COVID-19, “Neutralidad de la Red” y Venezuela
Escrito por Enrique González Porras   
Sábado, 21 de Marzo de 2020 18:19

altA propósito del aumento en el consumo de contenidos, datos y tráfico sobre sus redes, los operadores en el sector telecomunicaciones en Venezuela,

han llamado la atención sobre el uso consciente y eficiente de su infraestructura.

La pandemia COVID-19 y las medidas de cuarentena, han sacado a la luz pública, en una nueva ocasión, un tema que el sector de operadores de telecomunicaciones en Venezuela ha venido señalando desde hace varios años: la necesidad de que las tarifas de los servicios reflejen costos, entre ellos los de mantenimiento y ampliación de la red, así como corresponsabilidad por parte de los usuarios de la provisión de los servicios y la infraestructura.

Las medidas de cuarentena explicarían un incremento súbito en el consumo de datos y contenidos -y probablemente en menor medida de voz- por medio de las distintas plataformas y/o infraestructuras de red que lo intermedian y/o transmiten.

Sin embargo, destaca muy especialmente el consumo de contenidos a través de los OTTs, porque a diferencia del consumo audiovisual por medio de servicios de televisión por suscripción, no suele realizarse por medio de una oferta comercial empaquetada que cuenta con eventuales negociaciones entre el propietario de la señal y/o el contenido y el proveedor de la infraestructura de intermediación y/o transmisión. En el segundo caso, so pena que pueda ocurrir algún caso de “no cierre de negociación” por diferencias comerciales entre el propietario del contenido y el proveedor de la infraestructura, de existir poderes de negociación diferenciados entre las partes, ex ante, podrían convenir en una serie de equilibrios de cierre de contratos con una regla determinada de reparto del valor del consumo del contenido por parte del usuario en favor de ambas partes (en un extremo, que puede ser en favor del propietario del contenido si este fuese un insumo esencial, o en favor del proveedor de la infraestructura de red si esta fuese esencial, pudiendo presentarse contratos del tipo Take-It-Or-Leave-It, donde ambos participarían aún cuando la regla de reparto sea desigual en extremo). Adicionalmente, este tipo de contratos podría evitar, por un lado, problemas de doblemarginalización o un resultado no centralizado -situación en la cual se lesionaría el potencial beneficio que ambas parte podrían extraer del usuario-, y por el otro lado podría facilitar una discriminación de precios permitiendo diseñar menús y ofertas mejor adaptadas al perfil del usuario, incluso expandiendo la demanda atendida (por lo que podría ampliarse el bienestar social). Este funcionamiento centralizado permite poseer información sobre los usuarios a la par que permite una autoselección por parte de los usuarios.

En el caso del consumo de contenido por medio de los OTTs a través de Internet, la situación se asemejaría a una solución descentralizada, donde no se desarrollarían esquemas de oferta de autoselección y donde podría presentarse problemas de doblemarginalización de existir poder de mercado por parte del proveedor del contenido y del proveedor de la infraestructura.

Una situación de competencia por parte de estos últimos proveedores podría mitigar el riesgo comentado -en favor del usuario y del eventual monopolista del contenido-.

Es así como los proveedores de infraestructura se enfrentan al reto de proveer infraestructura en favor de aquellos que proveen contenido de alto valor, teniendo incentivos para intentar capturar parte de la renta producto de la valoración del contenido “premium” por parte del usuario (sin que ello signifique que efectivamente puedan lograr extraer rentas si su estadio de valor se encuentra sometido a competencia ínter-marca y/o ínter-infraestructura). Esto explica parte de estrategias de consolidación así como ofertas de Zero rating sobre contenido o Apps no propias.

Parte de la discusión alrededor del “principio” de neutralidad de la red se basa en permitir o no una discriminación por parte del proveedor de la infraestructura al consumo de datos y contenidos dependiendo de la valoración por parte del usuario sobre el contenido para eventualmente recuperar más fácilmente costos conjuntos en inversión de la red y crear incentivos en favor de nuevas inversiones e innovaciones al respecto.

Ahora bien, el caso venezolano, es cuando menos inverosímil.

El error de política pública de un “congelamiento” de tarifas se evidencia en el hecho que podrían existir numerosos y suficientes usuarios dispuestos a pagar la ampliación de la capacidad de la red, así como la suscripción a proveedores de contenidos OTTs, lo que redundaría en un mayor bienestar social. Lo anterior significa que un ajuste de tarifas no tiene por qué implicar lesión al usuario, en la medida que esto implique el mantenimiento y ampliación de la red, de su capacidad y la posibilidad de consumir mayor cantidad y calidad de contenidos.

En un extremo, un congelamiento de tarifas lesiona a todos, incluso al OTT proveedor de contenidos al no poder contar con una infraestructura y su capacidad para ofrecer sus servicios a los suscriptores y/o potenciales suscriptores.

La evidencia resulta lapidaría respecto a la ausencia de interés e incentivos por parte de la administración pública para desarrollar espacios de análisis y seguimiento regulatorio, que le garantice a la sociedad mejores políticas públicas.

Sin embargo, no menos sorprendente lo constituye el hecho que en el sector privado en general y gremial empresarial dicha experticia y análisis brillan por su ausencia. Puede que esto último explique y sea parte del problema en Venezuela.

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