Los acontecimientos políticos del presente año tendrán gran influencia en la realidad económica que viviremos. La crucial elección presidencial de octubre llevará al gobierno

a hacer todos los esfuerzos a su alcance para que el resultado de la misma le sea favorable. De allí que sea lógico esperar la implementación de una política de gasto fiscal ampliamente expansiva, caracterizada por la puesta en marcha de una serie de programas sociales, o misiones, a través de los cuales se canalicen ingentes recursos hacia las personas de menores ingresos, pero con una alta propensión al consumo, buscando así obtener los dividendos políticos que acciones similares le han generado en comicios pasados. Ello se traducirá en un intenso aumento de la oferta monetaria que avivará el consumo privado; el repunte de la demanda, a su vez, estimulará la actividad productiva, haciendo que el crecimiento de este año pueda ser algo mayor que el de 2011. Sin embargo, la limitada capacidad de respuesta del aparato productivo local, debido a la manifiesta ineficiencia de las unidades de producción estatalizadas, a la ausencia de inversión, y a la hostilidad y acoso a la que ha sido sometida la empresa privada, hacen prever que el aumento de la producción de este año sea de carácter moderado.

Por otra parte, se aprobarán una serie leyes por la vía habilitante o a través de la Asamblea Nacional, que busquen complacer a importantes segmentos de la población, cual es el caso de la Ley Orgánica del Trabajo, o se implantarán otras ya vigentes, como la Ley de Costos y Precios Justos, sin importar mucho las consecuencias económicas que su implementación pueda acarrear, tales como incrementos de los costos de producción, o la generación de pérdidas de consideración a productores o distribuidores de bienes.

Todo lo anterior tenderá a agravar las presiones alcistas de precios que padecemos, ya que además de repetirse los factores generadores de inflación de los años recientes, la exacerbación del gasto público y de la liquidez monetaria, la limitada capacidad de respuesta de la oferta local, el incremento de los costos de producción, y los mayores problemas de desabastecimiento que puede generar la agudización de controles de precios, pudiera traducirse en una inflación aún mayor que la del año precedente.

Una variable que puede experimentar un alto dinamismo es la compra de productos foráneos, ya que las escasas posibilidades de incremento de la producción interna se intentarán compensar con mayores importaciones, máxime si éstas pueden seguirse haciendo con dólares preferenciales artificialmente baratos.

A pesar de que existen razones sobradas para modificar los tipos de cambio oficiales controlados debido a que los mismos implican una alta sobrevaluación de la moneda, es poco probable que el gobierno esté inclinado a devaluar el bolívar en un año electoral debido al alto costo político que ello puede acarrear, máxime si los precios de exportación del petróleo se mantienen a lo largo del año en niveles elevados como los actuales.

En cuanto al origen de los fondos con que contará el gobierno para realizar los elevados desembolsos, hay que decir que, además de los altos ingresos petroleros que se esperan para este año, también dispondrá de cuantiosos recursos que ha acumulado en diversos fondos que administra directamente, particularmente en el Fonden, que se nutre de las reservas internacionales que le traspasa el BCV sin contraprestación ninguna, y de las cuantiosas transferencias que le hace Pdvsa. Incluso, si esos recursos no fueren suficientes, no me cabe duda de que el gobierno se seguiría endeudando irresponsablemente, y obligaría al BCV a seguir financiando gasto público con dinero inorgánico, como lo ha venido haciendo en forma creciente.

Las prioridades del gobierno en 2012 serán estrictamente políticas, y no vacilará éste en hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos, sin importarle los costos que ello pueda acarrear.

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