalada tratativa política-diplomática laudatoria suscrita el 03 de octubre de 1899. 

Siendo nula la decisión de ese inefable tribunal arbitral desde su inicio, no puede ser validado en el transcurso del tiempo. No cabe, ni jamás sería aplicable cláusula de Prescripción (usucapión).

Observemos otro aporte: El Acuerdo  de Ginebra  reabrió y colocó en tela de juicio la injusticia de aquella incongruente y ominosa sentencia arbitral; disparate internacional, que tanto daño causó a nuestra soberanía territorial y dignidad nacional.

El Acuerdo de Ginebra devela en su forma y fondo que la controversia existe, que está viva; las partes así lo reconocen y suscriben explícita y expresamente; y que a dicha controversia, derivada de la contención señalada por Venezuela, hay que buscarle una “solución práctica”.

 El Acuerdo de Ginebra se atreve a enjuiciar el Principio de la “cosa juzgada”; no obstante, considerar que el Derecho Internacional Público se fundamenta en el respeto de las decisiones arbitrales y judiciales; y que ha habido una tendencia en el mundo a aceptar la jurisdicción obligatoria de los Tribunales Internacionales; con las debidas exceptualidades y limitaciones a específicas jurisdicciones.

Luce interesante prestar atención a dos enunciados, considerados desacertados en el texto del Acuerdo de Ginebra: primero, con este instrumento se conduce la búsqueda del “arreglo práctico” del litigio siguiendo el procedimiento que señala el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

Bastantes opiniones se inclinan por señalar que la búsqueda de un “arreglo práctico” es incompatible con la naturaleza de un de un Tribunal de Derecho. 

Ningún Tribunal de Derecho procura un “arreglo práctico”; aplica el derecho exclusivamente o sentencia con base en la equidad; si va a decidir “ex aequo et bono”.  Recordemos, que por determinación del Secretario general de la ONU, ya el caso se encuentra en las instancias de la Corte Internacional de Justicia. 

Allí no hay posibilidad de conducir las cosas para que concluyan con un “arreglo práctico”.

El mecanismo del “arreglo práctico” es útil y sirve hasta el acto de mediación; porque es compatible con la figura del mediador- buen oficiante sugerir algún tipo de “arreglo” bajo esas características. 

Conocemos que la historia de la mediación y la conciliación se ha orientado, ligeramente, en ese sentido; pero, para alcanzar una solución al asunto litigioso que nos ha ocupado, resultará difícil, por cuanto la Contraparte ya no admite conciliadores, mediadores, ni Buenos Oficiantes.No es poca cosa la Pretensión Procesal de Guyana.

No podemos pasar por desapercibida la hábil maniobra diplomática de los representantes de Gran Bretaña al combinar, en el Acuerdo de Ginebra, estas dos figuras: “búsqueda de un arreglo práctico”, con la segunda parte “surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 es nulo e írrito”. En esta conexión tramposa estriba en que haya transcurrido tanto tiempo, sin vislumbrarse nada en concreto.

 

La excolonia británica no maneja remilgos para insistir por ante el Alto Tribunal de la Haya, en el citado escrito de demanda, para que esa instancia jurídica confirme “la validez legal y efecto vinculante” del Laudo Arbitral de París de 1899.  Y Nosotros a ese adefesio jurídico, en Venezuela siempre le hemos dado la calificación de nulo e írrito. 

Nuestros  señalamientos responden a los suficientes e irrebatibles asideros jurídicos que poseemos: Títulos traslativos que nos confieren la absoluta razón.

 Por si fuera poco, la Parte guyanesa solicita también que la CIJ determine que la cuestionada maniobra jurídica fue una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de todos los asuntos pertinentes a la determinación cartográfica entre Venezuela y la excolonia británica.

Cabe aquí una inmensa pregunta; por cierto, nunca respondida hasta ahora, por ningún gobierno británico ni guyanés: ¿Por qué, entonces, suscriben y admiten el Acuerdo de Ginebra? 

Poseemos una expresión, que se agiganta con el tiempo, cada vez que aflora   este discernimiento: el citado Laudo fue una añagaza política-diplomática; y por lo tanto no posee, eo-ipso (en sí mismo), la eficacia legal.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha considerado, prioritario y necesario, que ese Tribunal debe estar informado de todos los motivos de hecho y de derecho, en el que las Partes basan sus respectivas posiciones. 

La Corte Internacional de Justicia, en su ya conocida Orden del 19 de junio del 2018, ha fijado los lapsos para que las Partes conflictuadas presenten sus respectivos escritos. 

Guyana lo hizo, y se fue con todo, el 19 de noviembre del 2018. 

La demanda guyanesa la leímos, analizamos y   concluimos  que Guyana está dispuesta a “quemar las naves” en esta ocasión. Va por todo o nada. No quiere más demoras ni arreglos a través de otro “Buen oficiante”. Está decidida a que la CIJ aplique el “Arreglo Jurídico”, como otro elemento contenido en el artículo 33 de la Carta de la Naciones Unidas; sin que les importe el carácter de sucesividad o secuencialidad de las opciones, contempladas en la citada norma, para solucionar contenciones entre Estados.

Corresponde a Venezuela, como Parte en el litigio, elaborar y consignar para el 18 de abril de este año un documento enjundioso: Memorial de Contestación de la demanda.

Resulta válido que Venezuela se dé por citada y asista, con el propósito de dejar sentado que no acepta la competencia de la CIJ, para dirimir la contención que sostenemos en el Acuerdo de Ginebra. Venezuela no ha suscrito nunca el Pacto de Bogotá de 1948. 

El Principio de la No Comparecencia es perfectamente admisible, conforme a la doctrina del Derecho Internacional Público.

Guyana puede insistir unilateralmente en presentar su solicitud para iniciar los procedimientos ante la Corte sin tener el consentimiento de la otra Parte en litigio.

En la particular resolución de la Corte Internacional de Justicia quedan asentadas, explícitamente, algunas interesantes consideraciones, que describimos de seguidas: (1) Venezuela preserva las posibilidades de hacer valer sus Derechos Procesales. (2) Debe resolverse, primero, la cuestión de la jurisdicción de la Corte. (3) Es obligante que   se determine por separado: jurisdicción de la Corte y el Proceso, antes de cualquier decisión de fondo (artículo 38-5, del estatuto de la CIJ). (4) La Corte debe decidir, como prioritario, si esta instancia tiene competencia para sentenciar sobre tal caso.

En otro sentido, Venezuela puede avalar la jurisdicción de la Corte por medio de una declaración, o a través de   acciones sucesivas que suponen su aceptación; por ejemplo: presentando un escrito, adicionando memorias y contramemorias en la fases escrita y oral, promoviendo testigos, compareciendo, de manera recurrente a la citas, aceptando el cronograma de entrevistas, aportando documentación,  solicitando copias certificadas de las audiencias, discutiendo con los coagentes demandantes ante la Corte.

Estaríamos, sin lugar a dudas, en presencia activa del conocido Fórum Prorogatum. Venezuela, el Estado demandado, aceptaría a la CIJ, como propia y competente para decidir. 

Luce impropia y extemporánea tener como materia de discusión, en la actualidad, la supuesta competencia del Secretario General de la ONU, para remitir a la Corte Internacional de Justicia la controversia por la Guayana Esequiba.

La remisión ya se ha cumplido, a pesar del carácter de enrevesamiento redaccional del numeral segundo, del artículo IV, del Acuerdo de Ginebra. 

Corresponde, entonces, concienciar, entre los compatriotas venezolanos,  que este es un asunto de Estado, y que los reclamos intentados por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no se sustentan en caprichos, reacciones intemperantes, desproporcionadas  o injustas. 

Debemos insistir en las instancias internacionales, trátese o no de la Corte Internacional de Justicia, que poseemos los Justos Títulos que conforman, a su vez, las razones y argumentos  jurídicos y sociohistóricos que nos asisten.

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Última actualización el Domingo, 24 de Febrero de 2019 16:31
 
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