El mecanismo que pretende perfeccionar el gobierno o cuando menos lo explicado hasta ahora por el ministerio de comercio

respecto al funcionamiento del mecanismo C2P, busca solucionar un problema del gobierno y no un problema de la sociedad venezolana.

Siendo que el Gobierno “produce” o imprime a su discreción bolívares y el bien escaso para éste son las divisas, pretende perfeccionar un mecanismo por medio del cual pudiera imponer gobernanza sobre las segundas. Si fuese creíble la responsabilidad del BCV y del propio gobierno de vigilar por la estabilidad de la moneda doméstica; de no imprimir bolívares inorgánicos y de esterilizar divisas; si fuese creíble que cualquier mecanismo cambiario oficial fuese transparente y neutro desempeñando una función de “bien público”; si no existiese sospecha sobre la necesidad de divisas por parte del gobierno y de sus grupos de poder para sus intereses; no tendría en un principio por qué imponerse obligatoriamente el mecanismo C2P propuesto.

En este orden de ideas, pretender, primero, que todos se encuentren bancarizados, para que, segundo, “obligatoriamente” depositen sus dólares en efectivo en el sistema bancario doméstico, para, tercero, utilizar un medio de pago asociado a dichos instrumentos de depósitos para afrontar sus transacciones de compras de bienes y servicios con precios en dólares -donde se exija pago en dólares-, para cuarto, compensar la transacción en bolívares al comercio, con lo que, quinto, el “mercado” oficial pueda alimentarse de las divisas depositadas y utilizadas en la transacción; busca fundamentalmente centralizar la gobernanza de las transacciones entre particulares en el Gobierno/BCV. El supuesto problema del cambio podría estar utilizado como excusa, especialmente cuando existen alternativas más eficientes beneficiosas para ambos particulares involucrados en las transacciones.

El problema radica en que, primero, transacciones entre agentes económicos difíciles de bancarizar y de difícil acceso al sistema de pago y compensación C2P -por ejemplo producto de digital illitericy o por constituir transacciones en el mercado informal y del “menudeo”- podrían continuar quedando fuera del sistema oficial pretendido; segundo, quien tasa sus precios en dólares no sólo lo hace referencialmente, en el caso que el comercio no pueda o no desee cargar con los costos transaccionales y los riesgos cambiarios de reponer las divisas correspondientes al valor del bien o servicio prestado en comparación al consumidor, puede que éstos continúen transando por fuera del sistema C2P propuesto -incluso sin necesidad de poseer mecanismos internacionales para llevarlos a cabo-, y, tercero, en la medida que el enforcement y las sanciones de prohibir mecanismos alternativos y privados para dar respuesta al problema sean poco creíbles no podrá disuadirse a favor del uso del mecanismo C2P propuesto.

En este sentido, el Ejecutivo Nacional prefiere reducir y/o poner en riesgo el número de transacciones generadoras de bienestar social, que satisfacen necesidades de los consumidores, y que financian actividades económicas tan requeridas, por su objetivo de centralizar y capturar divisas.

Mientras a nivel mundial los gobiernos han adoptado enfoques regulatorios de avanzada para justamente posibilitar el desarrollo de nuevos medios y sistemas de pago digitales, incluso por fuera del sistema financiero tradicional, incorporación la tecnología y las FINTECH; en Venezuela el Ejecutivo Nacional pretende imponer su mecanismo C2P a través del sistema bancario.

Aun cuando a nivel mundial se ha reconocido la solución que las tecnologías ofrecen no sólo en materia de medios de pago, por ejemplo porque los índices de penetracion de la telefonía móvil suelen superar a los índices de bancarización y porque la red digital resulta menos onerosa que la de brick and mortar tradicional de agencias bancarias, sino asimismo incluso respecto al otorgamiento de créditos; en Venezuela no se adopta un enfoque gubernamental de Sandbox regulatorio que exige comprender el ecosistema en su conjunto como posibilitador de soluciones en beneficio de las mayorías.

Lo anterior es evidencia del secuestro del estado y de las funciones públicas en detrimento de la sociedad. Dicha acción pública constituye un retroceso en el proceso de dolarizacion de hecho que ha ocurrido en Venezuela, y constituye cuando no una prohibición de los intercambios voluntarios entre ciudadanos venezolanos, una barrera en contra. Valga destacar que este constituye otro tema interesante para ser incorporado en la agenda de las eventuales o supuestas mesas de dialogo entre el sector privado y el gobierno.