Caracas, Jueves, 24 de Abril de 2014
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Secuestro express a ritmo de vértigo
Escrito por Enviado por I.A.   
Nadie quiere oír una frase como esa, pero todos están expuestos. La modalidad de los plagios cortos se masifica en Caracas al amparo del silencio de las víctimas y de la impunidad. Las autoridades admiten que necesitan ayuda ciudadana para actuar

La sensación de tener el brazo dormido se convirtió en algo insoportable. Había pasado un buen rato inmóvil recostado en el asiento trasero del vehículo. No sabía dónde se encontraba, ni adónde lo llevaban. Tampoco podía ver nada alrededor: con su corbata le taparon los ojos. Se estiró levemente para colocarse en una posición más cómoda.

La reacción fue inmediata: "¡Si te mueves así otra vez, te quiebro!". El grito de su guardián, de piel morena y quizá 25 años de edad, lo sacudió.

No era una pesadilla, sino algo real y peor: un secuestro. Que haya sido express duró sólo cinco horas  no le impidió saborear el miedo: "Me dijeron que si colaboraba no pasaría nada. Pero vives un sube y baja emocional, los pensamientos se aceleran, temes que pase cualquier cosa. No soy creyente, pero rogaba a Dios que todo saliera bien".

El plagio comenzó con otro grito semejante: "¡Bájate o te quiebro!". Lo interceptaron dos hombres armados a la medianoche de un miércoles, cuando esperaba que abriera el portón del estacionamiento de su residencia en Santa Mónica. Conducía una camioneta rústica. Obedeció la orden, pero entendió que los delincuentes querían llevárselo a él también.

En los primeros momentos, iba en el asiento trasero de su vehículo. Su custodio no había reparado en la utilidad de la corbata y sólo le tapaba la vista con las manos. Por ese detalle le pareció un novato. Enfrentó un interrogatorio aturdidor: "Me preguntaron dónde trabajaba, qué hacía, dónde vivía, cuántos carros tenía". Más adelante, en otro lugar, lo cambiaron de automóvil y un hombre, aparentemente el líder del grupo, ordenó irritado vendarle los ojos. Fue quien llamó a la familia de ese profesional, de 30 años de edad, con la exigencia de un rescate millonario.

El secuestro express se propaga a velocidad de vértigo en Caracas amparado en una cúpula de silencio: las víctimas apenas se atreven a denunciar y cumplen la máxima de pagarle a los captores y callar.

Apenas 60 casos fueron reportados durante los primeros 5 meses del año ante la División Antiextorsión y Secuestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Los funcionarios no se engañan a sí mismos con esa cifra, que consideran minúscula frente a la magnitud del problema. Calculan que hasta 9 de cada 10 personas no informan a las autoridades. Un patrón así permitiría concluir que la estadística sólo refleja 10% de los casos y que, en realidad, habría aproximadamente 600 víctimas en la ciudad a lo largo de este año, un promedio de 30 cada semana.

Las proyecciones del Observatorio Venezolano de la Violencia van más lejos: indican que en el país se perpetraron aproximadamente 8.500 secuestros express el año pasado, según cálculos basados en estudios de victimización propios y en los realizados por la extinta Comisión Nacional de Reforma Policial.

Hace cuatro años el comisario Joel Rengifo, entonces jefe de la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc, se empeñaba en transmitirle tranquilidad a la ciudadanía porque consideraba prácticamente erradicada esa modalidad implantada en Venezuela a finales de los años noventa.

Era la época en que la película Secuestro express de Jonathan Jakubowicz se exhibía en las carteleras de cine y hacía desear a los espectadores que nunca les tocara el número de la mala suerte. Desde entonces, ha ocurrido un rebote.

Los policías y los expertos coinciden en que hay un proceso de atomización, que multiplicó la presencia de hampones comunes en el negocio.

Los delincuentes van detrás de la promesa de El Dorado, gracias a una ecuación que incluye ganancias rápidas a cambio de una pequeña inversión de recursos y una operación sin castigo. Perfeccionaron la selección de las víctimas, las fórmulas de negociación y los lugares y momentos de ataque.

El miedo salpica en la ciudad, donde crece la sensación de que todos son vulnerables y que nada detiene la ola que opaca esos días cuando bastaba llevar a la gente a ordeñar los cajeros automáticos.

Nuevos actores

"La impunidad y la facilidad con la que se puede cometer el delito están relacionados con el auge que vemos", afirma Fermín Mármol León, ex ministro de Justicia, ex director de la policía científica y experto en plagios. Los secuestros prolongados exigen un despliegue logístico que sólo pueden hacer grupos organizados: basta pensar en las implicaciones de mantener oculto a un cautivo por meses o años. "En la versión express los recursos y costos operativos son mínimos y por eso están al alcance del hampa común".

El esquema empleado por los delincuentes, en líneas generales, es así: actúan en grupos pequeños, de tres a cinco miembros, lo que garantiza una mejor repartición de los ingresos. Suelen mantener a la víctima en vehículos en circulación. Prefieren actuar de noche o de madrugada. Evitan los últimos días de la semana para no toparse con operativos policiales (la presencia de funcionarios se intensifica a partir de los jueves) y para garantizar las primeras horas de la actividad bancaria del día si los parientes de los cautivos requieren una transacción matutina.

El mecanismo ha promovido, según funcionarios del Cicpc, una migración de la "mano de obra". "Ahora ladrones de carros, de quintas y hasta de blindados están secuestrando por todas partes e incluso podemos decir que ha habido una reducción de esos delitos", asegura un comisario.

Cada vez se advierte más la presencia de secuestradores muy jóvenes, con edades que rondan los 20 años. "En algunos casos he visto muchachitos recibiendo el dinero. A veces cometen errores y serían detenidos fácilmente si la policía estuviera enterada", señala Mármol León. Otra tendencia advertida por investigadores y por las víctimas es la participación de muchachos de clase media: los cautivos los identifican por la forma de hablar. Es un síntoma de la amplitud adquirida por la modalidad.

La atomización en la autoría de los plagios constituye una dificultad importante para los organismos de seguridad.

Elisio Guzmán, director de la Policía de Miranda, afirma que resulta más complicado desarticular muchas bandas de pocos integrantes, que hacer lo mismo con un gran grupo organizado: "Puedes detener a algunos, pero quedarán muchos haciendo lo mismo".

La segunda gran dificultad es la falta de denuncias. Es el resultado de la estrategia que utilizan los delincuentes. Amenazan con efectividad: repiten, por ejemplo, que tienen infiltrada todas las policías capitalinas y que nadie las contactará sin que ellos se enteren antes.

La retención de información personal de las víctimas hace creíble una posible retaliación.

La mayoría de las veces no se quedan con los automóviles de los cautivos para evitar reportes a las autoridades. Luis Carrasquel, director de la Policía de Baruta, pide ayuda: "Si los agraviados no hacen la denuncia, al menos pueden darnos información para saber cómo actuar y no estar a ciegas".

Blancos y lugares. La negociación se completó con cuatro llamadas telefónicas. Los parientes y allegados hicieron una recolección de fondos que no alcanzó el monto de la primera exigencia de los plagiarios. Un hombre de la familia fue designado para llevar el rescate. Lo guiaron por teléfono hasta un barrio en el centro de la ciudad. Ahí estaban los cobradores, en plena calle. No los pudo ver porque lo deslumbraron con los faros de sus vehículos. Poco tiempo después, liberaron al secuestrado. "Varias veces me dijeron que faltaba poco para soltarme. Tardé en reconocer dónde estaba. Me dieron dinero para tomar un taxi y me indicaron dónde habían estacionado mi camioneta".
 
La mayoría de las veces quienes se dedican al secuestro express no hacen un estudio previo de sus víctimas. "Dicen que salen a buscar un venadito por ahí", expresa Mármol León. Además del vehículo, la apariencia personal orienta a los delincuentes. Si bien la selección del secuestrado es en cierta medida aleatoria, hay criterios básicos: personas solas o parejas son los blancos predilectos.

También hay una tendencia creciente al plagio de universitarios y profesionales jóvenes. La explicación, según los expertos, es facilitar la movilización del dinero. "Si te llevas al papá o a la mamá, el hijo tendrá más problemas para recaudar el rescate".

También hay víctimas en los sectores populares. Los conductores de transporte público y los parientes de los comerciantes e industriales han padecido esas situaciones.

No siempre lo recogido por los familiares en medio de la emergencia satisface la exigencia inicial de los plagiarios.

Estos aceptan, incluso, equipos electrónicos como Ipods y computadoras personales, y joyas. Hay testimonios de personas remitidas a empeñar objetos de valor en bingos, versión que ha sido rechazada por voceros de estas casas de juego. Mármol León recuerda que es común el método de la bolsa plástica. "Metes lo recogido adentro para simular que se trata de basura y nadie tenga interés en llevárselo".

Los lugares. El sureste de Caracas que abarca urbanizaciones de los municipios Libertador, Baruta y El Hatillo  es una de las zonas más afectada por el delito. También hay reportes sobre la incidencia en áreas determinadas de Sucre y Chacao. Una lista mínima podría incluir a Colinas de Santa Mónica, Los Chaguaramos, Valle Abajo, Colinas de Bello Monte, Las Mercedes, El Cafetal, La Castellana, Altamira y Mariches.

Las organizaciones de vecinos se han convertido en cajas de resonancia del problema. José Rafael González, presidente de la Asociación de Vecinos de El Cafetal, no adelanta números pero afirma que la incidencia es alta.

Una opinión semejante a la de Beatriz de Mancera, dirigente vecinal de La Lagunita, quien agrega que el miedo se ha instalado en los hogares.

Félix Vásquez, del movimiento vecinal de Santa Mónica, afirma que se ha enterado durante el año de siete casos ocurridos en el área y en Los Chaguaramos. Agustín Coll, director de la Asociación de Residentes de y Altamira y La Castellana, pide precaución a quienes acostumbran visitar Sabas Nieves. Un pariente se safó hace poco de un ataque en el lugar. Los comerciantes de Mariches han señalado que cada dos días hay una nueva víctima.

Carlos Meza, director de la Policía Metropolitana, explica que mantienen una estrategia disuasiva a través de los puntos de control itinerantes: los funcionarios tienen instrucciones de revisar con cuidado los autos para advertir si adentro van personas contra su voluntad. "En el último mes frustramos dos secuestros express.

El de un estudiante de un liceo de Los Teques y el de una empleada del Centro Simón Bolívar", precisa el comisario. "No negamos que existe el problema, aunque no sería responsable hablar de cifras porque el organismo encargado de recibir las denuncias es el Cicpc".

La estrategia de reforzamiento de los puntos de control también es empleada por otros organismos de seguridad como la Policía de Miranda y la de Baruta. Luis Granados, recién designado director de la Policía de El Hatillo, también afirma que trabajan por la ampliación de la matrícula de funcionarios y por la instalación de "portales de seguridad", una suerte de puntos fijos de control con cámaras en los sitios sensibles.

Miguel Furelos, director de la Policía de Sucre, ha pedido colaboración de los afectados y ha admitido que ha recibido reportes de la participación de policías en las bandas. Emilio Graterón, alcalde de Chacao, se mostró optimista en una declaración de mayo en la que dijo que la estadística se redujo 86%.

Pero nadie quiere convertirse en algo más que un personaje de la película de Jakubowicz: en un secuestrado de verdad, verdad.
 
 
 
EL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ TIENE PENDIENTE PROMULGAR LA LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN
El dilema de pagarle a un plagiario
 
La Asamblea Nacional sancionó un nuevo instrumento legal para combatir a los delincuentes que piden dinero por víctimas en cautiverio.

La polémica volvió al tapete porque los fiscales conservan la potestad de congelar los bienes de los agraviados y sus parientes para impedir que se entreguen rescates a los criminales

En los momentos más tensos de la negociación escuchaba la frase que repetía uno de los secuestradores: "Si siguen así, los vamos a matar a los dos". Se encontraba cautivo junto con su novia, ambos universitarios de 23 años de edad, en un vehículo en marcha. No podía oír lo que decían al otro lado del teléfono celular, pero suponía que eran ofertas que no se aproximaban a las exigencias de los delincuentes.

Estaban sometidos a la voluntad de dos hombres armados en el automóvil y dependían de familiares y allegados: "Pensaba que de verdad podían matarnos a los dos".

Estuvieron en manos de los plagiarios por poco más de tres horas. Los liberaron después de la 1:00 am. Los secuestradores ordenaron llevar lo recogido a una parada de autobuses ubicada en el municipio Sucre. El enviado recibió instrucciones de colocar una bolsa con lo recogido debajo de un vehículo. Pagaron, no denunciaron y los estudiantes recuperaron la libertad. La ley orgánica contra los secuestros y la extorsión, sancionada por la Asamblea Nacional hace dos semanas, adelanta un paso: reconoce formalmente los plagios express, aunque los califica de "breves", y establece castigos de 20 años de prisión para quienes se arriesguen en esa empresa.

Es un detalle dentro de una ley que mantiene abierta la controversia. Otorga al Ministerio Público la facultad de inventariar y congelar los bienes de las víctimas y sus parientes con el fin de bloquear el pago a los delincuentes. La idea, en el papel, es evitar reforzar a las bandas criminales, que emplean el dinero de las víctimas para reinvertir en nuevas acciones. La potestad de los fiscales se mantiene en cualquier caso de plagio, aunque en los secuestros de menor duración sería seguramente muy difícil de aplicar. Además prohíbe los créditos, fianzas y avales para cancelar secuestros y extorsiones, con lo cual pueden ser sancionados los banqueros que las autoricen.

Fermín Mármol León, experto negociador en casos de secuestro, considera negativa la posibilidad de evitar el pago de rescates. "Es una medida que victimizaría doblemente a las personas que están en esa situación. Reforzaría la tendencia a no denunciar a las autoridades, cosa que recomiendo hacer para combatir los grupos dedicados a ese delito". Otro punto esencial está en la desconfianza de los ciudadanos a que se filtre a terceros, más allá de las autoridades, los datos de cuentas y bienes, y que ello multiplique los riesgos.

Los criterios coinciden con los que expuso Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, apenas se enteró del contenido del texto aprobado. "No se sabe qué puede sentir una persona o los familiares de un ciudadano secuestrado. Por eso creo que las leyes deben adaptarse a la situación, no pueden elaborarlas quienes no estén en lo cotidiano; deben ajustarse al hecho social y al momento histórico que se esté viviendo".

La ley fue sancionada en agosto pero nunca entró en vigencia porque el presidente Hugo Chávez no la promulgó, basado en un conjunto de observaciones que presentó entonces la Procuradoría General de la República. Por esa razón los diputados levantaron la sanción y cambiaron la redacción de 9 artículos. Otra vez está en manos del jefe del Estado y, transcurridos 25 días, aún no ha colocado su rúbrica y la orden del ejecútese.

El año pasado se presentaron 537 denuncias de secuestros, incluidos los express, de acuerdo con los datos del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. La cifra constituyó un tope histórico en el país. La forma delictiva se masificó.

De ser un fenómeno fronterizo, que afectaba principalmente a los ganaderos y que involucraba a la subversión colombiana, se convirtió en una realidad nacional, en la que niños, mujeres y ancianos son blancos no sólo de irregulares del vecino país, sino de grupos de la delincuencia organizada y de hampones comunes. La información oficial confirma que la mayoría de los casos se resuelve no por la presión policial o por los operativos de rescate, sino por el pago de recompensas por parte de los familiares. La sociedad civil, hostigada por el acoso, se ha movilizado para pedir acciones de las autoridades.

Genaro Méndez, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, considera que es inconstitucional que la ley antisecuestros mantenga las puertas abiertas para obstaculizar los pagos a los plagiarios. En todo caso, opina que debe ser un juez, y no un fiscal, quien ejerza la potestad. "Un tribunal podría escuchar a las dos partes y decidir". Recuerda que en Colombia se intentó aplicar el mismo principio y fracasó.

Las observaciones del gremialista resaltan las zonas claras y oscuras del instrumento legal. "Creo que lo mejor es que se publique cuanto antes, porque es necesaria y porque tendrá más efectos positivos que negativos. La realidad obligará a modificar aquellas disposiciones inviables, en el camino se enderezarán las cargas".

Los ganaderos, hace 20 años, promovieron un proyecto de ley antisecuestros y aún esperan por ella.

Méndez piensa que la imposición de penas máximas a los secuestradores y el endurecimiento en la administración de los beneficios a los penados desmotivará a los delincuentes, un criterio que es discutido por criminólogos que están seguros de que éstos le temen más a la acción de la autoridad que a las leyes.

Mármol León saluda, por ejemplo, que se haya establecido la obligación de colaboración inmediata de empresas de telecomunicaciones para la solución de los casos. Pero cuestiona otros puntos, como el que las policías regionales deban tener unidades de prevención contra el delito, porque le parece que no favorece la especialización ni la unidad de criterios en el combate al delito. La Policía de Miranda ya ha adelantado que no cuenta con recursos.

La propia fiscal general y los expertos opinan que es urgente que la Asamblea Nacional actualice el Código Penal para evitar la dispersión de leyes que tipifican delitos y sanciones. En un caso de secuestro, por ejemplo, puede aplicar además del propio código, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y ahora, de promulgarse, la ley que combate el secuestro y la extorsión. En nada de eso pensaban los novios cuando los liberaron: simplemente creían que era cierto que los podían matar.

 
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