Caracas, Miércoles, 16 de Abril de 2014
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La nueva Ley Orgánica de Educación
Escrito por Luis Loaiza Rincón   

altRecientemente, los ministros Luis Acuña y Héctor Navarro presentaron a la Asamblea Nacional un documento intitulado ‘Ideas para la elaboración de la Ley Orgánica de Educación’, con el que pretenden orientar a los diputados en su tarea de legislar sobre la materia educativa.


Esta iniciativa ministerial, y el contenido mismo del documento, motivó al liderazgo magisterial merideño, encabezado por Máximo Briceño, a promover, conjuntamente con Apula, un importante foro que se realizó este 16 de julio en el auditorio Silvio Villegas de nuestra asociación y que tuvo como eje temático la siguiente interrogante: ¿Ley Orgánica de Educación o Proyecto Socialista? Allí, en condición de ponente, me permití realizar algunas observaciones que ahora comparto de forma resumida.

Las premisas del documento

El documento presentado por los ministros parte de las siguientes premisas: 1) Que la Ley Orgánica de Educación debe ser un instrumento para consolidar el proyecto de sociedad articulado a la llamada “Revolución Bolivariana”; 2) Que esta revolución constituye una realidad irreversible; 3) Que el “Proyecto Educativo Bolivariano” es el producto de una amplia participación social y; 4) Que la “Educación Formal” es el más importante modelador de la sociedad.

Un análisis general de estas premisas nos permite indicar que si bien todo proyecto político de vocación hegemónica intentará construir e imponer un particular “proyecto educativo” con el objeto de reproducir a largo plazo su visión del hombre y la sociedad, la revolución chavista no constituye ningún hecho irreversible porque, además de ser un proceso en construcción, constituye un experimento impugnado por buena parte de la sociedad venezolana. Por lo demás, la historia es contingente y no hay procesos irreversibles. Podemos preguntarle a los rusos o a los chinos sobre tal aserto. La implantación de un nuevo modelo educativo, si se asume en un marco democrático, requiere de amplias alianzas y acuerdos, que van mucho más allá de los partidarios del proceso, a menos que se asuma la tesis del ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez: “sólo negociamos con los seguidores de Chávez”. No debería extrañarnos, entonces, que en lugar del consenso se termine imponiendo la arbitrariedad.

Señalar que el “Proyecto Educativo Bolivariano” es el producto de una “amplia” participación social constituye un gran engaño. Lo saben los maestros y los padres y representantes, lo sabe la AVEC y quienes impulsan la educación privada en Venezuela. El diálogo y el debate plural nunca han sido el fuerte de este régimen. No obstante, los ciudadanos tenemos mucho qué decir y hacer sobre este tema, pero debemos organizarnos para que nuestra voz se escuche con fuerza. Debemos participar en este debate y calificar nuestra opinión más allá de las frases prefabricadas. Resulta clave constituir redes solidarias para enfrentar esta pretensión y en la medida de lo posible estas redes deben tener resonancia internacional.

Finalmente, cuando se habla de educación no se puede ignorar que las nuevas tecnologías de la información han modificado radicalmente los parámetros tradicionales y que la “educación formal” sólo es parte de un complejo proceso que involucra a muchos actores formales e informales.

Cinco observaciones adicionales

Un análisis más profundo permite descubrir aspectos que bien merecen algunas observaciones adicionales sobre el documento en cuestión. 1) La propuesta ministerial es portadora de una visión utópica que hace mucho más énfasis en los fines que en los medios. 2) Está impregnada de un localismo que le resta contenido nacional y universal a los horizontes de la educación. 3) Se fundamenta en los aportes de un “Poder Constituyente Educativo” que nadie conoce y que, obviamente, no expresa la pluralidad de los actores sociales comprometidos con el hecho educativo. 4) Que dichos aportes prefiguran tanto la intención de establecer un marco normativo y ético para regular la educación pública y privada, como el desarrollo exponencial del control estatal del hecho educativo dentro de un determinado “proyecto socialista” y 5) Se plantea un esquema administrativo que resulta altamente excluyente y punitivo para con el personal docente público y privado.

Con la nueva Ley Orgánica de Educación se pretende, nada más y nada menos, impulsar desde la escuela la “salvación” del ser humano, erradicando sus tendencias individualistas y comprometiéndolo en la construcción de una “sociedad socialista” que se estructure desde el “trabajo colectivo”, la “internacionalización solidaria y cooperativa de los conocimientos”, a partir de un “proceso de liberación cultural” impulsado desde “el Poder Popular”, bajo la “indeclinable dirección del Estado”, conducido por un líder infalible.

La visión localista del proyecto resalta por la insistencia en acotar el ámbito educativo a la comunidad, como asiento del “Poder Popular” y a los “Consejos Educativos Comunales”. Hasta la Educación Superior debe enmarcarse en un proceso de “municipalización” que nadie sabe explicar. Lo cierto del caso es que es tan dañina una educación descontextualizada del entorno inmediato como una que no sepa equilibrar una mirada local, nacional y global.

El esquema administrativo del sistema educativo que los ministros presentan a los diputados de la Asamblea Nacional, implica, entre otras cosas, un estatismo asfixiante en virtud del cual el Estado se reserva la potestad de “orientar, dirigir, planificar, ejecutar, coordinar, supervisar, evaluar, asesorar, hacer control de gestión y seguimiento del proceso educativo en instituciones oficiales y privadas, nacionales, estadales, municipales, entes del Poder Público, medios de comunicación, instituciones universitarias oficiales y privadas, centros educativos y entes descentralizados que correspondan a institutos autónomos”; además de someter a los docentes a la certificación de su “idoneidad” (no capacidad) académica y a una evaluación que involucraría a “todos los sujetos que participen en el hecho educativo” (¿).

Sobre los aportes del Poder Constituyente Educativo

Estos “supuestos” aportes son seis: 1). La educación como derecho humano. 2) El Estado Docente. 3) La pertinencia de la educación. 4). El papel de los medios de comunicación. 5) Las misiones educativas. 6) La estructura del sistema educativo.

Sobre el primer punto no se realizan mayores observaciones por compartir sus enunciados. Sólo se acota que debe existir un necesario equilibrio entre lo individual y lo social. Cuando el elemento individual se exagera de tal manera que desaparece la noción de un bien común para la sociedad, se producen injusticias, desigualdades y problemas de orden social. Cuando se exagera el aspecto social, es decir el interés de una sociedad que no toma en cuenta los derechos de las personas individuales, vienen las dictaduras. En el equilibrio de estas concepciones encontramos la justicia. Sobre la particular conceptualización e interpretación que se hace del Estado Docente es necesario indicar que ésta refleja una vocación e intención controladora, monopolizadora e interventora del hecho educativo. No queda espacio para la familia que queda atrapada entre el Estado y el Poder Popular.

Se aprecia la adopción de la estrategia del aprendizaje por proyectos y se observa que si bien se consideran a los medios de comunicación como “instrumentos esenciales para el desarrollo del proceso educativo”, se les pretende OBLIGAR a desempeñar funciones “informativas, formativas y recreativas” que bien pudieran asumir a partir de una supervisión más técnica que ideológica. Sería muy importante también que los medios de comunicación controlados por el Estado contribuyeran “con el desarrollo de valores, conocimientos, cultivo del pensamiento crítico y actitudes para fortalecer la convivencia ciudadana”.

Las misiones educativas, como todo el mundo sabe, están mucho más orientadas a la cantidad que a la calidad y constituyen estructuras paralelas de débil regulación, cuyo único fin es el proselitismo político-ideológico. No sólo se trata de mantener las misiones sino de hacerlas más efectivas, abiertas y plurales.

En cuanto a la estructura del sistema educativo se plantea la necesidad de leyes especiales para el sistema de educación básica, superior, el ejercicio de la profesión docente y la formación docente en el país.

Es clara la intención de vulnerar la autonomía universitaria modificando lo establecido hasta la fecha sobre la duración, requisitos y certificados de la educación universitaria y eliminando la potestad de administrar los mecanismos de selección e ingreso.

Finalmente, no queda más que activarse y movilizar la opinión de todos los que aspiramos una educación basada en los valores del respeto, la excelencia académica, la libertad, la democracia, el pluralismo, la tolerancia y la solidaridad.

 


(*): Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes


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