Vacunación, sector privado y juego suma positiva
Escrito por Enrique González Porras   
Viernes, 26 de Marzo de 2021 05:11

altEn la medida que los recursos públicos y la capacidad del gobierno para desarrollar una política pública de vacunación pública,

resulta notoria, pública y confesamente precaria; la actuación de privados permitiendo expandir el acceso del país a vacunas para avanzar en la inmunización no puede sino verse como positivo.

Ahora bien, no existe nada gratuito, en especial cuando se requiere tomar decisiones respecto al uso alternativo de recursos limitados -financiamiento, tiempo, insumos, vacunas, etc.-. Los efectos diferenciados ante las distintas alternativas implican un costo de oportunidad, de no tomarse la decisión más deseable dependiendo de cuál sea el objetivo -la inmunización de la población, la immunizacion de los trabajadores, la protección de la población vulnerable, etc.-, y de quienes detentan la gobernanza o los derechos en el proceso de toma de decisiones.

Lo anterior no significa que no hacer nada en el caso que nos ocupa es preferible a medidas que aceleren el control del vector de contagio para capitalizar los beneficios, entre otros, económicos de controlar los estragos generales de la pandemia COVID-19. Esto ya lo habíamos advertido en un artículo anterior, pero entendemos oportuno ser precisos sobre costos y beneficios, en un país donde la retórica populista y antieconomica ha sido adoptado por muchos.

El portal especializado en economía, Banca y Negocios, asoma que la adquisición de las vacunas por medio de la propuesta realizada por FEDECAMARAS sería afrontada por las empresas, para ser aplicadas a empleados y familiares directos. Siendo que la adquisición internacional de las vacunas implican pagar un precio, obviamente no son gratuitas, la pregunta es quién paga finalmente y/o quién financia su adquisición (así como lo beneficios derivados).

Más allá, por más que se asome y se asegure que tienen que ser los empresarios quienes carguen con el costo de la adquisición, la incidencia final de dicho costo, dependerá de las elasticidades de la demanda de trabajo, de la oferta de trabajo e incluso de la demanda de bienes y servicios producidos por la empresa en cuestión. 

Sin embargo, el beneficio económico que implique avanzar a cierta normalidad en los lugares de trabajo producto de la vacunación, implica, indudablemente, un beneficio económico sobre el cual puede participar diferenciadamente todos los stakeholder -empresarios, trabajadores, consumidores, el gobierno-.

En la medida que la gobernanza, derechos y permisos para adelantar esta “política” o estrategia de adquisición de vacunas reposa -cuando menos parcialmente- en manos del gobierno le permite acceder a 1.200.000 de las dosis adquiridas privadamente. Esta situación genera un efecto redistributivo y de transferencia de quienes terminen cargando con los costos de la adquisición en favor de aquellos a los que discrecionalmente -o no- el gobierno decida beneficiar.

En la medida que los trabajadores beneficiados por acceder a dichas vacunas no correspondan con correlación 1 a la población definida como de riesgo, los otros copartícipes de la gobernanza de dicha política, el sector privado que termina accediendo, verán satisfacer su objetivo independientemente de otro objetivo, ya de interés público, como sería proteger a la población vulnerable (igualmente podría ser utilizada la porción de 1.200.000 dosis para dicho propósito de interés público). Sin embargo, desde la perspectiva de incentivos, participación voluntaria en el programa propuesto y del valor económico creado a futuro por acelerar una reactivación económica, constituiría una mejora paretiana.

En la medida que los beneficios económicos -entre otros- de acelerar la immunización superen a los costos de adquisición de las vacunas que poseen un precio internacional no gratuitas, incluso independientemente de la regla de reparto del beneficio económico derivado de una immunizacion temprana y una reactivación económica, independientemente que parte de este beneficio sea aprovechado por el gobierno recibiendo 1.200.000 dosis debido a su gobernanza y coerción sobre el mecanismo -así como los impuestos asociados a la reactivación económica-; la sociedad venezolana se beneficiaría de la participación y de esta posibilidad que ofrece el sector privado.

La alternativa de no hacer mayor cosa en materia pública y confinar, podría terminar siendo lo peor de los dos mundos, e incluso podría representar una destrucción absoluta de bienestar a la sociedad (siendo mayores los costos que los beneficios agregados).

Sin menoscabo de lo dicho anteriormente para una situación puntual y apremiante producto del COVID-19, no deja de preocupar que en Venezuela no se entienda ni trabaje en favor de un estado, un gobierno y un marco institucional que facilite la proliferación de acciones, soluciones, intercambios y la oferta libre entre particulares por un lado, y una efectiva acción pública cuando existan fallas significativas de mercado. Por el contrario, en el primer caso se erigen barreras coartando libertades y derechos económicos -generando destrucción pura de bienestar- mientras en el segundo caso, responsabilidad del estado, se llama o se le impone a los privados a buscar soluciones privadas social y privadamente ineficientes.

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