La economía del comportamiento como campo de aplicación en las políticas públicas y regulatorias
Escrito por Enrique González Porras   
Domingo, 13 de Septiembre de 2020 00:00

altEl presente documento tiene como propósito intentar responder una pregunta que nos invita a reflexionar sobre cómo, eventualmente,

la Economía del Comportamiento[1] y la identificación de sesgos y errores sistemáticos en el comportamiento humano podrían ser utilizados e incorporados en el diseño y la toma de decisiones de políticas públicas y regulatorias.

Previamente a entrar en dicha discusión, podríamos intentar dejar sentada como premisa que estaríamos tratando con un Estado, un funcionario o un regulador Benevolente que buscaría maximizar el bienestar social[2]. Esta premisa serviría de soporte normativo, en una primera instancia, en favor de una acción pública basada en la identificación de sesgos y errores cognitivos y conductuales sistemáticos cometidos por los ciudadanos, los seres humanos o los agentes económicos.

Sin embargo, tampoco resulta baladí ni de Perogrullo simplemente asumir que estamos en una discusión en el plano normativo asumiendo a un regulador benevolente y obviando los problemas del tipo Agente-Principal en el plano positivo; resta una interesante discusión sobre el hecho de si efectivamente en materia “económica” –otro ámbito al que reduciremos nuestra discusión, buscando igualmente simplificar la discusión y circunscribirla- únicamente la eficiencia económica o la maximización del bienestar social deben constituir el único criterio normativo o si por el contrario, siendo que cualquier acción pública pudiera implicar, potencialmente, pasar de una situación a otra beneficiando a algunos y perjudicando a otros, se requiere algunos supuestos adicionales (lo que implicaría incorporar el tema de equidad y de comparaciones interpersonales).

Justamente al respecto es que queremos plantear una idea referida a que la Economía del Comportamiento, y una política pública basada en nudges –paternalismo liberal y/o intervencionismo suave-, pudieran trascender la discusión referida a la escogencia del criterio de óptimo de Pareto versus el criterio Kaldor-Hicks[3].[4]

Por supuesto, hemos tenido que obviar otra discusión, como sería valorar posiciones “morales” o de principios, por ejemplo, aquellos enarbolados por liberales clásicos[5], (generalmente alejados de principios de consecuentalistas propios del Análisis Económico del Derecho, el Law and Economics y el Common Law) más propias de principios “dogmáticos” referidos al fundamento, per se, del libre albedrío o libertad de decisión por parte del individuo. Aun cuando no trataremos esta arista, nos parece que pudiera ser suficiente, al menos en el plano normativo –ergo en ausencia de problemas de Agente-Principal- ponderar que la información sobre los errores sistemáticos que unívocamente atentan contra las preferencias y el bienestar de los propios individuos podría ser evidencia o indicios de eventos o situaciones donde la voluntad del individuo se ve tergiversada o limitada (es decir, que dichos sesgos atentan contra la propia voluntad de las personas). Aun así, cabe señalar que existirían mecanismos de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA por sus siglas en inglés) y de Análisis Costo-Beneficio que permiten ex ante y ex post a la instrumentalización de la política pública no sólo valorar sus efectos e impactos, sino asimismo identificar quienes serían los posibles beneficiarios y “víctimas” de la política bajo análisis.

Así las cosas, nuestra tesis radicará en asomar que la información que empíricamente podría obtenerse referida a una sociedad, en torno a sesgos y errores sistemáticos del comportamiento, y una política pública de corte Paternalista Liberal –instrumentalizada por medio de nudges o estrategias de “políticas por defecto” sin conculcar la posibilidad de libre elección por parte de los individuos-; podría, en ocasiones específicas, permitir trascender la discusión referida a la escogencia entre un criterio de óptimo de Pareto versus criterio Kaldor-Hicks y maximizar el bienestar social, sin conflictos del tipo comparaciones interpersonales por constituir en sí misma una expansión de la curva de posibilidades de óptimos de Pareto.

Para llevar adelante esta discusión utilizaremos como base y fundamento el documento de trabajo escrito por Guido Calabresi: The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further (1991), Yale Law School Faculty Scholarship Paper, 2014 y el documento de trabajo de Richard H. Thaler y Cass R. Sunstein Capítulo 9: Paternalismo Libertario incluido en el libro Manual de Economía del Comportamiento Vol 3: Finanzas.

Calabresi en su documento de trabajo asoma la posibilidad de que en ciertas circunstancias la discusión entre óptimo de Pareto y el criterio Kaldor-Hicks no tendría sentido alguno. Más allá, Calabresi cuestiona que tradicionalmente suele plantearse como situaciones excluyentes y taxativamente identificadas y diferenciadas entre sí aquellas que implican desplazamientos hacia la frontera de Pareto de aquellas que representan traslados de la frontera de Pareto. Como tradicionalmente se entiende, en el primer caso habría una mejora Paretiana hacia un óptimo de Pareto sobre la frontera que implicarían mejoras para todos los participantes de la sociedad, al corregirse una supuesta situación de uso ineficiente de recursos “preexistente o existentes” en la sociedad y que no habrían tenido el uso que permitiera a la sociedad en su conjunto desplazarse hacia la frontera de Pareto. Por el otro lado, se encontraría la situación en la cual una “innovación” y en consecuencia un conocimiento no preexistente permitiría desplazar la frontera de Pareto hacia la derecha y hacia arriba, lo que posibilita a la sociedad a alcanzar nuevos y mayores estadios de bienestar donde todos sus miembros resultarían beneficiados[6].

Uno de los puntos de Calabresi es que podrían existir situaciones donde dicha diferenciación no resulta evidente. En este sentido, Calabresi asoma su preocupación sobre lo rígido que resulta asumir el criterio de óptimo de Pareto, en la medida que si creemos que con el debido esfuerzo pudieran reducirse costos transaccionales así como otro tipo de barreras por medio de innovaciones en conocimiento, en la organización[7], y en la ciencia podría trasladarse la frontera de Pareto.

Calabresi lejos de eludir la discusión distributiva[8] desarrolla una sección de su documento donde reitera lo eventualmente ineludible del tema distributivo, destacando que tanto la crítica del estatus quo como su apoyo no pueden ninguno resultar neutro respecto a consideraciones de equidad. En este sentido, el jurista destaca que el principio básico de economía de costo de oportunidad implica que incluso en aquel caso de no hacerse nada –estatus quo- existen consecuencias distributivas. Lo anterior implica que tanto aquellos pro estatus quo como aquellos pro cambios, estarán igualmente sometidos a algún escrutinio referido a la distribución y la equidad, lo que no confiere ninguna ventaja –ex ante- al criterio de óptimo paretiano.

En este sentido, el hecho de tomar al criterio de óptimo de Pareto como un dogma podría implicar una especie de procrastinación por parte de ciertos economistas o de inercia para evitar analizar nuevas aristas de dicha discusión sobre los criterios de las políticas públicas por cómoda o incomoda que resulte. Dicho dogma podría estar dificultando iniciar discusiones y análisis referidos al proceso de innovación por medio del cual toda la sociedad podría estar mejor.

Por lo general, para aquellos casos donde nos encontramos por debajo de la frontera de Pareto es que el enfoque Kaldor-Hicks del tipo consecuentalista suele ser aplicado en el campo de Análisis Económico del Derecho, el Derecho y la Economía –Law and Economics y el Common Law-.

Llegados a este nivel de presentación de nuestro tema o respuesta, conectamos el aporte que plantea Calabresi con la importancia y contribución de la Economía del Comportamiento. Las segundas situaciones, a las que Calabresi presta especial atención en su documento de trabajo, tan importante como las anteriormente mencionadas, corresponden a los cambios o traslados de la frontera de Pareto donde se generan beneficiados sin que ello signifique necesariamente que aparezcan perdedores, situaciones que según él no han gozado del protagonismo que el Análisis Económico del Derecho ha prestado a las primeras situaciones.

Así las cosas, Calabresi plantea que se requiere una nueva clasificación respecto a aquellas innovaciones que implicarían un traslado de la frontera de Pareto que no incluya únicamente las innovaciones propias de la ingeniería, sino que entre otras incorporen asimismo innovaciones económicas. Lo anterior lo plantea sin menoscabo de asegurar que este tipo de clasificaciones no están exentas de ser arbitrarias o cuando menos nunca exhaustivas ni completas.

De esta manera Calabresi recomienda que la sociedad puede hacer el esfuerzo de identificar primeramente todas aquellas innovaciones –independientemente de área del conocimiento al que respondan- que implicarían un traslado de la frontera, generando beneficiados sin generar perdedores, para luego diseñar las políticas públicas y sus respectivos diseños.

Así las cosas, Calabresi asoma una lista de barreras que atentan contra el traslado de la frontera de Pareto, a saber:

  1. Incapacidad tecnológica.

  2. Incapacidad organizacional: representada por la dificultad en desarrollar vías adecuadas y aceptables, en situaciones fuera del mercado propias de las empresas para revelar información o reducir los costos transaccionales.

  3. Incapacidad cognitiva, cuestión que estaría relacionada con la incapacidad tecnológica pero especialmente referida a la incapacidad de probar un teorema demostrativo de que pueda existir un desplazamiento que beneficie a todos en la sociedad.

  4. Incapacidad retórica o informacional o la baja capacidad de convencer a las personas respecto a sus propios intereses.

El jurista plantea que aun cuando la incapacidad cognitiva podría ser subsanada aun así podría mantenerse la incapacidad retórica (esta última propias de una racionalidad limitada o de sesgos cognitivos o del comportamiento).

Para nosotros, este último punto nos parece crucial respecto al valor e importancia que tendría la Economía del Comportamiento y una estrategia regulatoria del tipo Paternalista Liberal por medio del diseño de nudges que permitan un traslado de la frontera de Pareto.

En la medida que la información que la Economía del Comportamiento nos ofrecería puede servir para reducir los costos transaccionales por parte de los reguladores, y en la medida que las barreras del tipo incapacidad retórica sigan manteniéndose a pesar de existir el conocimiento respecto a los sesgos sistemáticos; corregir una situación de mal público vía el diseño de una política paternalista liberal vía nudges cobraría sentido normativo.

Por su parte, respecto a la inevitabilidad del paternalismo, que Thaler y Sunstein asoman como evidente cuando un regulador se enfrenta a una situación de política pública, incluso en aquellas “más inofensivas” en términos intrusivos cuando planea elegir entre opciones defaults, podemos reescribirlo en palabras de Calabresi, diciendo que cuando incluso se escoge entre el estatus quo o una alternativa de acción de política pública (sin perder generalidad el hecho de que existan sesgos o no, por el contrario) se está comparando dos situaciones donde habría beneficiados y eventuales afectados. Esta observación nos parece importante, porque en el caso del estatus quo, “no actuar” que pudiera constituir una política exprofeso puede implicar un costo de oportunidad socialmente hablando –lo anterior evidente si nos referimos a situaciones donde corregir o compensar los sesgos del comportamiento no generan necesariamente perdedores sino ganadores[9]-.

En sus palabras y por medio de un ejemplo referido a un comedor escolar, Thaler y Sunstein plantean si resulta válido preguntarse si el planeador debe ir más allá de lo inevitable (por ejemplo, cuando por defecto se presentan sesgos en detrimento de la población target). En nuestro entender, dentro de lo “inevitable” podríamos incluir al estatus quo, cuando pudiera existir la “tecnología” y el conocimiento empírico derivado de estudios de Economía del Comportamiento que permitieran diseñar políticas que impliquen traslados de la frontera de Pareto, permitiendo a la sociedad alcanzar mayores estadios de bienestar social sin que siquiera existan problemas de ganadores y perdedores, ni el dilema de comparaciones interpersonales.

Adicionalmente, Thaler y Sunstein asoman que siendo que el estatus quo puede ser el resultado de un efecto marco, no sólo la voluntad podría ser puesta en duda, sino que el equilibrio y el resultado que de esta se derive no tendría por qué ser aceptados por antonomasia y por sí mismo (existe un problema de circularidad entre la escogencia que hacen las personas y el marco por medio del cual se le presenta el entorno y las alternativas de decisión). Aun cuando nuestro interés es destacar aquellos casos en los cuales la Economía del Comportamiento puede implicar en sí misma un desplazamiento de la frontera de Pareto, todo lo expuesto anteriormente no resulta menos interesante por cuestionar la pertinencia de tomar como dados objetivos y fundamentos liberales clásicos como la libertad de escogencia sin valorar el marco o la situación específica en la cual se toman las decisiones, así como sus consecuencias.

Creemos perfectamente posible, como plantean Thaler y Sunstein que puedan identificarse situaciones en las cuales, siendo humilde el regulador y en este sentido evitando cualquier coerción –aun habiendo sido identificada una “falla del comportamiento”- puede diseñarse nudges o “intervenciones suaves”, ponderando que ante ciertas “circunstancias, el objetivo deberá ser evitar decisiones aleatorias, arbitrarias o efectos dañinos, y producir una situación que probablemente promueva el bienestar de la gente, adecuadamente definido”.

En la medida que sesgos del comportamiento, sistemáticos y generalizados puedan ser concebidos como una falla de mercado, y en específico como un mal público porque en promedio, masiva y sistemáticamente afectan a la sociedad alejándola de potenciales estadios superiores de bienestar social; una política pública basada en su identificación y diseño de nudges, debería convencer a todo público, incluso aquellos Paretianos inclinados a favor del estatus quo, como a aquellos liberales defensores del libre albedrío de su pertinencia.


Notas

[1] En palabras de Thaler: “… la verdadera función y esencia de la economía del comportamiento es destacar aquellas formas de conducta que no encajan con el modelo racionalista estándar, y demostrar que, a menos que se acceda a modificar tal modelo para incluir la atención a los costes hundidos y todo lo demás, sus predicciones serán casi siempre erróneas. Ver: Richard H. Thaler: Portarse Mal: El Comportamiento Irracional en la Vida Económica. Editorial Paidós. 2017. Página 367.

[2] Dicho supuesto no es poca cosa e intenta, a riesgo de ser tildado de ingenuo, plantear una discusión más en el plano normativo que en el positivo respecto a los justificativos de las acciones públicas y regulatorias.

[3] Una discusión que no abordaremos en el presente documento son aquellas soluciones que se han intentado dar a la utilización del criterio Kaldor-Hicks en vez del criterio de óptimo de Pareto, como por ejemplo aceptar como criterio la maximización de la riqueza y no de la utilidad, o la asomada por Richard Posner de suponer que ante un eventual desconocimiento de quienes son los beneficiarios y los perdedores de una política podría suponerse que el receptor tanto de beneficios como de costos recaen sobre una misma persona por lo que cobra sentido utilizar el criterio de maximización de la utilidad o la riqueza conjunta, o la tesis de que los objetivos de equidad encuentran mejores instrumentos de política por medio de la política fiscal y que las políticas públicas y regulatorias deben tutelar exclusivamente la eficiencia económica.

Otro esfuerzo interesante por intentar subsanar la dicotomía eficiencia versus equidad corresponde a Richard Posner y James Buchanan, quienes justificaban la acción coercitiva del Estado para imponer ex post la eficiencia como criterio de las políticas públicas. Posner y Buchanan plantean que un criterio para dirimir la “disputa” sobre el objetivo de la política pública y en consecuencia asumir movimientos Kaldor-Hicks como voluntarios y equivalentes a movimientos de Pareto es asumir que la sociedad podría, ex ante, llegar al acuerdo de adoptar a la eficiencia como criterio de política pública, siendo que llevaría a la sociedad en su conjunto a un mayor estadio de bienestar social (aun así, la credibilidad de dichos acuerdos o pactos sociales no estaría garantizada, ni siquiera por una eventual amenaza de coerción ex post) Sin embargo, John Rawls asomaría una alternativa de acuerdo o pacto social distinto al planteado por Posner y Buchanan, donde la sociedad realiza un ejercicio basado en el “velo de la ignorancia” y más bien busca ex ante proteger al más débil de resultados ex post. Ver: Guido Calabresi: The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further (1991), Yale Law School Faculty Scholarship Paper, 2014.

[4] Kronman asoma una eventual justificación del paternalismo versus la libertad de acción en el ámbito propio o privado de una persona de la siguiente manera: “One who believes, as Mill did and Ido, that some paternalistic restrictions on contractual freedom are not only permissible but morally required, must supply a standard or principle for evaluating paternalistic arguments in particular cases; only in this way can the legitimacy of paternalism be established and its limits defined.” Ver: Anthony Townsend Kronman: Paternalism and the Law of Contracts. Yale Law School Faculty Scholarship Series. Paper 1065 (1985). El punto que desarrollaremos a lo largo del presente trabajo se basa justamente en destacar como errores sistemáticos y sesgos cognitivos, de encontrarse identificados podría justificar una intervención pública que resguarde al individuo y a la sociedad. Sin embargo, como el propio Thaler resalta, lo anterior no resuelve el hecho que el propio funcionario público puede estar sometido a sesgos y errores cognitivos. Ver: Richard H. Thaler: Portarse Mal: El Comportamiento irracional en la vida económica. Editorial Paidós. 2017

[5] Ver: Jules Coleman: Markets, Morals, and The Law. Oxford University Press. 2003. Chapter 2: Rethinking the theory of legal rights. Página 32.

[6] Estrictamente hablando dicha innovación para no generar perdedores tendrían que implicar una que cree un nuevo mercado no existente y satisfacer una necesidad que hasta la fecha no encontraba oferente o proveedor o que no existía previamente.

[7] Respecto a mejoras organizacionales Calabresi menciona al ineludible Oliver Williamson y su teoría de los costos transaccionales que explicarían la “complementariedad/sustituibilidad” entre mercados y empresas como formas eficientes en sus casos respectivos para reducir los costos transaccionales de los agentes económicos.

[8] Thomas J. Miceli asoma que los temas distributivos han sido reconocidos por los economistas y aun cuando no existe respuesta unívoca respecto a las comparaciones interpersonales, éstos si ha dado respuesta al tema, primero, asomando que los esfuerzos redistributivos pueden implicar costos respecto a la riqueza o bienes total, y segundo que la eficiencia puede implicar una dimensión de justicia en la medida que el desperdicio, despilfarro, ineficiencia y destrucción de riqueza podría ser considerada como inmoral. Ver: Thomas J. Miceli: Economic Models of Law en el libro The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 1: Methodology and Concepts. Oxford University Press. May 2017.

[9] Un ejemplo que suele ser utilizado porque no parece implicar perdedores, en una primera instancia, lo constituye corregir o actuar ante el sesgo que implica que muchas personas creen que un ahorro precautivo en efectivo ante eventuales eventos o accidentes tiene sentido, aun cuando existen alternativas como el pooling risk o el aseguramiento –independientemente si es de administración pública o privada- que reduce el costo individual y social de dicha eventual práctica. De hecho, como queremos demostrar a lo largo del presente trabajo este tipo de “innovación” en su momento permitió expandir la frontera de Pareto, como asimismo pudo o puede permitirlo la aplicación de la Economía del Comportamiento en el diseño e instrumentalización de políticas públicas y regulatorias, lo que desdibuja los límites y separaciones que hacen las definiciones de óptimo de Pareto versus el criterio Kaldor-Hicks.


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