La vulneración del derecho a la información en Venezuela durante la hegemonía del chavismo-madurismo ha sido claramente anticonstitucional.

El norte de la hegemonía gramsciana siempre fue la dictadura actual, la censura y la autocensura; y su deriva totalitaria  no sólo ha implicado la vulneración de la libertad de expresión, sino también  la conculcación de la privacidad, como expresión de la voluntad de invadir todos los dominios públicos y privados del individuo, más allá de los definidos tradicionalmente como típicamente comunicacionales.

A las ominosas listas de persecución y control sociopolítico (Tascón, Maisanta, Clap) se unen ahora el irrespeto flagrante del secreto de las comunicaciones móviles y la violación del domicilio, es decir, la invasión de la privacidad clásica y la confiscación novísima de los datos personales, amenazadas aún más, hoy día, con el carnet de la patria.

El reciclado hegemón indicó recientemente que la bondad de este último radica en que con dicho proceso de carnetización estamos retratados todos. Con la compra por número de cédula de identidad y en cantidades específicas, hemos perdido la libertad de consumo, entre otros derechos.

La informática y en general las tecnologías de la información y la comunicación, han servido a las metas de un poder autoritario con tendencias totalitarias que algunos califican de tiránico.
El cerco y el blackout informativo impuesto por la censura y autocensura en los medios de radiodifusión masivos se han evidenciado radicalmente con la intensiva resistencia y protesta cívica que se inauguró en el mes de abril de 2017. El régimen  actual acabó con el carácter instantáneo y simultáneo de la noticia televisiva y ha limitado grandemente el acceso a la información en distintos medios y canales. La política oficial ha impulsado el cierre directo de ciertos medios independientes y ha  obstaculizado el acceso al papel en los medios impresos, coadyuvando al cierre indirecto de otros medios.

Además, podemos mencionar el bloqueo y hackeo de algunos sitios web o la ralentización estratégica del servicio de internet, que de por sí es uno de los más lentos del mundo. De hecho, se ha erigido una
barrera de acero a la información pública de cualquier tipo, desde la estrictamente económica (BCV) hasta la epidemiológica (MPPS). Si a esto le añadimos la propaganda sistemática del monstruoso sistema de medios oficialista, comprendemos los orígenes de las consuetudinarias posverdades o neomentiras totalitarias.

Algunos medios de comunicación han sido adquiridos por boliburgueses o testaferros del oficialismo y han presentado una falsa imagen de equilibrio y neutralidad. En los medios audiovisuales han desaparecido los programas de opinión y el periodismo de investigación brilla por su ausencia. En su resistencia democrática, los ciudadanos han contrarrestado esta situación con el uso de  las redes sociales y con el acceso parcial y limitado al periodismo independiente que ha resurgido en los últimos años, y al periodismo tradicional, nacional (El Nacional Web, Tal Cual, entre otros) y regional; que ha logrado sobrevivir a pesar de todos los embates gubernamentales. Lo cierto es que un grueso número de periodistas han decidido dignificar su profesión y han procedido a consumar proyectos de periodismo digital independiente con resultados loables. Por una parte, podemos resaltar a Efecto Cocuyo, Vivo Play, VPI, Caraota digital, El Pitazo, el Servicio de Información Pública y El Estímulo. Por otra parte, podemos mencionar también a La Razón, La Patilla, Runrunes, Opinión y Noticias, Crónica 1, El Venezolano TV y Maduradas.

Dentro de este periodismo alternativo, corajudo y libertario, cabría agregar sus expresiones radiales. El trabajo de todos estos medios no ha sido nada fácil en un contexto sociopolítico signado por  el irrespeto de los derechos civiles de la ciudadanía y el terrorismo de un estado forajido.  Los reporteros de estos medios se han presentado en las manifestaciones pacíficas de la oposición venezolana para registrar la represión brutal de los cuerpos policiales y paramilitares del régimen de Maduro. Con ello, han sido flanco de agresiones físicas, humillaciones, robos de equipos audiovisuales y todo tipo de maltratos por parte de la envilecida Guardia Nacional Bolivariana.  Allí donde la contrainformación oficialista intenta confundir y la emocionalidad vehiculada por la información ciberciudadana puede obnubilar; este periodismo acota, verifica y confirma las fuentes pertinentes.

La hegemonía se ha instaurado en todos los ámbitos de la sociedad y en la comunicación en particular, sobre la base del irrespeto de la constitución del año 1999, la cual consagra la comunicación libre y
plural, garantiza la información veraz y oportuna, y prohíbe la censura, además de establecer el habeas data o protección de la data de carácter personal. Esa vulneración de la constitución vigente se ha impuesto de la mano de la promulgación y aprobación de una serie de leyes inconstitucionales. Con la constituyente se pretende blindar jurídicamente  a la hegemonía totalitaria en general, y al control mediático en particular. La constitución vigente es democracia política y comunicativa, porque su articulado garantiza los derechos comunicativos fundamentales. Por el contrario, la constituyente es sinónimo de hegemonía y esta última, equivale a una dictadura fáctica que se transmutará en totalitarismo.

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