La SUNDDE y sus mesas de “concertación”
Escrito por Enrique González Porras   
Lunes, 08 de Junio de 2020 00:00

altEl debilitamiento institucional en Venezuela por un lado respecto a derechos y libertades económicas individuales, y por el otro, respecto a la ausencia

de acciones razonadas, justificadas y eficientes por parte del Estado en materia económica; resulta notable con enormes costos en términos de bienestar social y pérdidas de libertades.

El portal especializado en economía y negocios, Banca y Negocios, publicó el 07 de junio de 2020 una nota titulada “SUNDDE realiza mesas de trabajo para regular los precios de los estacionamientos”, la cual recoge declaraciones de la máxima autoridad del ente administrativo-regulatorio que revelan el problema de Agencia que sufre la ciudadanía venezolana respecto a las erradas acciones regulatorias.

El máximo representante de la SUNDDE habría asegurado:

“En esta nueva etapa de la Sundde y la gestión de la ministra de Comercio Nacional y Superintendenta de la Sundde, decidimos buscar los mecanismos, no solamente de atender las denuncias, sino de convertir estas denuncias en un mecanismo de políticas públicas concertadas donde los usuarios y usuarias afectados, donde los denunciados en este caso, los propietarios de los estacionamientos, ya fueron citados hace 15 días, se les escuchó, se tomaron en cuenta las inquietudes y argumentos; así como se evaluó técnicamente sus estructuras de costos”.

La autoridad habría insistido en que la idea es establecer un método de concertación entre las partes para lograr el equilibrio necesario para poder estabilizar los precios de este servicio. Añadió que la Sundde trabaja en la elaboración de una providencia y las normas técnicas de este sector.

Crear “mesas de trabajo para concertar precios” desde el punto de vista normativo debería estar cuando menos fundado en la inexistencia o ausencia de mercados, inexistencia de oferentes de los bienes o servicios ante una falla de mercado que estos anticiparían y se abstendrían de entrar en el mercado (existencia de barreras de entrada al mercado), ante problemas para que las partes (oferentes y demandantes) lleguen a una negociación voluntaria aún cuando resultaría mutuamente beneficioso, entre otras fallas o barreras de los mercado. Es así como dicha “política pública” de llamar a “mesas de trabajo de concertación de precios” no es más que la sustitución del mercado y de las acciones libres por parte de cada uno de los agentes económicos involucrados (oferentes y demandantes) aún cuando podrían llegar voluntariamente a acuerdos sin intervención del Estado. 

Adicionalmente, sustituir al mercado como mecanismo de valoración social de los bienes y servicios debe encontrarse lo suficientemente fundado en fallas que impliquen destrucción de bienestar social. Pero en sectores donde los intercambios resultan mayoritariamente voluntarios (en consecuencia mutuamente beneficiosos tanto para oferentes como para demandantes) y en mercados potencialmente competitivos, dicha sustitución carece de asidero, implicando enormes riesgos en contra del bienestar social y las libertades.

Las empresas suelen incurrir en inversiones de acometida, muchas de naturaleza específicas que se transforman en barreras de entrada y de salida (en el último caso, en la medida que no impliquen costos hundidos) e incurren en costos incrementales para continuar atendiendo el mercado en el futuro. Las empresas tienen por naturaleza crear beneficios a sus accionistas en la medida que tienen éxito en el mercado lo que significa tener aceptación por parte de los consumidores al satisfacer sus gustos, preferencias y necesidades. Así las cosas la corresponsabilidad de costos por parte de usuarios vía tarifas o precios a través de relaciones voluntarias está garantizada, a la par de satisfacerse los incentivos a la oferta.

Es así como, los países suelen contar con leyes de contratos así como leyes de protección al consumidor que permitan por un lado alinear incentivos en favor de acuerdos voluntarios disuadiendo problemas de oportunismo ex ante y ex post, y que facilitar intercambios finales mutuamente beneficiosos. Asimismo, los países suelen contar con el derecho de defensa de la competencia para garantizar que la competencia en los mercados permitan justamente la determinación de precios socialmente eficientes a niveles que maximizan el bienestar social.

Los eventuales casos específicos, no generalizables, que requieran una conciliación no justifica una sustitución y/o conculcación completa de la soberanía del consumidor, los derechos y libertades de los oferentes y del mercado, mucho menos ante su riesgo de lesionar en términos netos al bienestar social (resultaría una absoluta contradicción).

La imposición de dichas mesas de trabajo, tal cual como se plantean (sustitutivas de derechos, libertades económicas y la economía de mercado), sin justificación previa, con un diseño e  instrumentalización ineficiente de controles de precios señalados como confiscatorios contra el sector privado, sin instancia jerárquica superior especializada que proteja a la sociedad de acciones públicas del Gobierno que condenan a las actividades de inversión, a las actividades económicas y al universo de intercambios voluntarios generadores de riqueza; evidencia un secuestro de las funciones públicas. Parece obvio que sin un cambio de gobierno no luce posible un cambio de dicho modelo económico que condena a la sociedad venezolana a la postración económica hoy y siempre.

 

 

 


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