Un Estado y un Gobierno Benevolente tendrían por objetivo proteger y maximizar el bienestar social de sus ciudadanos.

La longeva crisis socio-económica venezolana claramente sirve de evidencia para poner en dudas que el nuestro sea un Gobierno del tipo benevolente que pretenda maximizar la riqueza, el bienestar y el progreso de la sociedad venezolana.

Los objetivos de política pública deberían estar claros, respaldados y apoyados por instrumentos de políticas así como por institutos jurídicos permanentes que coadyuven y garanticen una sociedad de mercado, donde prolifere la actividad económica y los intercambios libres, así como una competencia que permita maximizar el bienestar social producto de oferentes eficientes y consumidores beneficiados de los resultados de dicha competencia: precios competitivos, innovación y calidad en los productos y servicios.

Sin menoscabo de lo anterior, ciertas políticas coyunturales podrían requerirse, dada situaciones extraordinarias, como lo es nuestra difícil situación socio-económica, siempre y cuando esté clara su justificación, efectividad y definición de objetivos concretos, sin sacrificar aquellas políticas estructurales e institutos jurídicos y económicos fundamentales de largo plazo alineados con bienestar y progreso.

Según lo publican algunos medios especializados en economía y negocios, como el portal Banca y Negocios, representantes del sector agrícola discreparían de la posición de la agroindustria respecto a la actual política de aranceles en el país. En específico Banca y Negocios informa que “la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) se mostró en desacuerdo con el comunicado emitido recientemente por la Asociación Venezolana de Industriales de la Harina de Maíz –Venmaíz– y la Asociación Venezolana de Molinos de Arroz –Asovema-, por considerar que las políticas arancelarias deben ser aplicadas a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria”.

“Para Fedeagro, es incoherente el planteamiento del mencionado sector debido a que las políticas arancelarias no deben ser aplicadas únicamente a los productos terminados para proteger a la agroindustria, sino que también deben aplicarse a la materia prima para proteger a los productores venezolanos.”

«O protegemos a toda la cadena, mientras se implementan las políticas que encaminen al sector a ser competitivos frente a la oferta externa, o no protegemos a nadie y que todos compitamos», rezaría el comunicado del gremio de productores según informa el portal Banca y Negocios.

En términos generales, las políticas públicas pueden generar efectos redistributivos, aún cuando su motivación debe ser contribuir a la eficiencia, especialmente cuando su naturaleza es económica, debido a que los instrumentos de política así como la política correcta y eficiente en materia redistributiva es la fiscal.

En un documento publicado en el portal Web del ministerio de Economía y Finanzas de Perú referido a los fines y objetivos de la política arancelaria se precisa:

• El balance entre el eventual impacto efectivo sobre producción, empleo o recaudación versus aquél sobre la eficiencia en la asignación de recursos y el bienestar de la población. Desde un punto de vista de eficiencia económica, la reducción de aranceles promueve mejoras en la competencia internacional de los productos producidos en el país y en la productividad de las empresas, así como permite una mayor satisfacción del consumidor. Lo contrario, elevar aranceles, separa a las economías de la competencia internacional, beneficiando sólo a algunos sectores y grupos en términos de ingresos y empleo, a costa de la eficiencia en la asignación de recursos productivos. De ahí que, un diseño útil de política, en particular para un país sin poder de influencia sobre los precios internacionales (economía pequeña) es la de reducir aranceles y con ello el efecto de distorsión en la eficiencia de asignación de recursos, pues dicha asignación se dará más por criterios de mercado que por la creación de ventajas artificiales. Este argumento es igualmente válido frente a los proyectos de ley del Congreso que pretenden promover sectores a través de exoneraciones arancelarias que suelen distorsionar la asignación de recursos de manera discrecional, sin mencionar que es el poder ejecutivo el que ostenta las facultades de política arancelaria por mandato constitucional y no el poder legislativo.

•  Existen otros medios para alcanzar los objetivos de producción, empleo o recaudación mencionados. Factores como políticas macroeconómicas sanas y políticas que- como la apertura comercial- mejoren la competitividad del país (mejor infraestructura, educación, institucionalidad, entre otros) sirven mejor en el mediano y largo plazo a los objetivos de crear empleo y elevar ingresos de manera amplia (Ver aquí ) .

Precisado lo anterior, vale destacar asimismo que cuando muchos objetivos se le imputan a una única política pública, y algunos de estos objetivos podrían encontrarse en conflicto entre sí con incidencia redistributivas, su diseño e instrumentalización resulta no sólo difícil, sino que motiva el despliegue de acciones por parte de grupos de interés en aras de proteger sus objetivos particulares.

Puede resultar común que los argumentos utilizados por dichos grupos de interés e incluso por el propio gobierno a la hora de motivar o rechazar dichas políticas, se basen en análisis de equilibrio parcial.

Más allá del conflicto entre partes involucradas -y de sus legítimos intereses, sea dicho-, es responsabilidad del Gobierno valorar los efectos estáticos y dinámicos de la política arancelaria bajo su estricta responsabilidad, considerando que el objetivo general del primero es tutelar el bienestar social. Esta tarea no resulta necesariamente fácil técnicamente hablando, incluso si obviáramos la posibilidad de captura del Estado y asumiéramos que éste se comporta como uno benevolente. Por ejemplo, la eficiencia estática que se logra por la eliminación de aranceles en términos del máximo excedente del consumidor realizable en el corto plazo, según lo asomara un análisis de equilibrio parcial, no valoraría efectos dinámicos netos respecto a la incidencia que sobre los propios sueldos y salarios tendría en el futuro una situación continuada de crisis económica y cierre de empresas domésticas (ya no sectorial sino masivo).

Obviamente en el corto plazo y ante el eventual objetivo que tendría el Gobierno de reducir la incidencia de los aranceles sobre los precios en favor de los consumidores -cuestión que dependerá de las elasticidades relativas de la oferta y la demanda de los productos en cuestión- aparece un elemento conflictivo a lo largo de la cadena de valor por el eventual esquema y regla de reparto de rentas que dicha política arancelaria podría crear. Sin embargo, más allá del corto plazo -subsanándose la situación no cooperativa y de dilema del prisionero a lo largo de proveedores y transformadores-, podrían generarse mejoras paretianas a lo largo de la cadena de valor para todos y cada uno de sus componentes domésticos. Lo anterior podría incentivar la también naturaleza cooperativa y complementaria entre los distintos estadios de la cadena de valor agroindustrial en Venezuela.

Es en este sentido, responsabilidad del Gobierno valorar eficiencia de corto plazo y su dimensión dinámica. Sin menoscabo de lo anterior, en sociedades robustas, miembros de la sociedad civil, como la academia, los distintos gremios empresariales y profesionales técnicos, así como expertos y practitioners en políticas públicas podrían contribuir con propuestas y soluciones para salir de la crisis y de dicho dilema del prisionero.