La Asamblea Nacional y la legislación económica
Escrito por Enrique González Porras   
Viernes, 05 de Marzo de 2021 00:00

altCuando menos resultó decepcionante el anuncio en materia de legislación económica que hiciera el ejecutivo nacional y la Asamblea Nacional este martes

y miércoles 2 y 3 de marzo de 2021. Partiendo de una posición escéptica -de lado y lado-, ésta pudo constituir una oportunidad para el ejecutivo nacional y para la Asamblea Nacional para enviar un mensaje que efectivamente quebrara con las expectativas negativas o mejor dicho las nulas expectativas que la mayoría podrían respecto a la posibilidad de un cambio positivo en materia institucional y económica en Venezuela.

Mucho ruido y pocas nueces. Se anuncia una agenda que contemplarían 34 leyes, la mayoría vigentes para su modificación e inclusión de conceptos y “categorías” relacionadas con el discurso oficial socialista. Por su parte, la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo habría anunciado escasamente -según informan portales especializados en economía y negocios como Banca y Finanzas- dos leyes, la Ley de Regionalización para el desarrollo socioproductivo de la patria y Ley Constitucional de Inversiones Extranjeras y zona de regulación.

Lamentablemente no se anunció nada sobre leyes económicas que requerirían modificación casi totales o que deberían ser derogadas como los casos de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Precios Justos, respectivamente.

Si bien resulta preferible que aquellos diputados que tienen responsabilidad en materia de legislación económica sean expertos en el tema económico, ciertamente podría no ser así, siempre y cuando cuenten con un grupo de asesores expertos en las distintas aristas del tema económico y exista un proceso de discusión de las leyes abierto, transparente y plural, así como los respectivos análisis costo beneficio que justifiquen a dichas normativas.

No es de conocimiento público que exista dichos grupos de asesores a la actual Asamblea Nacional ni a la Comisión de Economía, que puedan identificar, a lo largo de las leyes vigentes, oportunidades de mejora en la normativa económica, que puedan asomar la caducidad de muchas de las leyes vigentes o que puedan identificar su poder distorsionante en la medida que han generado más trabas que soluciones a la economía. Asimismo, basados en la experiencia, los procesos de discusión pública, tipo “parlamentarismo de calle”, dejan mucho que desear respecto a las buenas prácticas y a la incorporación efectiva de observaciones realizadas por los distintos stakeholders.

Más preocupante resulta el hecho que en el seno de dicha Asamblea y de la Comisión de Economía no se ha asomado discusión alguna respecto a los principios básicos de una sociedad de progreso que requiere un marco institucional que efectivamente constituya un esquema de incentivos, respecto y resguardo de los derechos de propiedad, la libre iniciativa, la libre competencia y el de Interés Económico General.

Un buen inicio sería haber definido al Interés Económico General como objetivo de un Estado Benevolente que debería procurar maximizar el Bienestar Social. Lo anterior permitirá tener un marco teórico y normativo que serviría de referente y guía a la hora de analizar el marco institucional y regulatorio en materia económica (en consecuencia podría ayudar a utilizar eficientemente los recursos legislativos con la mayor y mejor incidencia sobre la economía y el bienestar de los ciudadanos).

Analizar y revisar el estatus actual del respeto de los derechos de propiedad y la libre iniciativa en Venezuela, así como avanzar en el diseño de límites y contrapesos al poder del Estado sobre los particulares, resulta absolutamente crucial. Por más que parezca un tema bastante claro y superado a esta altura de la humanidad, en Venezuela la precariedad institucional ha hecho que las libertades económicas constituyan una concesión graciosa del gobierno -algo que de no resolverse, no hay retórica que valga-.

Siendo que la labor anterior resulta fundamental y refundacional, posteriormente -la verdad simultáneamente- podría pasarse a temas específicos que responden a naturalezas regulatorias particulares que en Venezuela se han desvirtuado absolutamente, que han sido suprimidas o que no cuentan con vigencia ni aplicación alguna.

1.- Restablacer un régimen de Protección al Consumidor, con mayores microfundamentos constituye una labor pendiente.

2.- Actualizar la Política y la Regulación de Defensa de la Competencia incorporando institutos jurídicos modernos y microfundamentados resulta crítico, no solo por la importancia de dicha naturaleza regulatoria en sí misma, sino por la oportunidad que a partir de su discusión se comprenda la importancia de los principios de la competencia en los mercados como mecanismo eficiciente en favor de objetivos como el crecimiento económico y la equidad.

3.- Actualizar el marco normativo del sector TIC, unificándolo ante la tendencia de convergencia en dicho sector, siguiendo las buenas prácticas internacionales y atendiendo a la transformación de los modelos de negocios y su incidencia sobre el Interés Económico General que ha ocurrido durante los últimos años.

4.- Actualizar y cambiar la visión de la Regulación Económica en Venezuela, estando microfundamentada para evitar discrecionalidad por parte de las autoridades y del ejecutivo nacional, constituye una condición necesaria, más allá de la necesidad de discutir y derogar normas específicas como la Ley de Precios Justos, para evitar a futuro arbitrariedades, que al ser anticipadas por los agentes económicos condenan al país a la ausencia de inversiones en el futuro.

Finalmente, los stakeholder, aquellos más organizados o menos organizados, deben haber hecho suyo todos y cada uno de los temas mencionados, para presentarlos no sólo ante la Asamblea Nacional y el ejecutivo nacional, sino ante la sociedad para que evalúe cuán eficiente y desinteresada está siendo la labor de estas últimas instancias públicas en favor de la recuperación económica y del cambio de modelo económico hacia uno de progreso.

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