“Supermercado iraní” abre sus puertas en Venezuela
Escrito por Enrique González Porras   
Miércoles, 24 de Junio de 2020 00:00

altEl presente artículo versará sobre unas breves consideraciones estrictamente económicas sobre la aparente e inminente apertura de operaciones

de un eventual supermercado iraní en Venezuela. Obviaremos, con el riesgo de dejar fuera elementos explicativos claves, aristas como la referida a la política exterior (la geopolítica), así como a las sanciones por parte del gobierno norteamericano, para concentrarnos en consideraciones económicas (de nuevo, so pena de pecar de ingenuos).

Una pregunta que surge inmediatamente ante la noticia de la apertura de un supermercado en Venezuela que vendería productos iraníes sería ¿quién es el propietario de dicho establecimiento comercial? De la respuesta anterior (por ejemplo, si el propietario es privado y cuál sería su origen si doméstico o iraní; o por el contrario si el propietario es público, el gobierno venezolano o el iraní) podría intuirse ciertos objetivos y estrategias a desarrollar por este.

Diversos medios de comunicación reportan en sus portales Web que la compañía privada con domicilio iraní Delnoosh sería la encargada del nuevo supermercado Megasis en Caracas.

En un principio, de ser privado el propietario de la superficie comercial, y sus propietarios no representar productores aguas arriba, es decir en ausencia de integración vertical; económicamente hablando, la ganancia, por ejemplo, producto de la eficiencia en la gestión de comercialización por medio de productos competitivos podría ser uno de los objetivos. 

Sin embargo, el hecho que el propietario del comercializador sea uno privado no excluye el caso en el que el “modelo de negocios” se base en la simple monetización y captura de eventuales rentas producto de prebendas, beneficios o ayudas estatales en favor de dicho operador comercial. En este último caso nos estaríamos refiriendo a “Ayudas Estatales” por parte del gobierno venezolano y no a eventuales ayudas por parte del gobierno iraní a los proveedores iraníes y/o al comercializador (nos referiremos a este problema más adelante independientemente de quién sea el propietario del comercio o el beneficiario de las eventuales ayudas estatales).

Ahora bien, siendo privado el supermercado, obviando un modelo de negocio basado en “ayudas estatales” y rentas momentáneas producto de negocios coyunturales, por más que inicie sus operaciones con cierta provisión de productos iraníes, en la medida que otras fuentes de abastecimiento, bien nacionales o distintas a las iraníes, les permita competir y obtener márgenes en Venezuela, la composición de su oferta podría cambiar (basando nuestro razonamiento en que el capital privado busca el lucro). Esta alternativa o tesis parece resultar excluyente de la anteriormente mencionada referida a capita de rentas.

Otra alternativa basada en la propiedad privada que no parece plausible por los costos que implica levantar o adquirir la superficie comercial, la poca demanda interna, lo eventualmente atomizado de los proveedores iraníes (problemas de coordinación y agencia) y la competencia interna; es que sus propietarios sean los propios proveedores de productos iraníes. Sin embargo, de resultar atractivos los productos iraníes para el consumidor venezolano, podrían existir acuerdos contractuales -por ejemplo, entre otros con comercializadores públicos-  que no impliquen la propiedad de la superficie comercial en Venezuela (aún cuando ciertamente esta alternativa podría encontrarse limitada para comercializadores privados domésticos por los eventuales  riesgos de sanciones norteamericanas).

En los mercados de productos transables, en la medida que nos encontremos en una economía abierta, el precio de paridad de importación constituirá un umbral a partir del cual los precios internos se verían disciplinados o enfrentarían un competitive constraint (especialmente cuando nos referimos a commodities , a productos no diferenciados y/o sin poder de marca). Sin embargo, el uso de dicho criterio como umbral que evidenciaría un ejercicio de poder de mercado por parte de los proveedores domésticos requiere ponderar los costos internos y el hecho que los mercados internacionales resultan más competitivos y elásticos, aunada a la posibilidad que en ocasiones ciertos mercados internacionales se encuentran referidos a productos que provienen de ofertas conjuntas -Joint Supply-. En estos últimos casos los precios internacionales, eventualmente, podrían no estar considerando costos comunes y conjuntos, sólo reflejando los costos marginales y/o incrementales. Estas situaciones suelen ser asociadas y denunciadas por productores domésticos como dumping -dependiendo de la definición y la contabilidad regulatoria de costos que se utilice-. Una coyuntura como esta representaría un problema para un Estado Benevolente que tuviera que lidiar por un lado con la protección de los excedentes de los consumidores beneficiados por menores precios y por el otro lado con aquellos efectos dinámicos consistentes en menores incentivos para el desarrollo y el sostenimiento de la producción doméstica.

En países desarrollados, como es el caso de los miembros de la Unión Europea, suelen existir institutos jurídicos que tienen como propósito evitar el uso ineficiente de recursos públicos, la malversación de fondos públicos así como la distorsión de la libre competencia. Uno de estos institutos exige que en aquellos casos de compras gubernamentales o de ejercicio de responsabilidad de política pública no se haya actuado discriminatoria y opacamente,  se haya cumplido con un diseño de procedimiento de adquisición basados en mercados y en la competencia -por ejemplo, licitaciones y/o subastas- o que producto del proceso de compra/importación/autorización se haya satisfecho condiciones que hubiesen sido replicadas en el mercado.

Lo anterior implica que aquellas condiciones comerciales, contractuales o producto de la negociación que pudieran implicar una “ayuda estatal” en favor del proveedores o de un vendedor específico, creando una ventaja competitiva artificial, estaría distorsionando la competencia y poniendo en riesgo recursos públicos y/o lesionando el interés económico general (el Bienestar Social).

 

Economista UCV.


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