Más controles de precios: caso Simple TV
Escrito por Enrique González Porras   
Viernes, 29 de Enero de 2021 00:00

altLas empresas no pueden asumir toda la carga de la inflación, bien sea realizando incrementos de salarios que no se correspondan con mejoras de productividad,

ni congelando sus precios -o peor aún reduciéndolos en términos reales- para garantizar asequibilidad de sus bienes y servicios, so pena que sus costos continúen aumentando, sus márgenes se pincen y produzcan a pérdida.

Los controles de precios, especialmente aquellos del tipo imposición de precios sobre todas y cada una de las versiones y productos que un oferente tiene en su menú; resultan altamente distorsionantes, cuando no condenan en el corto plazo la calidad, el mantenimiento de las inversiones y mantenimientos, y a partir de allí la sostenibilidad de las empresas.

En muchos sectores económicos en Venezuela se han impuesto de hecho controles de precios durante periodos de tiempo muy prolongados, incluso contrariamentea a lo estipulado en ciertas leyes y normas vigentes que definen un régimen de precios libres y un régimen de concurrencia para dichos sectores económicos. Los efectos de dicha política prolongada de controles de precios están a la vista. Por un lado ha resultado absolutamente inocua para evitar la pérdida de poder de compra de la moneda doméstica, ni para que tengamos un sueldo mínimo inferior a 1 US$. Por el otro lado, ha hecho inviable e insostenible a empresas y a la provisión de bienes y servicios, condenándolos al colapso o a su desaparición.

Está claro, basados en la evidencia, que dicha política de control de precios en nada contribuye al control de la inflación -fundamentalmente porque no ataca sus causas-, y que por el contrario genera mayores distorsiones -mercados negros donde se determinan niveles precios que vacían dichos mercados, muy superiores a los mercados primarios o formales, así como la desaparición de la oferta en última instancia-.

El martes 26 de enero de 2021 el ministerio de Comercio habría anunciado que determinará estructuras de costos e impondrá los precios de la oferta que Simple TV podrá realizar en el país.

La naturaleza de las empresas es llegar a sus clientes, satisfaciendo sus necesidades, lo que origina la creación de valor para ambas partes y a partir de allí generándose ingresos producto de intercambios voluntarios, así como los incentivos para realizar las inversiones y continuar con las operaciones. Ahora bien, cada sector económico posee una caracterización idiosincrática y modelos de negocio que explican la forma y estrategias de tarificación utilizadas.

El sector de servicios TIC y el de servicios de televisión paga, suelen caracterizarse por importantes inversiones en infraestructura y tecnología, así como tareas de administración, mantenimiento y renovación significativas implicando un CAPEX -esperándose, cuando menos, una anualidad equivalente que replique el valor presente del CAPEX basado en el WACC- y unos costos administrativos y operativos. Adicionalmente, en el caso de los prestadores de servicios de televisión paga tradicionales, éstos suelen firmar contratos con los propietarios de las señales, que entre otras cláusulas, contienen algunas económicas que contemplan el pago de importantes costos por los derechos de transmitir señales que no suelen ser propias. Estos esquemas de pago, dependiendo del poder de negociación entre las partes, así como la asimetría de información y perfil de riesgo de las contrapartes, suelen presentarse en la forma de pagos fijos -fixed fee- en bloques o rampas por nivel de audiencia estimada.

Vale destacar que el modelo de negocio de los servicios de televisión paga suele sustentarse, fundamentalmente por el pago de suscripciones y/o mensualidades por parte de los usuarios finales. Los eventuales ingresos por publicidad suelen ser marginales dentro de la estructura de ingresos de estos proveedores de servicios.

Una forma que encuentran las empresas para cubrir sus costos -especialmente aquellos de naturaleza fija, comunes o conjuntos como pueden ser los fixed fee y los costos de infraestructura y tecnología- y a la vez expandir la cantidad de clientes atendidos, es por medio de estrategias de Versioning

Este tipo de estrategias permiten perfeccionar una discriminación de precios basada fundamentalmente en una diferenciación de calidad -diferenciación vertical- y de cantidad de señales en la grilla de cada plan ofertado por el proveedor del servicio. La lógica subyacente en dicha estrategia es del tipo precios de Ramsey, perfeccionándose un subsidio cruzado -cuando menos respecto al criterio de costos marginales o incrementales- por medio del cual los clientes con alta disponibilidad de pago financian parcialmente a los usuarios con baja disponibilidad de pago. Lo anterior ocurre y se desarrolla libre y voluntariamente -sin control de precio alguno- por parte de los proveedores de servicios de televisión paga -incluso bajo un régimen de concurrencia como lo señalara William Baumol en un libro al respecto-. Este puede constituir un claro ejemplo de métodos de formación de precios basados en valor que alinean los intereses de los privados -tanto de las empresas como de los clientes actualmente atendidos- con el interés público -maximización del bienestar social-.

Por la caracterización descrita, resulta extremadamente complejo pensar en controles de precios sobre servicios que constituyen empaquetamientos de señales.

Para tener una referencia, los ingresos promedios mensuales por usuario -ARPU- en los servicios de televisión paga en Chile y en Colombia en el año 2019 se ubicaron en US$ 34 y US$ 14 respectivamente. En Venezuela, Simple TV dentro de sus planes ofrecidos se encuentran el Plan Básico de Bs. 1.011.830,94 mensuales -US$ 0,55 al 28-01-2021- y el Plan Byte Bs. 4.047.323,78 mensuales -US$ 2,22 al 28-01-2021-.

Un esquema de subsidios cruzados tipo Ramsey no implica destrucción de valor e ingresos, porque resultaría preferible -no solo para el proveedor sino para la sociedad en su conjunto- proveer, únicamente, los servicios a aquellos clientes que pueden cubrir sus costos marginales o incrementales por medio del pago de precios y tarifas. Como asomábamos al inicio del presente artículo, los eventuales temas de acceso y asequibilidad del servicio puede exigir un Decoupling o separación de los objetivos de equidad de aquellos objetivos de eficiencia y sostenibilidad de las operaciones, especialmente si el problema proviene de un mal público como la inflación.

Existen alternativas de política pública si la decisión política es garantizar el acceso, alternativas distintas, menos distorsionantes y más eficientes que los controles de precios.

El sector público, el sector privado, y el país en general, deberían contar con instituciones, espacios técnicos u organizaciones que puedan, objetivamente, realizar análisis sobre las regulaciones económicas y sobre la incidencia de estas sobre los sectores económicos y el bienestar social. Ahora que se insiste en el diálogo y en cambios económicos debería crearse un Observatorio Regulatorio -o muchos, incluso especializados sectorialmente- dentro del sector público y del sector privado, porque de lo contrario nos quedaríamos en lo discursivo y en los titulares. ¿Dónde están estos espacios por parte del sector público, el sector privado y la sociedad?

 

 


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