Sistema de suministro o sistema de racionamiento del combustible
Escrito por Enrique González Porras   
Sábado, 03 de Octubre de 2020 07:31

altA partir de este 5 de octubre, y hasta el próximo 5 de noviembre, el gobierno de Maduro estableció un esquema para la venta de gasolina en todo el país,

ajustado al último número de la placa de cada vehículo y de forma correlativa.

Cuando nos imaginamos a cualquier mercado, referido a bienes o servicios que responden a necesidades por parte de una demanda, y se entiende que la satisfacción de dichas necesidades, en el caso concreto que nos ocupa de la demanda de combustible, para fundamentalmente, de forma derivada o secundaria, resolver un objetivo de movilidad; debe encararse más allá del corto plazo o de una oferta dada y puntual en el tiempo.

Lo anterior podría sonar baladí para muchos, pero el hecho cierto es que en Venezuela en materia de políticas públicas se suele actuar en el corto plazo, bien sobre las consecuencias y no sobre las causas y/o por medio de políticas de racionamiento. Poco se habla sobre el diseño de políticas públicas, la organización industrial o el marco institucional que en el largo plazo creen los mecanismos e incentivos para que exista una oferta que satisfaga a la demanda de los consumidores y ciudadanos.

El Ejecutivo Nacional ha anunciado y asomado varias alternativas, todas fundamentalmente de racionamiento del combustible, coincidentes en la provisión primaria pública -sea vía producción o importación-. Allí puede encontrarse el problema, siendo que la gestión pública en la provisión primaria de combustible resulta insuficiente -a los precios vigentes e incluso a precios de mercado contestable-, el Gobierno se ve forzado a diseñar políticas de racionamiento. 

Los precios tienen por función mínima y básica -con excepciones- financiar los costos de entrada y luego los costos incrementales para continuar operando y replicar sucesivamente la oferta (incluyendo el costo del capital). Lo anterior aplica como principio, sea que las operaciones las desarrolle un operador privado o sea el Estado. Esto constituye un principio independientemente de que el Estado pueda incorporar en sus objetivos algunos distintos al de los beneficios para los accionistas. Sin embargo, por más que el Estado entienda a algunos demandantes como potenciales receptores de políticas de asistencia o facilitación de acceso al combustible -obviamente justificado en razones principalmente de eficiencia y efectos externos, como sería el caso del transporte público-, otros objetivos como equidad y redistribución deben ser atendidos por medio del Decoupling para no distorsionar los mercados ni crear incentivos a la corrupción.

En este sentido, precios como mínimo satisfaciendo criterios de costos respetarían el principio que se erige como una restricción de racionalidad y eficiencia. Destruir valor, por medio de la provisión de un bien a un precio por debajo de sus costos, así como por debajo de la valoración de pago por parte de la demanda, cuando existen políticas de redistribución más eficientes y menos distorsionantes, debe responder asimismo a la pregunta de quiénes financiarían dicho acceso (así como a qué costo privado y social).

La discusión fundamental en nuestro caso es preguntarnos si el sistema de provisión primaria -con evidencia que en el pasado con una administración pública distinta no colapsó, lo que no supone necesariamente que no existía espacio para ganar eficiencia- del tipo centralizado público es capaz de dar respuesta a las necesidades del país y del mercado interno (esta discusión no es trivial porque existen mecanismos de procurement con propiedad pública que pueden constituir una alternativa). Identificar las causas de las ineficiencias actuales -éstas resultan ser varias y de naturalezas distintas- y diseñar respuestas de organización industrial del sector en favor de permitir la mayor realización de bienestar social dentro de dicho sector y sobre el resto de la economía por su incidencia transversal resulta crucial.

En este orden de ideas, un sistema público de racionamiento  resulta consecuencia exclusiva de no contar con un modelo de sector eficiente que permita la replicabilidad de la oferta de combustible. Dicho esto, el sistema de racionamiento de combustible basado en el número de placa sólo ofrece la facilidad de su enforcement alineado con otros objetivos oficialistas (mantener a la gente dentro de su casa, administrar y estirar el combustible disponible en el cortísimo plazo, etc.).

Sin embargo, dicho sistema atiende los objetivos oficialistas recién comentados, y destaca por su facilidad de enforcement dada la falta de información que permitiría otros sistemas que resultarían más eficientes (e incluso más progresivos). El esquema de racionamiento basado en el número de placa no pondera aquellos venezolanos que por ejemplo viven en “ciudades dormitorio” requiriendo mayor consumo de combustible y que no necesariamente poseen mayores ingresos -por lo general, en nuestro caso la correlación es más bien negativa-, tampoco pondera aquellas familias que con menor nivel de ingresos y riqueza poseen sólo un automóvil, etc.

Los sistemas de racionamiento producto de precios de comercialización distanciados de aquellos socialmente determinados -por el mercado-, constituyen el germen de los mercados negros y el arbitraje (la escasez y el desabastecimiento).

Dicha distorsión se resuelve en la medida que la oferta primaria aguas arriba perciba los incentivos que se originan en la valoración que los consumidores hacen del combustible en el mercado minorista final (lo mismo aplica para cada estadio de la cadena de valor). Sin embargo, dicha valoración requiere un mecanismo eficiente de información que permita reflejar fidedignamente la valoración social por dicho producto.

El sistema de información y asignación más difundido y eficiente por ser descentralizado de “enforcement” voluntario y atomizado es el libre mercado. Esta lógica aplica para prácticamente todos los mercados y productos, requiriéndose un marco institucional que permita disciplina en el mercado y no uno hecho a la medida de quienes tengan acceso al poder para evitar nuevas fuentes de rentas en el país.

 


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