Nueva Asamblea Nacional asoma estudiar al sector audiovisual en Venezuela
Escrito por Enrique González Porras   
Martes, 19 de Enero de 2021 00:00

altEl lunes 18 de enero de 2021 portales digitales de noticias informaban que la nueva Asamblea Nacional asomó realizar una revisión

del funcionamiento de las prestadoras de servicios de televisión paga en Venezuela. ¿Podría constituir dicho anuncio una oportunidad para que el país repase cuál ha sido la acción regulatoria y las políticas públicas vigentes hacia dicho sector en procura de mejoras?

Sin embargo, el diputado Juan Carlos Alemán habría adelantado y asegurado, según informan portales de noticias como La Patilla y Caraota Difital que “hay precios de paquetes que son impagables por el pueblo venezolano. Como Parlamento nos corresponde impulsar la revisión de las tarifas, y de la programación para que el pueblo pueda aprovechar el espectro radioeléctrico como corresponde y como está establecido en el marco de la legalidad”.

Tener claros los objetivos concretos de política pública y regulatoria sectorial -más allá de las competencias de un parlamento- resulta crucial para orientar cualquier acción pública (y parlamentaria). Por otra parte, el análisis de las políticas públicas basadas en evidencias permitirían corregir acciones regulatorias que con anterioridad podrían estar alejando a dichas acciones públicas de los objetivos sociales deseables y target.

Lo anterior lejos de resultar trivial o pura semántica exige identificar las justificaciones de una eventual acción pública. Por ejemplo, la existencia de importantes externalidades positivas en el sector de las telecomunicaciones podría, efectivamente, constituir una justificación para diseñar una acción pública que coadyuve a profundizar la adopción y uso de los servicios que provee dicho sector. Por otro lado, el impacto del uso y la penetración de los servicios TIC sobre el crecimiento económico en los países en desarrollo, tema estudiado con anterioridad y cuyos resultados asoman que un aumento en el uso de los servicios de las comunicaciones y de las tecnologías de la información permiten reducir la brecha económica entre nuestros países y los desarrollados por existir un efecto multiplicador superior en países en desarrollo en comparación al mostrado en países desarrollados; justificaría el interés por el desarrollo de dicho sector. Adicionalmente, desde la perspectiva microeconómica, el uso de los servicios TIC genera una disminución de los costos transaccionales con impacto en reducción de los precios finales y en un uso más eficiente de los recursos, así como en un incremento de la productividad de los sectores económicos.

Sin embargo, tutelar o perseguir cada uno de estos efectos positivos del uso y la adopción de los servicios TIC sobre el desempeño económico general y la calidad de vida de los ciudadanos, podría exigir acciones públicas específicas respectivamente, haciendo uso de instrumentos de políticas distintos entre sí.

Por ejemplo un tema relevante no sólo lo representa la eventual asequibilidad de las tarifas -que trataremos al final del presenta artículo-, sino igualmente el nivel de acceso al servicio desde la perspectiva del alcance y el despliegue de infraestructura a lo largo del país y de las distintas ciudades, así como los incentivos monetarios para fomentar la innovación en los servicios. Los controles de precios y los pinzamientos de márgenes -especialmente en economías inflacionarias- atentan contra el despliegue y la renovación de nuevas redes de nueva generación necesarias para la oferta de los nuevos servicios TIC -telefonía móvil, Internet móvil, Internet fijo y 5G a futuro-.

En este sentido, lo primero que tendría que hacer la Asamblea Nacional es comprender la dinámica actual del sector de los servicios TIC a nivel mundial y nacional (prestando especial atención a su “nueva” organización industrial y a su dinámica competitiva). Considerar exclusivamente al sector audiovisual de televisión paga no sólo adolecería de parcial e incompleto, sino que podría generar una incomprensión del sector y una desorientación en el diseño de las eventuales acciones públicas. Un sector de servicios TIC en convergencia hace absolutamente obsoleto hablar exclusivamente del sector audiovisual, como asomaremos más adelante.

Siendo que el sector de las telecomunicaciones, tecnologías de la información y de servicios audiovisuales suele estar caracterizado por ser uno de los sectores más regulados y expuestos a cargas impositivas -nacionales y locales-, tasas, pago de licencias, pago de subastas por espectro, y aportes a fondos de servicio universal, tanto o más que los sectores extractivos sobre los cuales sus eventuales rentas y externalidades negativas del tipo ambiental han solido justificar sus cargas impositivas; dicho análisis al sector de servicios TIC podría valorar cómo disminuciones impositivas con incidencia tributaria sobre las tarifas y los usuarios coadyuvaría a la adopción de los servicios TIC coadyuvando a la materialización de sus efectos positivos sobre la economía.

La penetración de servicios OTT -Over-the-Top- de video vía streaming en nuestro mercado, ofertado por proveedores no licenciatarios, instalados foraneamente, muestran cómo existen consumidores con suficiente disponibilidad de pago -algunos de estos demandando entretenimiento vía multi-homing-, consumiendo complementariamente servicios audiovisuales por suscripción de oferta doméstica con servicios ofrecidos por empresas como Netflix. En otros segmentos de usuarios, con eventual patrón de consumo single-homing, proveedores como Netflix constituyen un sustituto y verdaderas amenazas competitivas y efectivas. Ante esta dinámica, pensar en mayores regulaciones sobre los operadores domésticos proveedores de servicios de televisión paga, implica erigir acciones públicas/regulatorias que no resultan neutrales por operador o por modelo de negocio, pudiendo dificultar aún más la sostenibilidad y las operaciones de los operadores que generan actividad económica, empleos y aportes fiscales al país. Los proveedores exclusivos de servicios de televisión paga poseen el handicap de no poder realizar ofertas de valor basadas en empaquetamiento de servicios adicionando otros servicios TIC como podrían ser la telefonía fija, el Internet fijo y la telefonía móvil al servicio de televisión por suscripción, lo que implica que limitar sus ajustes y estrategias tarifarias les dificultaría realizar inversiones, ofrecer calidad al público y finalmente imprimir sostenibilidad a sus operaciones en Venezuela.

Una función y responsabilidad del legislativo lo constituiría modernizar el marco institucional normativo del sector TIC teniendo por objetivo un sector moderno, en competencia, y con suficientes incentivos para el despliegue de infraestructura y redes de nueva generación, así como nuevos servicios de valor agregado, coadyuvando a reducir la brecha digital.

 


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